A la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le costó cerca de media hora de intervención y varias preguntas de periodistas aproximar la cifra que todos estaban esperando: la del número de afectados por los ERTE derivados del coronavirus. Los datos difundidos a primera hora de la mañana por Trabajo y la Seguridad Social reducían su incidencia a unos 150.000 trabajadores, en el caso de los datos de paro registrado en las oficinas del SEPE, y a algo más de 250.000, según los recabados en las oficinas de la Seguridad Social.
Resultaba evidente que esos datos no se correspondían con la realidad detectada por los agentes sociales, que en los últimos días han elevado públicamente ese perímetro de afectados a un entorno de entre dos y tres millones, ni por el propio Ministerio de Trabajo, que en las reuniones con empresarios y sindicatos también proporciona cifras más altas. Sin embargo, ni la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, aprovecharon su comparecencia posterior a la publicación de estos datos para aclarar este extremo. Díaz solo lo hizo a preguntas de los periodistas y después de divagar durante varios minutos a través de una ensalada de datos en la que era imposible discernir una cifra aproximada de los afectados.
Tras varias respuestas confusas y ante la insistencia de los medios, Díaz terminó aclarando al menos que a la fecha de este jueves los Servicios Públicos de Empleo habían reconocido ya 620.000 prestaciones a trabajadores afectados por ERTE, que se correspondían, dijo, a los expedientes de ajustes de plantilla comunicados por las comunidades autónomas -no todas- que más estaban colaborando para tratar de agilizar la tramitación de éstos y por consiguiente el reconocimiento de la prestación para los afectados.
La cifra no cubre ni de lejos el volumen total de afectados por estos ajustes temporales de plantilla, que según las cifras que manejan los agentes sociales se sitúa entre los dos y los tres millones de afectados. Es decir, que hasta la fecha el 'escudo social' proporcionado por el Gobierno apenas habría llegada a uno de cada cuatro o uno de cada cinco afectados. Díaz sí reveló que desde el lunes -en el que se activó el nuevo mecanismo más sencillo para tramitar los ERTE- el SEPE había conseguido reconocer cerca de 100.000 prestaciones.
El fenómeno se produjo después de que el Gobierno renunciara a mantener el garantista esquema ideado inicialmente, que exigía un control previo que la Autoridad Laboral ha sido incapaz de ejercer, y abriera las compuertas a la aprobación automática de los ERTE y el reconocimiento automático de prestaciones, al tiempo que se establecía un control a posteriori para chequear que tanto los ERTE habilitados como las prestaciones reconocidas están justificadas.
Los datos presentados a primera hora del día por el Ministerio de Trabajo a partir de los registros de los Servicios Públicos de Empleo sólo permitían discernir una cifra de afectados de 150.000, que la Seguridad Social elevaba por encima de los 250.000 en el informe que todos los meses emiten ambas instituciones en paralelo...Estaba claro que ambas cifras minimizaban el fenómeno a la luz de la información deslizada tanto por los agentes sociales en sus comparecencias públicas -donde hablan de entre dos o tres millones de afectados- como por el Ministerio de Trabajo dentro de las reuniones del diálogo social.
La ministra de Trabajo rechazó avalar estas estimaciones que atribuyó al ejercicio propio de los economistas de realizar proyecciones sobre la realidad y se limitó a proporcionar la cifra de 620.000 beneficiarios de prestaciones. Una cifra a la que la propia ministra puso asteriscos tras admitir que muchas comunidades autónomas no estaban proporcionando los datos de los ERTE presentados en su comunidad con la diligencia debida. De hecho, dio la lista de las que sí estaban colaborando: País Vasco, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra y Asturias. Un listado que deja como los 'malos de la clase' a Galicia, Andalucía, Canarias, Región de Murcia y Extremadura.
Díaz aclaró que el dato proporcionado se referían a los cerca de 250.000 ERTE gestionados por el SEPE tanto por haber sido presentados de forma directa en sus oficinas -grandes empresas de implantación nacional- como por las autoridades laborales autonómicas.
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