El Gobierno socialista en funciones no está dispuesto a resignarse a la inacción solo porque el intento para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez haya resultado fallido. Durante todas estas semanas, y en paralelo a las negociaciones políticas con Unidas Podemos para configurar un Gobierno de cooperación, los altos cargos en funciones de los ministerios económicos han continuado los contactos con los agentes sociales para engrasar las primeras iniciativas de política económica de la legislatura y, según confirman fuentes sindicales, también han perfilado un 'plan B' por si hubiera nuevas elecciones.
Ese 'plan B' se desarrollaría entre septiembre y octubre y supondría una reedición de los controvertidos 'viernes sociales', que el Gobierno de Pedro Sánchez exprimió en vísperas de las elecciones municipales, autonómicas y generales de la primera mitad del año para sacar adelante parte de las medidas cuya aplicación había previsto el Ejecutivo y poner en el escaparate su 'agenda social'.
Entonces, aquel impulso sirvió para sacar adelante seis reales decretos-ley en los que se aprobaron asuntos como las medidas de contingencia en previsión de un 'Brexit duro', la oferta pública de empleo, la implantación del registro horario obligatorio, la reimplantación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años o las nuevas medidas de apoyo para el acceso de los jóvenes a las viviendas de alquiler. Si bien hubo otras que se quedaron en el tintero por la falta de respaldo parlamentario para convalidar las medidas en la Diputación Permanente, principalmente en todo lo relacionado con la reversión de la reforma laboral.
El episodio abrió una crisis en la relación del Gobierno con los sindicatos, ya que Moncloa se había comprometido con UGT y CCOO a revertir los pasajes más dañinos de la reforma laboral con o sin el apoyo de CEOE, lo que tanto una como otra plataforma afearon después en público al Ejecutivo. El Gobierno se escudó entonces en la falta de apoyo parlamentario para sacar adelante esa contrarreforma laboral, aunque también había presiones internas para no hacerla, principalmente desde el Ministerio de Economía, pero ahora sí parece dispuesto a dar algún paso más en esa dirección haya investidura de Sánchez o no, según confirman las fuentes consultadas.
Retoques en la reforma laboral, medidas fiscales, igualdad...
El Gobierno se ha comprometido con los sindicatos a introducir en septiembre algún retoque vía real decreto ley en la reforma laboral que aprobó el PP en 2012 si de los contactos en las próximas semanas no sale un acuerdo para la investidura de Sánchez. "Nos han trasladado que aprobarán alguna medida para atacar la temporalidad en el empleo y que también abordarán alguna de las cuestiones que quedaron pendientes sobre la reforma laboral", señala una fuente sindical.
No fueron pocas las cuestiones que quedaron pendientes. El Ministerio de Trabajo que dirige Magdalena Valerio tuvo que conformarse con la implantación del Registro Horario Obligatorio en las empresas y aparcar su intención de regular la ultraactividad de los convenios colectivos, la subcontratación en las empresas, la regulación de los expedientes de empleo o la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa ante la posibilidad de que la Diputación Permanente tumbara el decreto en su totalidad.
No será el único ámbito en el que se actúe. Fuentes del diálogo social confirman que el Gobierno ya ha deslizado en ese foro que tiene intención de retomar algunas de las medidas en materia de igualdad y conciliación de la vida familiar y personal que renunció o no pudo incluir en sus reales decretos ley de la pasada primavera, y que con un mayor peso parlamentario está dispuesto a hacerlo el próximo otoño si el escenario político impide la configuración de un nuevo Gobierno socialista con la actual distribución en el hemiciclo.
El colectivo de los autónomos será otro de los 'target' a los que se dirigirá esa segunda ronda de 'viernes sociales' si el Congreso no sanciona la Presidencia de Pedro Sánchez antes de la finalización del periodo para constituir un Gobierno, el próximo 23 de septiembre. En primavera quedó pendiente tanto la aprobación del régimen de cotización de los trabajadores por cuenta propia en función de sus ingresos como otra serie de ajustes en su marco laboral y fiscal para resolver algunas distorsiones que se pusieron de manifiesto tras la entrada en vigor de la Ley de Autónomos aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, a instancia de Ciudadanos.
El Ministerio de Hacienda rechaza que se esté trabajando en ningún paquete de medidas fiscales de cara al próximo otoño, pero desde el sindicato UPTA, por ejemplo, se asegura que hay un compromiso tácito con Hacienda para mejorar la regulación de las deducciones fiscales a los autónomos para que éstos puedan beneficiarse de manera efectiva del ramillete de ayudas previstas en la ley, pero inaplicables en la práctica.
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