El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles amanecía con importantes leyes de ámbito económico: la de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, la primera parte de la reforma de las pensiones y la que busca reducir la temporalidad del empleo público. Pero ni rastro de la reforma laboral que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del martes que estaría publicada en el BOE y entraría en vigor este mismo miércoles. Fuentes gubernamentales explican que en las últimas horas se ha estado revisando el texto al detalle para dotarlo de todas las garantías jurídicas necesarias. El Gobierno se esmera así en blindar la norma jurídicamente ante la compleja tramitación parlamentaria que se avecina.
A primera hora de la mañana, fuentes del Ministerio de Trabajo justificaban la ausencia de la reforma laboral en el BOE por una cuestión de tiempos. En épocas navideñas, todo parece ir más lento. Sin embargo, Díaz no parecía contemplar esa problemática horas antes, cuando aseguraba, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la norma se publicaría en el BOE este miércoles y entraría en vigor de inmediato. "Cada precepto está, con sus comas, verbos y subordinadas, pactado, medido y repensado", afirmaba la vicepresidenta, que agradecía el esfuerzo que había realizado el equipo técnico del Ministerio de Trabajo hasta hacía "escasas horas". El texto, aparentemente estaba cerrado. Entonces, ¿por qué no se ha publicado?
Fuentes de Trabajo explican que, aunque el texto estuviera listo (el acuerdo con los agentes sociales se cerró el pasado 23 de diciembre) y fuera aprobado en Consejo de Ministros este martes, todavía resultaba necesario hacer "una revisión exhaustiva". Un equipo de funcionarios y responsables de los ministerios que promueven y firman la norma -Trabajo como principal y Seguridad Social como coproponente, y también Presidencia, desde donde se coordina toda la reforma- han estado revisando con lupa cada apartado, para dejarlo jurídicamente bien atado. Las labores ya han concluido, pero no se pudo llevar el texto al BOE a tiempo y finalmente se publicará el jueves, según avanzan desde el departamento que dirige Yolanda Díaz.
Fuentes de ámbito jurídico explican que el problema principal es que la fórmula elegida por el Gobierno para sacar adelante la reforma laboral es la del real decreto ley. Se trata de una vía legal compleja, porque el Ejecutivo debe justificar debidamente en el texto la extraordinaria y urgente necesidad de la norma adoptada y eso requiere de un exquisito, minucioso y preciso trabajo jurídico. Fuentes gubernamentales desvelan que el argumentario del texto legal gira sobre la necesidad de cumplir con el calendario pactado con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, donde se fijó como deadline para la reforma laboral el 31 de diciembre, pero lo cierto es que la Comisión Europea ha admitido que los plazos son flexibles. Las prisas, por tanto, deben quedar bien justificadas y argumentas negro sobre blanco para evitar posibles recursos.
No sería la primera vez que sucede en esta legislatura que un real decreto ley hace saltar las alarmas en la oposición. El pasado mes de septiembre, el PP y Vox recurrieron la 'ley rider' al Tribunal Constitucional por considerar que el Gobierno abusó de esta figura legislativa que se guarda para situaciones extraordinarias. Tras lo sucedido en el mes de mayo, cuando el TC emitió una resolución en la que censuraba al Ejecutivo por el abuso de los reales decretos leyes, el tribunal de garantías admitió a trámite los recursos del PP y Vox y ahora mismo esta ley está en el aire. Es un escenario que se quiere evitar a toda costa con la reforma laboral, sobre todo tras la amenaza de Pablo Casado, que ha insinuado que si no se tramita como proyecto de ley, "será el TC el que decide si el Gobierno está abusando con decretazos para no tener que acordar con sus socios o con el PP".
Con todo, no está de más recordar que en la última reforma laboral, la de 2012, el propio Tribunal Constitucional avaló el uso del decreto ley en un auto cuyo ponente fue el hoy consejero de Justicia de Madrid y miembro de la dirección nacional del PP, Enrique López. Como recoge Europa Press, en dicho auto, el Constitucional partió de la premisa que apreciar la existencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para legislar por decreto "constituye un juicio político o de oportunidad" que corresponde al Gobierno primero, y luego al Congreso. El TC concluyó que la decisión no fue ni "abusiva" ni "arbitraria", tras justificarse la situación de crisis económica existente entonces y, sin entrar en un juicio de la oportunidad de la reforma, entendió que la elección del decreto cumple con su requisito, según el cual las medidas aprobadas deben estar en "conexión" con la situación de urgencia que las justifica.
Trámite parlamentario complejo
Eso sí, tanto la reforma laboral del PP como la que llevó a cabo el PSOE en 2010, además de aprobarse por decreto, después fueron tramitadas como proyecto de ley en las Cortes Generales, abriendo la posibilidad de plantear enmiendas. Ese es el escenario más probable para la reforma que ha aprobado ahora el Consejo de Ministros y que se publicará en el BOE este jueves y aquí el Gobierno también se enfrenta a un panorama complejo para el que es necesario que el texto legal esté bien atado. Los socios parlamentarios exigen cambios y el Ejecutivo se ha comprometido a no tocar ni una coma del acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos. Para ello, resulta fundamental la exhaustiva revisión que se ha hecho del texto que aparecerá este jueves publicado en el BOE y entrará en vigor ipso facto.
El escudo jurídico antivetos también se dirige, por tanto, a los propios socios del Gobierno. En la referencia del Consejo de Ministros de este martes ya se deja claro que el real decreto ley "recoge el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme para reformar estructuralmente el mercado laboral". Se deja así constancia de que el texto nace del consenso social, tal y como ensalzó Díaz, que se mostró abierta al diálogo con los socios pero les adelantó que la "vocación" del Gobierno es mantener tal y como está un texto que ha costado nueve meses acordar.
A falta de BOE, la referencia del Consejo de Ministros añade que "el texto da cumplimiento tanto al acuerdo de Gobierno como a los compromisos adquiridos con la Unión Europea plasmados en el Componente 23 y sienta las bases en materia laboral para una recuperación justa e inclusiva". Y esos son, previsiblemente, los argumentos que recogerá el real decreto ley para blindar el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales y empresariales tanto frente a posibles vetos de los socios parlamentarios como a un eventual recurso del PP ante el Tribunal Constitucional.
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