Se acerca el 1 de julio y tres millones de funcionarios de toda España vuelven a vivir con la mezcla de temor e indignación que les crea no saber a estas alturas si su nómina del mes de julio incluirá o no el plus salarial que les corresponde en virtud del acuerdo firmado allá por el mes de marzo de 2018 por Cristóbal Montoro con los sindicatos mayoritarios en la Función Pública: UGT, CCOO y CSIF.
Dos de los sindicatos firmantes de ese acuerdo, CCOO y CSIF ya han alzando la voz tras constatar que ni el Ministerio de Función Pública ni el Ministerio de Hacienda -los dos ministerios implicados en activar los resortes administrativos para que la subida prevista en el acuerdo para la próxima nómina de julio se haga efectiva- han dado los pasos preceptivos para que los funcionarios reciben el plus salarial que le corresponde según lo firmado en su día a solo un mes de su presunta aplicación. Según lo acordado hace poco más de un año, en 2019 todos los funcionarios disfrutarían este año de una subida salarial lineal del 2,25% desde el 1 de enero de 2019, que podría ampliarse en un 0,25% adicional a partir del 1 de julio en función del cumplimiento de una serie de objetivos de crecimiento del PIB en 2018, que ya se han cumplido de manera oficial tras cerrarse el dato del ejercicio en el 2,6%. Por tanto, a partir del 1 de julio la nómina de los funcionarios debería incluir ese plus del 0,25% hasta acumular una subida total del 2,5%.
El asunto es que el procedimiento que se regló en su día exige que la Administración habilite esa subida a través de un acuerdo de Consejo de Ministros que debe ser instado por el Ministerio de Hacienda, donde se ubica la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Hasta no disponer de ese plácet, los habilitados a los que corresponde la llevanza de las nóminas en los diferentes ministerios, consejerías autonómicas, ayuntamientos y otros órganos de cualquier nivel de la Administración Pública no pueden ejecutar esa subida. ¿Cuál es la situación a día hoy? "Los habilitados no han recibido ningún tipo de instrucción desde el Ministerio de Hacienda", confirman desde CSIF, "y el tiempo para que se pueda hacer en julio se agota".
Se agota porque las nóminas de julio se cierran con antelación, normalmente en los diez primeros días de junio, y si la instrucción de Hacienda no llega en ese plazo, éstos no podrán ejecutar esa subida a partir de ese mes como exige el acuerdo. De hecho, según las fuentes consultadas tanto del ámbito sindical como de la Administración, llegados a este punto ya va a ser muy difícil que una mayoría de funcionarios perciban el plus salarial en el mes de julio. Una situación similar a la que ya se vivió el año pasado, en el que muchos funcionarios no percibieron el plus salarial que les correspondía en julio hasta el mes de noviembre.
En aquel momento, desde el Gobierno se atribuyó el retraso al escaso margen de tiempo disponible tras la constitución del nuevo Ejecutivo que salió de la moción de censura y a la reestructuración interna del Gobierno, con la creación de nuevos ministerios, reordenación de otros y una serie de ajustes que dificultaban la gestión de las nóminas. Con todo, el Ejecutivo no se puso al día con la mayoría de los funcionarios hasta el mes de septiembre y miles de ellos percibieron la subida y la paga de atrasos en octubre y noviembre.
"Estamos trabajando para cumplir el acuerdo"
Este año las razones son diferentes. Los sindicatos presionaron hasta el último momento de la minilegislatura del primer Gobierno Sánchez para que éste garantizara por decreto, en uno de sus 'viernes sociales', la subida del año 2019. Se temían lo que podía venir si eso no sucedía. El Ejecutivo no accedió y el asunto se dejó para después de las urnas.
La recolocación de la hasta hace poco más de 15 días ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, principal garante del cumplimiento del acuerdo con los funcionarios, como presidenta del Congreso de los Diputados disparó las alarmas. CCOO lamentó en una nota de prensa que Batet abandonara el Ministerio sin haber dejado resuelta la aplicación efectiva del plus salarial y CSIF empezó a vislumbrar otra verano de atrasos en las nóminas de los funcionarios.
El margen para conseguir que al menos una parte de los funcionarios sí perciban el complemento salarial que les corresponde en la nómina de julio es cada vez más escaso, pero el mensaje oficial que se traslada desde el Gobierno es aún que "se está trabajando para dar cumplimiento el acuerdo", muy similar al que se envió el año pasado y se terminó incumpliendo. Dentro de la Administración hay voces que incluso dudan que ese trámite pueda ser ejecutado por un Gobierno en funciones y que no descartan que el asunto no se resuelva hasta que se constituya un nuevo Ejecutivo.
Más incumplimientos salariales por parte del Gobierno
Siendo el más importante, el del plus salarial de julio no es el único frente que tiene abierto el Gobierno respecto al adecuado desarrollo del acuerdo de 2018. El sindicato CCOO ha recordado recientemente al Gobierno que en la mayoría de las Administraciones Públicas todavía no se han aplicado los fondos adicionales (del 0,25% de la masa salarial) que debían aplicarse con cargo a los ejercicios de 2018 y 2019, y para cuya distribución en el ámbito de la Administración del Estado se alcanzó un acuerdo -en el que no participó CSIF- el pasado 4 de marzo.
El acuerdo que prevé la distribución de 32 millones de euros extra centra su ámbito de actuación en los tramos salariales más bajos de la Administración para elevar sus percepciones base, además de los complementos específicos, y también prevé una pequeña bolsa para mejorar las retribuciones del personal de la Administración de Justicia, donde la brecha con las comunidades autónomas es particularmente sangrante. CSIF rechazó firmar el acuerdo porque pretendía utilizar esos fondos para perfilar una especie de carrera profesional y porque la distribución de los mismos solo alcanzaba al 25% de la plantilla.
“En la mayoría de las Administraciones no se están repartiendo los fondos adicionales, sobre todo en la Administración Local. Aunque la responsabilidad y competencia recae en cada consistorio, el papel de coordinación y seguimiento le corresponde al Gobierno central, que no lo está haciendo como debiera”, ha denunciado el sindicato.
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