La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha avanzado que "se podría alargar" la bonificación del Gobierno de 20 céntimos por litro de carburante más allá del 31 de diciembre, y ha concretado que cuando llegue esa fecha analizarán cómo está funcionando la medida y decidirán si prorrogarla o reconvertirla. De extenderse la medida, esta se llevaría a cabo en un año clave para el mantenimiento de Sánchez y sus socios en Moncloa, dado que tendrán lugar tanto las elecciones municipales y autonómicas, como las generales.
La medida no cuenta con el respaldo de algunas casas de análisis como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha publicado una propuesta para eliminar la bonificación de los carburantes y las rebajas en los impuestos sobre la electricidad con el fin de redirigir los recursos ahorrados a medidas de apoyo a las rentas medias y bajas. Esto se haría mediante una reducción transitoria de los tipos del IRPF para los tramos inferiores de renta y la reflactación de la tarifa del impuesto con la inflación acumulada.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) tampoco se ha mostrado partidario de esta medida. A través de un informe, el organismo recomienda a los países europeos que abandonen las políticas destinadas a subsidiar el coste de la energía a nivel general a cambio de centrarse en ayudar únicamente a los más pobres. En España, las decisiones del Gobierno han ido encaminadas a subvencionar el precio del combustible o bajar la tributación de la generación eléctrica para todos los consumidores, sin diferenciar por nivel de renta.
En un primer momento la medida generó el rechazo de las gasolineras, ya que se les pedía adelantar de su bolsillo la bonificación. Pasados más de cuatro meses, la realidad es las estaciones de servicio han respondido a la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible aprobada por el Gobierno y en vigor desde el pasado 1 de abril con una subida media de precios que oscila entre los 0,7 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 3,52 céntimos para el diésel, según un estudio elaborado por Esade. "En ambos productos son las gasolineras con precios más bajos las que han reaccionado con mucha mayor fuerza al cambio de política, incrementando sus precios. Esto ha supuesto una compresión de la distribución de los precios. Específicamente, en el caso del gasóleo, las gasolineras más baratas llegaron a aumentar su precio entre cinco y ocho céntimos por litro", revela el informe.
Además, las gasolineras independientes, aquellas sin contrato de exclusividad de suministro con un operador al por mayor de productos petrolíferos, son las que han capturado una mayor parte de la bonificación, mientras que las distribuidoras minoristas (que forman parte de la red de las grandes compañías) lo han hecho en menor medida. La hipótesis principal que manejan los autores del estudio es que esta situación se debe a "un fallo de diseño" de la medida del Ejecutivo con respecto a las estaciones de servicio independientes.
En una entrevista este martes en RAC1 recogida por Europa Press, Sánchez también se refirió a la propuesta del Servei Català de Trànsit (SCT) de reducir la velocidad de circulación en algunos tramos de la AP-7. A este respecto, la ministra ha sostenido que no les ha llegado oficialmente esta propuesta, pero se ha abierto a analizarla y estudiarla "si puede ser útil para mejorar la capacidad de la vía". En otra entrevista en Catalunya Ràdio, Sánchez ha descartado volver a poner peajes en las autovías españolas, y ha apostado por buscar el consenso entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los transportistas para establecer un sistema de mantenimiento de estas vías "alineado con lo que se hace en el resto de Europa".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios