La ley regional contó con el apoyo del PP

El Gobierno vigila las cuentas vascas y Erkoreka avisa de flaco favor a los PGE

El Ejecutivo de Mariano Rajoy cree que el incremento salarial del 1,5% para los funcionarios autonómicos supone una "extralimitación" competencial.

El diputado Josu Erkoreka será portavoz y consejero de Justicia del Gobierno Vasco
Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco.

El Gobierno central ha iniciado un procedimiento ante la Comisión bilateral con el País Vasco para resolver las divergencias que ambos ejecutivos mantienen en relación al incremento salarial del 1,5% a los funcionarios vascos. El Ejecutivo regional ha anunciado que el Gabinete de Mariano Rajoy le ha comunicado su intención de presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos de Euskadi de 2018, al considerar que el incremento salarial para los funcionarios que contempla esa norma supone una "extralimitación" competencial, según ha explicado el portavoz autonómico, Josu Erkoreka, quien ha advertido al gabinete de Mariano Rajoy de que esa "amenaza" no "favorece" la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado

Erkoreka ha informado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, de que el Ejecutivo español ha comunicado al gabinete de Iñigo Urkullu su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos de Euskadi de 2018. Fuentes del Gobierno central, que ha impugnado distintos aspectos de otras seis leyes presupuestarias autonómicas, han recordado que el 21 de marzo se firmó el acuerdo  para iniciar negociaciones para "resolver las discrepancias" entre ambas administraciones.

El motivo del recurso, cuya formalización se podría evitar si los Gobiernos central y vasco llegan a un acuerdo en los próximos meses en el seno de la comisión bilateral de cooperación, es la presunta "extralimitación competencial" de algunas previsiones recogidas en los artículos 19 y 20 de la Ley vasca para este año. La norma fue aprobada gracias al acuerdo alcanzado con el PP, cuya abstención propició la aprobación de las cuentas en el Parlamento autonómico. 

Protesta institucional

l Ejecutivo autonómico realizará "la más enérgica protesta institucional" ante esta "nueva amenaza". Erkoreka ha denunciado que, "una vez más, el Gobierno español abusa y se extralimita de manera desproporcionada" en el ejercicio de sus funciones. De hecho, ha censurado que el Ejecutivo del PP "desconoce e ignora olímpicamente" el Estatuto de Gernika.

Por otra parte, ha explicado que el anuncio de este recurso es aún más "incomprensible" si se tiene en cuenta que hace apenas 15 días el Gobierno central acordó con los sindicatos un incremento retributivo para el periodo 2018-2020 de un 8% en los tres próximos años. Dicho pacto, ha añadido Erkoreka, fue calificado de "histórico" y "difundido a los cuatro vientos" por el propio Gobierno español, que en ese mismo acuerdo "asumía" un incremento salarial del 1,5% para este año. Esta cifra, según ha precisado Erkoreka, es "exactamente la misma" que la contemplada en los Presupuestos de Euskadi de 2018.

Reducir discrepancias

El plazo legal para que se pueda lograr un acuerdo en la comisión bilateral es de seis meses. Transcurrido ese tiempo, se oficializará el recurso ante el Tribunal Constitucional. Erkoreka ha querido "disociar" este anuncio de recurso por parte del gabinete de Mariano Rajoy de un posible acto de "venganza" por parte del PP ante el rechazo del PNV a apoyar los PGE, si no se desactiva antes la intervención de Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución. En todo caso, ha advertido de que, "en la medida que el Gobierno central pueda tener la pretensión de crear un clima de confianza, amistad e interlocución, favorecedora de acuerdos, con esta amenaza en absoluto se favorece un clima de entendimiento y comprensión". Con todo, el portavoz ha tildado esta "amenaza" de "un paso atrás" en el "entendimiento" entre los Gobiernos central y vasco y ha recordado que el PNV ha dicho de forma "clara e inequívoca" que "ni tan siquiera contempla la posibilidad de iniciar la negociación" de los PGE, si no se desactiva el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

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