Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para el diseño del gobierno de coalición están muy avanzadas. Tanto es así que Sánchez e Iglesias ya han cerrado el núcleo duro del Ejecutivo conjunto y han acordado una estructura en la que el líder socialista ha blindado la economía para los suyos. Para ello, se ha abierto a ceder a sus socios el Ministerio de Trabajo, pero con la condición de que la Seguridad Social deje de depender de la cartera que ahora dirige Magdalena Valerio, de manera que el PSOE conserve el control de las pensiones. Según fuentes cercanas a las conversaciones, este movimiento ha provocado una pugna entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Hacienda, María Jesús Montero, por gestionar este departamento en el futuro gobierno.
Las fuentes consultadas por La Información aseguran que la posibilidad de que la Seguridad Social se desgaje del Ministerio de Trabajo –algo que solo ocurrió durante el Gobierno de Adolfo Suárez, en los años 70, cuando dependía de Sanidad– ha provocado un cisma dentro del propio Ejecutivo en funciones y antes incluso de formar el siguiente. En concreto, entre Calviño y Montero. Porque ambas, desde sus respectivos departamentos, aspiran a administrar los 154.000 millones de euros anuales que suponen las pensiones públicas (más del 40% de los Presupuestos Generales del Estado).
Como se explicó recientemente, la eventual separación de estas áreas podría ejecutarse mediante la creación de un organismo independiente para la Seguridad Social, bajo la forma de una Agencia Estatal, o bien haciendo depender la secretaría de Estado del ramo de otro ministerio distinto a Trabajo, despojando así a Iglesias de estos poderes. Y aquí es donde entran en juego Economía y Hacienda. La opción de Montero sería la más funcional, desde el punto de vista de la unificación del presupuesto consolidado del Estado y la Seguridad Social; si bien hacer depender las pensiones de Economía sería un movimiento estratégico de Sánchez para dar galones a su vicepresidenta económica.
Todo apunta, por tanto, a que será el Ministerio de Economía el que se encargue de gestionar la Seguridad Social, según las fuentes consultadas. La propia Calviño ha dejado claro esta semana desde Berlín, donde ha asistido al Foro de Gobernanza Digital, que la coordinación de la política económica corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por el Ministerio de Economía. Y que al elevar el rango de su departamento a una vicepresidencia, lo que transmite el presidente en funciones es "un mensaje muy claro de reforzar la posición central y de coordinación".
Con estas palabras la ministra también lanzaba un claro mensaje a Iglesias: la economía la controla ella. Calviño empieza así a marcar distancias con el que será su homólogo en el área social como vicepresidente del eventual gobierno de coalición. El líder morado no ha ocultado su rechazo a algunos planteamientos de la actual ministra en funciones, como la implantación de la mochila austriaca, que provocó sus críticas por considerar que implica el despido gratuito.
En Podemos consideran el ascenso de Calviño un giro a la derecha de los socialistas y un guiño a los poderes económicos. Así las cosas, la convivencia entre ambos en la cúpula del gobierno se prevé, cuando menos, tensa. Los de Iglesias prefieren a Montero antes que a Calviño. No en vano, con ella negociaron directamente los Presupuestos para 2019, que acabaron fracasando en el Congreso por el rechazo de los independentistas catalanes. En el partido destacan la buena relación con la actual ministra de Hacienda y sus dotes para la negociación.
Hasta cuatro ministerios
Trabajo es uno de los ministerios que Sánchez ha cedido a Podemos, junto con Igualdad y Universidades, además de la vicepresidencia de Iglesias y a la espera de confirmar una cuarta cartera, tal y como confirman fuentes conocedoras de la negociación en curso, que matizan, no obstante, que todo es susceptible de variar en cualquier momento. El departamento que por ahora dirige Magdalena Valerio podría pasar a manos de Yolanda Díaz, la ministrable de la formación morada que aparece en todas las quinielas. Es portavoz de la confluencia gallega y militante de IU, y forma parte del círculo de confianza de Iglesias.
Este traspaso dejaría fuera a Valerio. Una opción que no gusta a los agentes sociales. Los sindicatos defienden que es una buena ministra, con la que han mantenido una relación fluida. Aunque no olvidan que incumplió su promesa de derogar la reforma laboral del PP, le reconocen logros como la implantación del registro horario obligatorio en las empresas o la recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Consideran, además, que le quedan deberes por hacer.
Menos gusta esta opción a la CEOE, donde catalogan la posible salida de Valerio del Ministerio como "un drama de primera magnitud". Sobre todo porque implica la entrada de un titular de Podemos, algo que ya trataron de evitar a toda costa durante las negociaciones tras las elecciones del 28 de abril. Ahora, los empresarios redoblan la presión sobre Sánchez y le piden que conserve no solo Trabajo, sino también Hacienda y Transición Ecológica, los ministerios económicos encargados de pilotar las grandes reformas que se esperan en la próxima legislatura.
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