El Gobierno sigue dándole vueltas al diseño del bautizado como 'Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo', la herramienta que convivirá con los ERTE tradicionales en el nuevo marco legislativo y permitirá a las empresas que atraviesen dificultades cíclicas o sectoriales reducir la jornada de sus trabajadores o suspender sus contratos. En el último borrador de la reforma laboral presentado a los agentes sociales, al que ha tenido acceso La Información, introduce algunas modificaciones respecto a anteriores planteamientos, entre ellas, medidas destinadas a garantizar que los trabajadores afectados por este tipo de procesos no terminan por convertirse en 'zombis' del mercado laboral y logran recolocarse, aunque sea en otra empresa o incluso en otro sector.
El Gobierno quiere introducir un nuevo artículo "47 bis" en el Estatuto de los Trabajadores. Recordemos que el 47 trata sobre la suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, es decir, los famosos ERTE. Pues bien, el Ejecutivo plantea incorporar a la regulación un nuevo mecanismo que se llamará RED y será activado por el Consejo de Ministros, que permitirá a las empresas solicitar de manera voluntaria a la autoridad laboral la reducción de la jornada de trabajo o, si esta no resulta viable, la suspensión de los contratos, con condiciones especiales en materia de cotización a la Seguridad Social, así como protección social y medidas de formación y recualificación profesional para los trabajadores.
Según figura en el borrador que se está debatiendo en estos momentos en la mesa de diálogo social y que debe concretarse antes de que acabe el año, el mecanismo tendrá dos modalidades: una cíclica, "cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año"; y otra sectorial, "cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras, con una duración máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una".
Las principales novedades que incorpora este mecanismo respecto a los ERTE tienen que ver con el control gubernamental. El RED requerirá una activación previa por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta -por este orden, según aparece en el borrador- del Ministerio de Asuntos Económicos, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que preside la vicepresidenta primera Nadia Calviño. El Ministerio de Economía tendrá, por tanto, un papel fundamental en el proceso de toma de decisión. Además, con carácter previo, será imprescindible informar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal.
Una vez activado el RED -y teniendo en cuenta que las consideraciones que se incorporen al Acuerdo del Consejo de Ministros "en ningún caso podrán entenderse como justificación o aval para la adopción a nivel empresarial de las medidas reguladas en el Estatuto de los Trabajadores en relación al empleo o las condiciones de trabajo"- las empresas podrán solicitar voluntariamente a la autoridad laboral la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo. En el caso de la modalidad sectorial, la solicitud deberá ir acompañada de un plan de recolocación de los trabajadores afectados que incluya la realización obligatoria de acciones de formación dirigidas a posibilitar la recolocación en otras empresas.
A partir de aquí se establecen una serie de normas comunes a los RED. Por ejemplo, la reducción de jornada tendrá que ser de entre un 10% y un 70%. Durante la aplicación del mecanismo, las empresas podrán afectar y desafectar a trabajadores, en función de la recuperación de los niveles de actividad. Las empresas que los apliquen tendrán beneficios en materia de cotización, pero no podrán hacer horas extra ni nuevas contrataciones o externalizaciones. Se mantiene, asimismo, la prohibición de despedir en los seis meses posteriores a la activación del mecanismo. Las compañías que realicen actividades formativas para los trabajadores afectados verán incrementado el crédito de formación y aquellas que contraten como indefinidos a trabajadores en procesos RED sectoriales tendrán derecho a una bonificación del 50% en las cotizaciones sociales durante 6 meses.
Control gubernamental
Pero lo verdaderamente novedoso que incluye el último borrador tiene que ver con los mecanismos de control que va a activar el Gobierno sobre esta herramienta. Para empezar, los RED tiene que autorizarlos expresamente el Consejo de Ministros, pero es que además, en el texto se introduce que, transcurrido un año desde la primera activación del mecanismo en su modalidad sectorial, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y las organizaciones sindicales y empresariales, "estudiadas las circunstancias en que se encuentren el empleo y el tejido productivo de los sectores afectados por el RED, analizarán la necesidad de adoptar medidas en el ámbito laboral o de la Seguridad Social tendentes a favorecer la transición profesional de las personas trabajadoras que se vean afectadas".
Otro de los cambios más importantes en el borrador está relacionado con la financiación del mecanismo. Inicialmente, el Gobierno había planteado que las compañías que recolocasen a sus empleados fuera de su grupo empresarial tendrían que transferir al Fogasa el 50% de la cuantía del despido improcedente que le correspondería en ausencia de recolocación. Pero ahora, el borrador únicamente propone la creación de un fondo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo, para atender a las necesidades de financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, en la forma y condiciones que desarrolle la normativa.
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