Golpe fiscal al ahorro

El Gobierno plantea bajar la reducción a planes de pensiones de 8.000 a 2.000 €

La propuesta persigue alinear el incentivo fiscal a la aportación media que se observa en el IRPF y reducir el gasto que supone para las arcas públicas a costa de las rentas más altas.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, junto a la ministra de Hacienda
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, junto a la ministra de Hacienda
EFE

El Gobierno ultima un severo tijeretazo al discutido beneficio fiscal que permite a los contribuyentes no pagar Impuesto sobre la Renta (IRPF) por la parte de sus rendimientos del trabajo que destinen cada ejercicio a dotar un plan privado de pensiones. Tras varias semanas de tiras y aflojas en los que incluso se ha llegado a plantear la supresión total de este incentivo, los negociadores de los dos partidos de la coalición de Gobierno - PSOE y Unidas Podemos - han alcanzado un principio de acuerdo en torno a la idea de recortar la reducción en el IRPF de la que disfrutan las aportaciones a planes de pensiones desde los 8.000 euros en los que se encuentra en la actualidad a solo 2.000 euros al año, según confirman a La Información fuentes conocedoras de las negociaciones en el seno del Ejecutivo.

Según estas mismas fuentes, ésta es la propuesta que el Gobierno tiene previsto llevar a su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, si bien advierten de que éste será uno de los puntos de su reforma fiscal que estará abierto a una potencial negociación y a eventuales modificaciones en la tramitación parlamentaria del proyecto. Explican que en el Ministerio de Hacienda son conscientes del rechazo que la medida puede despertar en alguno de los partidos llamados a respaldar los Presupuestos del Gobierno, como el PNV y algunas otras formaciones nacionalistas y regionalistas de corte más conservador, y también de la oposición frontal que tendrá desde el banco empresarial, especialmente desde las poderosas patronales del seguro, Unespa, cuya presidenta, Pilar González de Frutos, es vicepresidenta de CEOE; y de los sociedades de inversion colectiva, Inverco; y señalan que casi se da por descontado que el umbral acabará finalmente en el entorno de los 4.000 euros al año.

A la espera de lo que pueda ocurrir en esas futuras negociaciones, el Gobierno ha optado por ajustar su propuesta inicial a una realidad estadística: la que señala que la aportación media de los contribuyentes que se benefician de esa reducción en el IRPF a los planes de pensiones se sitúa en 1.767 euros - según se refleja en la última estadística oficial disponible del Impuesto sobre la Renta, que se corresponde a las declaraciones fiscales por el ejercicio de 2018-, muy por debajo del umbral actual de 8.000 euros definido en la norma.

Según la información oficial que año tras año proporciona la Agencia Tributaria, el 76,5% de los contribuyentes que se beneficia de la reducción dispuesta para los planes de pensiones realiza aportaciones anuales inferiores a esos 2.000 euros que el Ejecutivo pretende instalar como nuevo umbral. Si el mismo se ampliara hasta 4.000 euros, el porcentaje de contribuyentes al que alcanzaría superaría ya el 91%. Sin embargo, el 66% del coste para las arcas públicas de ese beneficio fiscal se concentra en las aportaciones que realizan las rentas más altas. Según los cálculos realizados por la Airef en su 'spending review', de los 1.643 millones de euros de coste presupuestario anual que tiene el incentivo, 1.084 millones están vinculados a las aportaciones de las rentas más altas.

A esos datos se engancha el Ejecutivo para actuar contra un beneficio fiscal sobre el que pesa la sospecha de que beneficia únicamente a las rentas más altas. Y ése precisamente es el argumento que se ha esgrimido desde el área de Unidas Podemos para plantear su eliminación total, pero también el que se ha utilizado en no pocas ocasiones por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para ponerlo en el punto de mira de una futura reforma fiscal. Hace poco más de una semana, el ministro Escrivá volvió a poner la reducción fiscal a las aportaciones a planes de pensiones en el punto de mira en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, para plantear una recomposición del incentivo en orden a reducir los beneficios a las aportaciones a planes individuales para reorientarlos hacia los planes de pensiones en el ámbito de empresa, cuyo impulso el Pacto de Toledo va a recomendar y que el Ejecutivo quiere 'vestir' con un decidido apoyo fiscal.

¿Una ventaja fiscal para las rentas más altas?

Pero, ¿beneficia realmente este incentivo fiscal a las rentas más altas? El trabajo de evaluación de los beneficios del sistema fiscal realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a lo largo del último año y medio y presentado el pasado mes de julio pone en duda ese argumento. La evaluación de Airef concluye, en efecto, que dos de cada tres euros del coste presupuestario de este beneficio acaban en los bolsillos de las rentas más altas, pese a que el 90% de los contribuyentes realizan aportaciones más bien modestas que no superan los 4.000 euros al año (ago menos de 35 euros al mes).

Sin embargo, el informe de Airef no concluye que este incentivo fiscal suponga un beneficio para las rentas más altas, bien al contrario subraya que solo genera un ahorro fiscal real para las rentas bajas y que en el caso de las rentas altas no pasa más allá de ser un mecanismo de diferimiento de las obligaciones fiscales. Esto es así porque la percepción de las aportaciones realizadas a lo largo de la vida laboral - que disfrutan de la reducción en cuestión- tras el momento de la jubilación tributan como una renta del trabajo y se les aplica por tanto el tipo marginal que es más alto cuanto mayor son las rentas y que puede ser hasta del 45% si esos rendimientos superan los 60.000 euros al año.

De hecho, los cálculos de la Autoridad Fiscal estiman que pese a que el gasto presupuestario anual asociado a ese incentivo fiscal es de 1.643 millones de euros, el coste fiscal real es de apenas 450 millones, ya que la inmensa mayoría de esa factura se recupera en forma de impuestos en el momento en que los beneficiarios de esa reducción comienzan a percibir las cantidades aportadas en su día a los planes de pensiones, por las que tienen la obligación de tributar. Dicho de otro modo, las rentas más altas son las que más se benefician del diferimiento fiscal que permite la reducción a los planes de pensiones, pero serían las rentas más bajas las que sacan mayor partido del beneficio fiscal real que plantea el sistema de incentivos al ahorro en planes de pensiones.

Un reciente estudio publicado por el Instituto de Estudios Económicos con el respaldo de las dos grandes patronales del sector del ahorro privado, Unespa e Inverco, recalcaba esta situación y advertía de que una reducción drástica de la reducción fiscal por aportaciones a planes de pensiones - como la que plantea el Gobierno - podría derivar en una situación de doble imposición fiscal, ya que forzaría a los contribuyentes a tributar en el momento de la aportación y también en el momento del rescate.

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