Plan de Recuperación

El Gobierno tirará de préstamos de la UE para financiar el nuevo sistema de ERTE

El Ejecutivo recurrirá a los créditos europeos para costear el despliegue del mecanismo estructural desde 2022. También cubrirá el fondo Cofides de capitalización de empresas y el Next Tech para escalar startups.

La vicepresidenta Calviño charla con el presidente Sánchez en el hemiciclo del Congreso
El Gobierno tirará de créditos europeos para financiar el nuevo sistema de ERTE
EFE

El Gobierno va a tener que tirar de los préstamos europeos antes de lo previsto. Si a finales del año pasado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defendía la prioridad de invertir los 70.000 millones de euros que le corresponden a España en transferencias directas -dinero a fondo perdido- en el periodo 2021-2023, ahora la estrategia pasa por empezar a recurrir a los créditos -la parte del paquete de ayudas que habrá que devolver- ya en 2022. Así consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Ejecutivo va a comprometer con Bruselas, donde se especifica que esos préstamos se utilizarán para financiar la puesta en marcha de un fondo para sufragar el nuevo esquema estructural de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se va a desplegar a partir de este año como mecanismo de ajuste interno en las empresas alternativo al despido.

El plan prevé la creación de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, tanto de carácter transitorio (ante caídas de demanda significativas) como estructural (ante procesos de reconversión sectorial que exijan la adaptación de los trabajadores o la transición hacia otro tipo de trabajos o sectores). El Gobierno argumenta que, sobre la base de la experiencia del mecanismo de ERTE aplicado durante la pandemia, se trata de disponer de un instrumento permanente de ajuste interno para las empresas, alternativo a la elevada temporalidad y al desempleo, que actúe como amortiguador de la extremada volatilidad del mercado laboral y se oriente a la formación y recualificación de los trabajadores, asegurando un marco macroeconómico más estable y aumentando el capital humano y, con ello, el crecimiento potencial.

El Ejecutivo plantea, en este nuevo esquema estructural que se pondrá en marcha en 2022, crear un fondo tripartito entre Estado, empresas y trabajadores para financiar las prestaciones y la compensación de las cotizaciones de los empleados en ERTE. A falta de definir la configuración de ese fondo, el Gobierno revela en la hoja de ruta que dibuja a las autoridades europeas su intención de acudir a los préstamos del Next Generation para sufragar la parte de financiación pública del que se presenta como "uno de los elementos principales de la reforma en el ámbito laboral". Sin cifrar el coste de la medida, en el plan se avanza que, "con el fin de apoyar esta reforma, inspirada en los modelos existentes en otros países europeos, se prevé recurrir a los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a partir de 2022 para financiar el componente público de dicho Fondo".

El Gobierno adelanta que la activación de los préstamos se irá realizando en paralelo con las transferencias durante el periodo 2021-2026 y explica que, a corto plazo, se movilizarán créditos sobre todo para financiar instrumentos cuyas necesidades no puedan ser establecidas ex ante. Por ejemplo, es el caso del fondo Next Tech para escalar empresas innovadoras en el ámbito de la Inteligencia Artificial, del fondo Cofides de 1.000 millones de euros para la recapitalización de empresas o de la línea de 3.000 millones de euros para que el ICO pueda acompañar procesos de restructuración financiera y refuerzo de solvencia. Esos son algunos de los instrumentos que el Ejecutivo pretende financiar con préstamos, además del mecanismo permanente de ERTE, denominado "de estabilidad en el empleo y apoyo a la transición en sectores afectados por una alta estacionalidad o bien que sufran una caída significativa de la demanda, de carácter cíclico o estructural".

El documento deja claro que, de acuerdo con el calendario previsto de necesidades para los instrumentos financieros creados por el Plan, "no se prevé recurrir a los créditos durante 2021". Es a partir de 2022 cuando se ha fijado un calendario semestral de hitos para movilizar los correspondientes pagos de transferencias hasta completar los 70.000 millones de euros en el último abono correspondiente a 2023. "Estas solicitudes serán completadas por la movilización de los créditos, para cubrir las necesidades de los instrumentos financieros y de la financiación pública del nuevo fondo para el mecanismo permanente de estabilidad en el empleo y apoyo a la transición, de acuerdo con un calendario que deberá ser articulado entre la Comisión Europea y el Tesoro del Reino de España con el fin de optimizar los costes de financiación del conjunto de la Unión", establece el texto.

Hay que recordar, en cualquier caso, que España ya se ha endeudado con Europa para pagar los ERTE. En concreto, hasta la fecha ha recibido casi 18.000 millones de euros a cargo del instrumento SURE, que fue creado para que los Estados miembros pusieran en marcha este tipo de sistemas para evitar despidos masivos a raíz de la pandemia, así como las prestaciones de los trabajadores autónomos, y que contemplaba un crédito total para España de 21.300 millones de euros. Eso sí, el instrumento ha sido notablemente ventajoso, ya que nuestro país ha conseguido ahorrarse por ahora cerca de 900 millones de euros en el pago de intereses, de acuerdo con un informe preliminar de la Comisión Europea en el que hace balance del tiempo de vida de este fondo desde su puesta en marcha a principios de la crisis.

Independientemente de su financiación, este mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas que pretende desplegarse como alternativa al despido, dando prioridad a la reducción de jornada y la suspensión de contrato, tendrá que negociarse en cualquier caso en la mesa de diálogo social. Pero antes, el Gobierno tendrá que determinar con la patronal y los sindicatos las condiciones de la nueva prórroga de los ERTE, ya que el esquema actual caduca el próximo 31 de mayo. La continuidad del mecanismo está garantizada, pero no está claro si se mantendrá el nivel de exoneraciones de cotizaciones actual o habrá modificaciones. El Ministerio de Trabajo es partidario de mantener el esquema en condiciones similares a las actuales, mientras Economía y Seguridad Social plantean incentivar la reactivación de plantillas con mayores bonificaciones. El Plan deja claro que "se establecerá un mecanismo transitorio de ERTE hasta finales de 2021 que impulse la reincorporación de los trabajadores".

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