El Gobierno va a poner en marcha un nuevo Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo (MSE) que complementará a los ERTE en el marco regulatorio laboral y que permitirá a las empresas reducir la jornada de sus trabajadores cuando vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad por razones imprevisibles e involuntarias. Y para financiarlo va a crear un fondo que se nutrirá de las aportaciones que abonen al Tesoro Público las grandes empresas que hagan despidos colectivos que afecten a mayores de 50 años. Así consta en el borrador de la reforma laboral que el Ministerio de Trabajo está debatiendo en la mesa de diálogo social con la patronal y los sindicatos y así se lo ha trasladado el Ejecutivo a la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que acaba de aprobar.
Es la conocida como 'enmienda Telefónica', porque tiene su origen en las prejubilaciones masivas que la compañía realizó en 2011 y que acabaron afectando a más de 6.500 personas. El ajuste se produjo después de que la empresa anunciase beneficios de 10.000 millones de euros. En la reforma de las pensiones de aquel año se introdujo una norma, modificada después por el Gobierno de Mariano Rajoy, por la que las empresas o grupos de empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que hayan incluido a trabajadores mayores de 50 años están obligadas a efectuar aportaciones económicas al Tesoro en compensación por el coste extra en prestaciones y subsidios por desempleo. Fue una fórmula para intentar que las arcas públicas saliesen indemnes de las 'prejubilaciones de oro'.
El procedimiento administrativo para la reclamación de los importes a las compañías comenzó en 2013 y, desde entonces, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha exigido a más de medio centenar de empresas una factura millonaria de la que en estos momentos las compañías todavía adeudan unos 150 millones de euros. Son datos extraídos del último Informe Anual del Sepe, relativo a 2019, donde consta que hasta ese ejercicio previo a la pandemia se han reclamado a un total de 61 empresas las aportaciones económicas correspondientes a las prestaciones abonadas a 19.404 trabajadores, por valor de 560 millones de euros, de los cuales se han ingresado solo 410 millones.
En el listado aparecen desde la compañía por la que se bautizó esta penalización a las mal llamadas 'prejubilaciones' (Telefónica) hasta otros gigantes del Ibex 35 como Banco Santander, por los despidos colectivos ejecutados en los años 2013, 2016, 2017 y 2019, en los que perdieron su empleo 5.869 trabajadores, muchos de ellos mayores de 50 años; la antigua Caixabank o Iberia (IAG). También hay firmas ahora en boga por la crisis sanitaria como la farmacéutica Pfizer o compañías de telecomunicaciones como Vodafone. Además, hay otro listado de otras 22 empresas que se encuentran en proceso de reclamación por los sucesivos despidos colectivos que han ido efectuando en los últimos años, entre las que destacan la vieja Bankia, Indra, Orange, Peugeot o Seat, además del Grupo AstraZeneca.
Pero la 'hucha' generada por las aportaciones de estas compañías al Tesoro no es el único recurso del que va a tirar el Gobierno para financiar el nuevo Mecanismo de Estabilidad en el Empleo. Según consta en la documentación remitida a Bruselas y a los agentes sociales, el fondo también se dotará del excedente de cotizaciones sociales que se genere en épocas de bonanza, entre los ingresos por las cuotas de desempleo y el pago de prestaciones. Y otra de las fuentes de financiación en el corto plazo serán los fondos europeos, tanto los provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como los del conocido como 'SURE', el fondo específico para financiar los ERTE. Asimismo, se contemplan tanto la utilización de los recursos de un eventual seguro de desempleo que se cree a nivel europeo como aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
Ese es el esquema de financiación que ha diseñado el Ministerio de Trabajo, en coordinación con los departamentos del área económica del Gobierno, para los nuevos ERTE pospandemia. En realidad, se trata de un nuevo mecanismo que va a convivir con los expedientes de regulación temporal de empleo tradicionales, si bien va a incorporar ese espíritu de cofinanciación que ha inspirado el diseño de los ERTE Covid y que tan bien ha resultado a efectos de sostener el empleo ante caídas abruptas de la actividad como la sufrida a causa de la pandemia. En el borrador de la reforma laboral se establece que el tanto el nuevo mecanismo como el fondo de financiación serán desarrollados en un reglamento posterior en el plazo de seis meses desde que se publique la norma en el BOE.
Mantenimiento del empleo
El nuevo MSE, cuyos detalles todavía dependen del resultado de la negociación con los agentes sociales, se había planteado en borradores iniciales como alternativa preferente al despido: "El Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo será preferente frente a las extinciones por causa económica, técnica, organizativa o de producción, debiendo la empresa motivar suficientemente en el caso de extinción por estas causas que el mecanismo del presente precepto es inviable para resolver de modo proporcionado y razonable la situación en la que se encuentra la empresa", rezaban versiones anteriores del texto. Ese párrafo, sin embargo, ha desaparecido del borrador, en un intento del Ministerio de Trabajo de atraer a la patronal a un eventual acuerdo en la mesa de diálogo social.
Lo que sí se mantiene, en cualquier caso, es la cláusula que exigirá a las compañías que recurran a esta herramienta de flexibilidad interna un compromiso de mantenimiento del empleo (similar al que opera en los actuales ERTE) para blindar las plantillas en las empresas que reciban ayudas públicas para sus procesos de ajuste temporales. Es decir, que si una empresa que se vea afectada por algún tipo de limitación de la actividad acude al MSE para reducir la jornada de parte o de toda la plantilla, no podrá despedir a los trabajadores afectados durante un periodo de tiempo aún por determinar. En la actualidad, los ERTE tienen un compromiso de mantenimiento del empleo de seis meses y las empresas que lo incumplen están obligadas a devolver las exoneraciones de cotizaciones percibidas.
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