Para proyectos ya en marcha

El Gobierno subvenciona el desbloqueo de la eólica marina con 240 millones

Transición Ecológica actualiza el mapa de zonas marinas donde se podrán implementar aerogeneradores y publica una línea de ayudas a través del IDAE a la que podrán acogerse empresas desde el 31 de enero. 

Scottish Power - Eaonesun Haze - June 2020 IBERDROLA (Foto de ARCHIVO) 11/8/2022
Scottish Power - Eaonesun Haze - June 2020 IBERDROLA (Foto de ARCHIVO) 11/8/2022
Iberdrola

2023 será el año del despegue de la energía eólica marina en aguas  españolas, o esa al menos sigue siendo la intención del Gobierno, que no duda de su efectividad como forma de producir más energía dado el contexto actual, que tiene en jaque a las economías europeas. El objetivo de España para 2030 pasa por instalar entre 40 y 60 gigavatios (GW) de energías marinas y de 1 a 3 GW de eólica flotante, pero hasta hoy no se ha instalado un solo molino en los mares continentales.

La llegada de los aerogeneradores no podrá ejecutarse hasta que se apruebe la legislación definitiva, ampliamente cuestionada por los daños que pueda causar sobre los ecosistemas acuáticos. En diciembre de 2021, el Gobierno paralizó la implantación de estos proyectos con un Real Decreto, alegando que el marco jurídico se había quedado obsoleto, y acordó actualizar la normativa en base a la 'Hoja de ruta de la eólica marina', documento con el que fijaba las líneas básicas para su desarrollo en España. 

En él se admitía que su presencia en el mar permite un potencial "superior en términos de velocidad media, densidad energética y regularidad que en tierra firme", con rendimientos futuros entre un 40% y 50% superiores a la eólica terrestre. Para que veamos aerogeneradores en alta mar sólo falta la aprobación de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM), el instrumento jurídico que ha utilizado el Ministerio de Transición Ecológica para determinar qué usos están disponibles en las costas españolas. 

Para garantizar un despliegue ordenado y compatible con el medio ambiente y las exigencias sociales, se ha dividido el litoral español en cinco zonas -Noratlántica, Sudatlántica, Estrecho y Alborán, Levantino-Balear y Canaria-, estableciendo en cada una de ellas distintas zonas que facilitan la implantación. 

En la declaración ambiental publicada hace unas semanas se eliminaron algunas de las inicialmente propuestas, como la zona frente al Cabo de Gata (Almería), la zona sur de Gran Canaria o Sa Mesquida (Baleares) al alegarse incompatibilidades con los usos turísticos, la pesca o las aves. La aprobación definitiva llegará, si todo sigue su cauce, en las próximas semanas.

Ayudas a proyectos piloto de energías marinas

Unos días antes de acabar el 2022 se publicaba en el BOE la primera convocatoria de ayudas del programa Renmarinas Demos, con el que el Gobierno pretende impulsar las plataformas de ensayo y desarrollar nuevos prototipos de energía renovable marina. Enmarcado en los fondos del PERTE de Energías Renovables y gestionado por el IDEA, busca situar a España como referencia en las nuevas energías.

En total se destinarán 240 millones de euros para programas de investigación y desarrollo. Buena parte de ellos se destinarán a la creación de nuevas infraestructuras o ampliación de plataformas de ensayo para organismos de investigación (90 millones) y para empresas o consorcios (60 millones), que podrán validar sus prototipos bajo condiciones reales en puertos o infraestructuras ya existentes. 

Los 90 millones restantes se dividen a la mitad para desarrollar prototipos en otras energías renovables más allá de la eólica marina, como son la maremotriz -que aprovecha las mareas-, la energía de las corrientes o la solar fotovoltaica flotante, incluyendo proyectos híbridos entre estos; así como proyectos conjuntos de plataformas de ensayos y demostradores tecnológicos de renovables en una misma actuación y ubicación en el mar. 

Los proyectos no podrán haberse iniciado antes de pedir la ayuda, que se solicitará del 31 de enero al 24 de marzo, y que cuenta con incentivos para pequeñas y medianas empresas. Los proyectos deberán estar finalizados antes del 15 de enero de 2026 y no podrán dañar el medio ambiente.

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