"Va a ser muy complicado articular una política laboral digna de tal nombre si finalmente optan por desgajar la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo". La reflexión viene de un exalto cargo que durante un puñado de años se encargó de coordinar toda la actividad de ese Ministerio y ataca a la línea de flotación del marco negociador que PSOE y Unidas Podemos han definido para cerrar un acuerdo de Gobierno, una de cuyas bases es la ruptura de la histórica unidad operativa y funcional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para, por un lado, satisfacer la condición de la formación de Pablo Iglesias de gestionar las políticas de Empleo y, por otro, la del actual Ejecutivo de conservar la gestión de las pensiones públicas.
Su argumentación se basa en el hecho, tan criticado como innegable, de que en los últimos treinta años el núcleo de la política laboral de los gobiernos tanto socialistas como del PP se ha hecho a golpe de utilizar las cuotas de la Seguridad Social, y más concretamente su recorte táctico, para estimular la suscripción de contratos indefinidos, incentivar la contratación de mujeres, parados de más de 45 años u otros colectivos especialmente desfavorecidos en el mercado laboral; o mejoras las expectativas de encontrar un empleo de los parados de larga duración.
La estrategia ha restado sistemáticamente entre 3.000 y 5.000 millones de euros anuales al sistema de pensiones y no se sabe a ciencia cierta si ha servido para algo o no, como se ha encargado de poner de manifiesto la Autoridad Fiscal, pero ha sido la principal herramienta de política económica en este campo, por encima incluso de los cambios en la normativa laboral. Diseñar una política laboral con esa herramienta en manos de un responsable diferente sería tan insólito como complejo.
Ésta, no obstante, es sólo una de las muchas contraindicaciones que los representantes de agentes sociales, expertos y antiguos gestores del Ministerio consultados por La Información aprecian en una eventual ruptura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El actual socio de People Advisory Services de EY y exsecretario de Estado de Empleo con Fátima Báñez, Juan Pablo Riesgo, marca las líneas rojas que debería respetar cualquier posible segregación del Ministerio. "Sea cual sea la estructura orgánica que se elija ésta deberá garantizar la competencia estatal en la gestión de las prestaciones y subsidios de empleo, regulados en la normativa de la Seguridad Social; mantener la coordinación entre las diferentes unidades que suministran información estadística sobre empleo y pensiones; y preservar la unidad de acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".
Fuentes socialistas recuerdan que José Luis Rodríguez Zapatero ya propuso la creación de una Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social. Se diseñó para llevar a cabo, en nombre y por cuenta del Estado, la gestión y demás actos de aplicación efectiva del sistema de la Seguridad Social, integrándose en la misma las funciones relativas a la afiliación, cotización, recaudación, pago y gestión de las prestaciones económicas, salvo las correspondientes a la cobertura de desempleo, que seguirían dependiendo del área de Trabajo. Pero este organismo independiente nunca llegó a desarrollarse.
El problema de la Inspección
El mantenimiento de la operativa cotidiana de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es visto por todos los expertos consultados como el principal problema de separar las competencias de Trabajo y Seguridad Social. Buena parte de la eficacia de la Inspección se sostiene sobre el principio de la unidad del acto inspector en virtud del cual se pueden sustanciar las sanciones derivadas del incumplimiento de la legislación laboral y la regularización de las cotizaciones sociales dejadas de pagar en una única actuación. ¿Se mantendría este modelo en una eventual separación de Ministerios?
En el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social están preocupados por este asunto. Para la presidenta del SITSS, Ana Ercoreca, "lo ideal es que ambos departamentos permanezcan unidos". Si la separación acaba por materializarse, en su opinión, la autoridad laboral debería depender de la Seguridad Social, porque es "el origen de toda relación laboral". "El contrato de trabajo no se entiende sin un alta previa", matiza. Ercoreca hace hincapié en que "la principal herramienta de los inspectores es la base de datos de la Seguridad Social" y debilitarla pondría en peligro tanto la calidad del empleo como la seguridad de los trabajadores. "La división de estas áreas sería un fracaso", zanja.
Según un exresponsable de gestión en el ámbito de Seguridad Social, la reciente conversión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un organismo estatal -pendiente de desarrollo normativo- blindaría aparentemente esa unidad de acción, aunque los problemas se plantearían, matiza, a la hora de diseñar los planes anuales de inspección. "Es probable que las prioridades en materia de lucha contra el fraude de unos y otros fueran diferentes y difíciles de conciliar. Y por eso no parece buena idea que la Inspección tuviera dependencia funcional de dos ministerios diferentes", asegura este exaltocargo, con tres lustros de experiencia de gestión. También aporta una clave. "Las actas de liquidación son firmadas por la Tesorería General de Seguridad Social y eso es relevante a la hora de saber cómo quedaría el asunto".
Más allá del incómodo problema de la Inspección, este exalto cargo de la Seguridad Social no ve mayor problema en esa escisión. "La Seguridad Social está compuesta por una serie de entidades colaboradoras, servicios comunes y direcciones generales que han funcionado históricamente con autonomía y no surgiría ningún problema operativo serio por estar dentro de la estructura de otro ministerio o con un ministerio propio", asegura. En su opinión, los asuntos a resolver serían el encuadramiento de las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial, el Imserso, el Ingesa o las prestaciones por desempleo que gestiona el SEPE, adscrito al área de empleo. "Pero se trata de prestaciones de Seguridad Social, según su encuadramiento constitucional, y lo lógico en caso de escisión es que se adscribieran al órgano de Seguridad Social".
"La segregación es posible, viable y, en algunos casos, hasta recomendable", explica, bajo el argumento de que la separación del Ministerio de Trabajo liberaría a los gestores de la Seguridad Social de la presión política para utilizar los ingresos de cotizaciones para políticas de empleo, "pero si se hace con lógica dejará un Ministerio de Trabajo con un rango de competencias muy limitado, con la capacidad de impulsar cambios en la regulación laboral y poco más, ya que perdería todo control sobre los ingresos y los gastos del sistema".
Dónde encajar la Seguridad Social
La gran pregunta es: ¿en qué ministerio encajaría mejor la Seguridad Social? Aquí hay división de opiniones. La mayoría, entre los que se cuentan tanto sindicatos como CEOE, entienden que como dentro del Ministerio de Trabajo, en ningún sitio; otros, como el exgestor de la Seguridad Social, entienden que por lógica económica y operativa dónde mejor estaría la Seguridad Social es dentro del Ministerio de Hacienda. "La operativa cotidiana de gestión es muy similar. Se podrían conseguir tremendos avances, en materia de ahorro presupuestario y de resultados en la lucha contra el fraude, unificando sus sistemas informáticos y sus bases de datos, y se conseguiría un hito de simplificación administrativa sin precedentes, ya que el 90% de las gestiones que la Administración hace con los ciudadanos estarían centralizadas en un solo Ministerio".
Fuentes cercanas a las negociaciones que mantienen en el máximo secreto Sánchez e Iglesias aseguran que la posibilidad de que la Seguridad Social se desgaje del Ministerio –algo que solo ocurrió durante el Gobierno de Adolfo Suárez, en los años 70, cuando dependía de Sanidad– ha provocado un cisma dentro del propio Ejecutivo en funciones, en concreto, entre las ministras de Economía y Hacienda. Ambas, Nadia Calviño y María Jesús Montero, aspiran a administrar el presupuesto de las pensiones desde sus respectivos departamentos.
La opción de Montero sería la más funcional, desde el punto de vista de la unificación del presupuesto consolidado del Estado y la Seguridad Social; si bien hacer depender las pensiones de Economía sería un movimiento estratégico de Sánchez para dar galones a su vicepresidenta económica. Para el secretario de Políticas Públicas y Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo, las "lógicas" de estos departamentos son distintas. "Aunque Hacienda y Seguridad Social tienen ambas un carácter recaudatorio, la función de la primera es gestionar el presupuesto para políticas públicas y la de la segunda es la protección social". A su parecer, donde mejor ubicada está la Seguridad Social es en el Ministerio de Trabajo. Asegura que le "cuesta trabajo ver que se vaya a producir la separación" y recuerda que las negociaciones para el gobierno (y para la investidura de Sánchez) siguen en marcha y no hay nada cerrado.
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