Racionalización del uso de edificios

El Gobierno plantea el cierre de oficinas públicas para reducir el consumo de luz

El Ejecutivo negociará con los sindicatos la clausura temporal de edificios de la administración general del Estado. El plan de ahorro no afectaría, en un principio, a los centros de trabajo que dependen de las CCAA.

María Jesús Montero
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Europa Press

El Gobierno ha propuesto a los sindicatos el cierre temporal de algunas oficinas públicas para ahorrar en consumo energético. Esta medida forma parte del Plan de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado que el Consejo de Ministros aprobó a finales de marzo, pero que el Ejecutivo todavía tiene que negociar con los sindicatos. Según ha podido saber este periódico, la clausura de ciertos centros de trabajo, "igual que se hizo durante el confinamiento", sería una de las ideas que Moncloa ha trasladado en las conversaciones iniciales con los representantes de los trabajadores. En un primer momento, este Plan solo afectaría a la administración general del Estado, por lo que los edificios públicos que dependen de las comunidades autónomas no se verían afectados.

Moncloa defiende que "la Administración debe adoptar un papel protagonista, aprobando un instrumento que fomente el ahorro y la eficiencia energética para la Administración General del Estado" y, por ello, abre la puerta, "con medidas de racionalización del uso de los edificios administrativos y sus instalaciones", a que este plan contribuya "al ahorro energético". En cualquier caso, se trataría de instalaciones cuyo cierre no afecte a la atención al ciudadano. Las mismas fuentes explican que otra de las iniciativas que estudia el Gobierno es el fomento del transporte público entre los funcionarios, aunque no ha trascendido de qué forma se pretende hacer esto.

El objetivo es el de conseguir "ahorros sustanciales en la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país". Y es que el incremento de los precios de la energía no solo se nota en el bolsillo de los ciudadanos, sino también en las arcas públicas. Además, en varias ocasiones, desde la Secretaría de Estado de Energía se ha manifestado que el Plan puesto en marcha como consecuencia de la guerra de Ucrania no puede ignorar la seguridad y garantía de suministro. Un mensaje que encaja con este Plan de ahorro y eficiencia energética.

Fuentes sindicales añaden que estas ideas se deslizaron en la reunión que mantuvieron con el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital antes de que viera la luz el Plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Sin embargo, añaden que no han tenido más noticias al respecto y están a la espera de una reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) en la que se concreten cuáles son las propuestas para el ahorro energético en el seno de la administración estatal. Señalan también, que el plan podría extenderse al resto de administraciones -autonómicas y locales- una vez se apruebe para la AGE, si así lo deciden los gobiernos correspondientes.

Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, no dan una fecha aproximada de la próxima reunión de la mesa en la que se deberán negociar estas medidas y los sindicatos afirman que siguen esperando la llamada para cerrar una cita en las agendas. Sobre las iniciativas que planteará el Gobierno, fuentes de Hacienda confirman que podrían ir en la línea del cierre de oficinas y el impulso del transporte público, pero añaden que se siguen estudiando varias propuestas y siguen trabajando en la definición del Plan. 

Teletrabajo 

Las voces consultadas apuntan a que las "fórmulas organizativas" que estudia el Ejecutivo pasarían por establecer el teletrabajo, como avanzó eldiario.es, para poder mantener cerradas instalaciones en las que trabajan funcionarios que no atienden al público y así, ahorrar en consumos energéticos, especialmente en la factura eléctrica. Sin embargo, el teletrabajo en la administración pública es una de las tareas pendientes del departamento que dirige María Jesús Montero y, especialmente, de la Función Pública. Aunque el acuerdo entre el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores se firmó hace exactamente un año, este pacto no se ha trasladado en una norma que permita su entrada en vigor.

El calendario ha avanzado y el real decreto que fije que los empleados públicos podrán teletrabajar de forma voluntaria hasta tres días a la semana todavía no ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque la intención de Montero era, inicialmente, que estuviera antes de terminar 2021. No obstante, no todos los puestos pueden desarrollarse en esta modalidad y, por este motivo, el acuerdo entre sindicatos y el Ministerio de Función Pública recogía que cada ministerio u organismo público debería realizar un estudio previo de los puestos que podrían desempeñarse a distancia, una vez se hubiera redactado la norma.

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