La situación de interinidad que atraviesa el Gobierno tiene en vilo a nueve millones de pensionistas. A falta de apenas cuatro meses para que acabe el año, todavía no saben cuánto cobrarán de pensión en 2020. En público, el propio Pedro Sánchez se ha comprometido a garantizar el poder adquisitivo de este colectivo el año que viene aunque no logre ser investido presidente. Pero, en privado, es consciente de que en estos momentos tiene las manos atadas por la ley del PP que establece que las pensiones públicas subirán solo un 0,25% siempre que la Seguridad Social esté en números rojos, como es el caso.
Así las cosas, el Gobierno explora todas las vías legales posibles para subir las pensiones en función del Índice de Precios de Consumo (IPC) en 2020, resuelva o no su situación de interinidad. ¿Puede hacerlo estando en funciones? Los sindicatos consideran que no tiene capacidad, los ministerios de Trabajo y Hacienda están convencidos de que la ley se lo permite y en el ámbito jurídico hay diversidad de opiniones.
¿Qué dice la ley? El marco actual establece que las pensiones deben subir un 0,25% en 2020 porque el sistema sigue registrando déficit (gasta más de lo que ingresa). Esto también era así en 2019, pero el Gobierno del PSOE aprobó por decreto ley una subida del 1,6% en base a la media de la inflación registrada entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018. Antes, el PP ya había dejado por escrito que las prestaciones se revalorizarían en base al IPC en 2018 y 2019, saltándose las restricciones de su propia ley.
Pero nada se dijo de 2020 y ahora, con un Ejecutivo interino y la posibilidad de que se repitan las elecciones sonando con fuerza, se plantea un problema importante. El artículo 21 de la ley del Gobierno establece que el Ejecutivo en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".
De "urgente necesidad"
Según fuentes del Ministerio de Trabajo, la actualización de las pensiones para evitar la pérdida de poder adquisitivo de nueve millones de personas podría encajar en ese enunciado como decisión de "urgente necesidad" que obedece al "interés general". De este modo, la ministra Magdalena Valerio considera que está en plenas facultades para aprobar la subida de las pensiones por la vía del decreto ley. En cualquier caso, "no se está en ese escenario, se trabaja para que haya Gobierno lo antes posible", matizan desde su entorno.
En el Ministerio de Hacienda tampoco creen que la situación actual de interinidad suponga "un problema" a la hora de aprobar la subida de las pensiones para el próximo año. Además, plantean otra posible vía: "En el peor de los casos –si Sánchez no logra ser investido presidente en septiembre– vamos a elecciones y habría Gobierno a principios de año". En este escenario, desde el departamento que dirige María Jesús Montero recuerdan que en 2018 la subida de las pensiones no entró en vigor hasta julio y se aplicó con carácter retroactivo a los meses anteriores.
La versión de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT es la siguiente: un Gobierno en funciones no puede modificar la revalorización que figura en la ley (0,25%) ni aprobar un real decreto-ley porque, a su juicio, la subida de las pensiones no encaja en los requisitos de extrema urgencia (como podría ser una catástrofe natural). La única opción que contemplan para que las pensiones se revaloricen con el IPC en 2020 es que se forme un Gobierno con plenos poderes antes de que acabe el año.
Un debate controvertido
El debate sobre qué puede y qué no puede hacer un Gobierno en funciones da para varias interpretaciones en el mundo jurídico. Los conceptos de "urgencia" e "interés general" son difusos e indeterminados. La clave, como ha dictado incluso el Tribunal Supremo, es que se abstenga de tomar decisiones que puedan comprometer la gestión del siguiente Ejecutivo. En este sentido, una decisión como la revalorización de las pensiones conlleva un compromiso económico importante, más en la actual situación financiera de la Seguridad Social. De hecho, en esta línea se ha pronunciado recientemente la Abogacía del Estado en el informe que concluye que si el Ejecutivo en funciones libera 4.700 millones de euros de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas podría "comprometer o condicionar la actuación del nuevo Gobierno".
Hay que recordar que el real decreto ley por el que se aprobó la subida de las pensiones para 2019 emplazaba al propio Gobierno a encontrar, en el plazo de seis meses, un mecanismo que permitiese la actualización de las pensiones en función de la inflación, para evitar que los pensionistas sufrieran una pérdida de poder adquisitivo. Pero el periodo expiró, la legislatura saltó por los aires, se adelantaron las elecciones y se bloqueó la investidura de Sánchez. Y hasta ahora.
En principio, parece que todos los partidos estarían de acuerdo en ligar las pensiones al IPC real. Así se consensuó en el Pacto de Toledo antes de que Unidas Podemos dinamitara la comisión parlamentaria y, de hecho, en ese sentido se pronunciaron todas las formaciones durante la anterior campaña electoral. Ahora que empieza a tomar fuerza la posibilidad de que se repitan las elecciones generales en noviembre, el posicionamiento de los políticos a este respecto es decisivo. No en vano, los jubilados han ejercido mucha presión en la calle... y nueve millones de pensionistas son nueve millones de votos.
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