Gobierno repartirá granos en áreas agrícolas azotadas por sequía en Paraguay

Asunción, 18 ene.- El Gobierno paraguayo distribuirá granos de subsistencia en las áreas agrícolas golpeadas por la sequía que afecta al 60 % de los cultivos del país, mientras el Congreso instó hoy a refinanciar las deudas de los productores y pidió declarar una "emergencia agrícola".

La Comisión Permanente del Congreso -en funciones durante este receso veraniego-, aprobó una declaración en la que pide establecer una "emergencia agrícola", que se sumaría a la "emergencia alimentaria" por 90 días decretada el martes por el mandatario Fernando Lugo para la agricultura familiar campesina e indígena.

El presidente de la Comisión Permanente, el senador Efraín Alegre, explicó a periodistas que el objetivo de esa última medida, en teoría más amplia que la del Ejecutivo, es que las instituciones estatales evalúen un "mecanismo financiero para amortiguar los efectos de la sequía en el sector campesino".

Alegre, del oficialista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dijo que la principal preocupación de las organizaciones campesinas desde antes de la emergencia, es la deuda que tiene con los entes estatales de crédito agrícola.

Tras la primera reunión de coordinación luego de la declaración de emergencia, que excluye a los grandes productores mecanizados, el viceministro de Agricultura, Andrés Werhle, indicó que las pérdidas oscilan entre el 40 y el 60 por ciento según la zona y los rubros.

Werhle dijo que la primera medida del Gobierno será la entrega de semillas de productos de subsistencia como maíz, maní y leguminosas en asentamientos campesinos e indígenas afectados con mayor dureza por el fenómeno climatológico conocido como "La Niña".

El Gobierno "está implementando la producción de alimentos para la agricultura familiar y esta situación 'amerita' una intervención inmediata para que las familias recuperen su capacidad alimentaria básica", expresó Werhle.

"Hay 245.000 familias (campesinas) que tienen menos de 20 hectáreas (de cultivo) y 26.000 familias indígenas, pero es probable que un porcentaje de esto no necesite apoyo del Gobierno", detalló el viceministro, al enfatizar que "es la agricultura familiar la que está pasando por una situación crítica".

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) evalúa con la Secretaría de Acción Social (SAS) y el Instituto de Desarrollo Rural de Desarrollo y de la Tierra (Indert) la situación de las áreas afectas, así como el volumen de las semillas que serán distribuidas a partir de febrero.

Por su parte, una fuente de la Federación Nacional Campesina (FNC), la principal del país, destacó la importancia de la asistencia gubernamental, aunque reafirmó que un seguro agrícola sería una solución más acertada ante un fenómeno cíclico como la sequía.

"Planteamos un seguro agrícola que no solamente responda por las pérdidas si no que nos oriente incluso sobre dónde podemos comercializar los productos", dijo a Efe Teodolina Villalba, de la Secretaría de La Mujer de la FNC, que agrupa principalmente a cultivadores de algodón.

"No tiene sentido una ayuda para comer dos o tres meses nada más, entonces decimos que hay que dar una salida de fondo", enfatizó Villalba, al explicar que las pérdidas, principalmente de maíz y poroto, se producen en momentos en que "hay que enviar a los niños de vuelta a las escuelas, en febrero".

La soja, principal fuente de ingreso de la economía paraguaya, "presentó problemas en su metabolismo por estrés hídrico en los departamentos graneleros por excelencia: Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú", afirmó en su portal la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Este colectivo empresarial, que agrupa a los mayores productores mecanizados del país, principalmente de esa oleaginosa, ha reportado falta de lluvias de más cincuenta días en algunas regiones y calificó de insuficiente las precipitaciones de la semana pasada.

El fenómeno también golpea a la navegación comercial fluvial debido a la baja del nivel del río Paraguay, canal de salida y de entrada de este país sin salida al mar, cuyos tramos críticos serán dragados, según el acuerdo al que llegaron el Gobierno y los gremios del sector.