La desidia de los gobiernos autonómicos a la hora de adaptar sus marcos normativos a las singulares necesidades de agilidad en la tramitación y diligencia en la ejecución que tanto Bruselas como el Gobierno de España esperan para los proyectos vinculados a los fondos europeos para la recuperación y la resiliencia empieza a ser una preocupación para las autoridades gubernamentales, según admiten fuentes del área económica del Gobierno. Iniciado ya el mes de marzo, sólo cuatro autonomías, Andalucía, Galicia, Aragón, y Cataluña, han aprobado las 'normas espejo' del Real Decreto para la ejecución de los fondos europeos que el Gobierno de España ha solicitado de forma insistente a las comunidades autónomas para que sus marcos regulatorios no supongan un obstáculo a la hora de ejecutar con la diligencia debida las inversiones con fondos europeos.
Moncloa no oculta que considera crítico ese proceso de adaptación de la normativa autonómica para garantizar una adecuada ejecución de los fondos, uno de los aspectos que más dudas despierta no sólo en el debate político nacional sino también entre los organismos europeos. El secretario general de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, ha sido especialmente insistente en este punto tanto en sus comparecencias públicas como en sus reuniones con responsables autonómicos, y también desde el Ministerio de Hacienda se ha insistido a los gobiernos regionales en la necesidad de desbrozar, antes de que llegue el momento de ejecutar los fondos, cualquier obstáculo regulatorio que pudiera entorpecer su aplicación 'exprés'.
Las fuentes consultadas reconocen que existe un temor real en el Gobierno a que la falta de adaptación de los marcos regulatorios autonómicos genere cuellos de botella que retrasen la aplicación efectiva de los fondos en algunas comunidades autónomas y, en última instancia, pongan en riesgo la llegada a España de todos los fondos europeos que el país tiene asignados, pero que Bruselas ya ha advertido que irá dosificando en la medida que se vayan cumpliendo los objetivos y metas comprometidos por cada país. Recuerdan que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 reservan a las comunidades autónomas la ejecución de más del 50% de los 27.000 millones de euros en fondos europeos que se quieren ejecutar este año y que por tanto el éxito de esas inversiones dependerá en gran medida de la agilidad de las comunidades autónomas a la hora de ejecutarlas.
La persistencia de las autoridades del Gobierno de España en estos mensajes no parece haber sido lo suficientemente persuasiva. A estas alturas, sólo Andalucía, Cataluña, Galicia y Aragón han aprobado normas - ya sean leyes o decretos - específicas para simplificar sus trámites administrativos con la mirada puesta en los fondos europeos. Los gobiernos de Asturias y Extremadura también han maniobrado, pero únicamente para regular el funcionamiento de los órganos que asumirán la gobernanza de esos fondos, sin abordar la 'auditoría interna' y posterior desbroce administrativo que el Gobierno de España impulsa para que los fondos europeos discurran por una suerte de 'autopista administrativa'.
Otras autonomías como la Comunidad Valenciana han constituido un grupo de expertos para determinar las normas a remover; Castilla-La Mancha ha avanzado su intención de aprobar un vehículo legal; y otras aún no han dado señales de si pretenden hacer algo o no en este campo. Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, aseguran que ya han avanzado mucho camino en la supresión de cargas administrativas en los últimos años y que no ven necesario realizar una norma específica para el Fondo UE.
Un océano de dudas en torno a la ejecución de los fondos
Las prisas del Gobierno en acelerar la adaptación de la normativa autonómica contrasta con la falta de información respecto a cómo se va a realizar la distribución de los fondos e incluso de los mecanismos a través de los cuales se va a sustanciar la aplicación de los mismos. En la información oficial que se ha evacuado hasta la fecha la preasignación de fondos se ha realizado por áreas temáticas, no por territorios, y todavía es una incógnita cómo se van a canalizar los 10.793 millones de euros que los Presupuestos asignan a las comunidades autónomas para 2021.
Todo apunta a que la nueva Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, cuya creación ha estado envuelta en polémica desde el primer momento, jugará un papel esencial tanto en la distribución de esos fondos como en la coordinación de la ejecución de los mismos. El Gobierno apenas ha revelado hasta ahora algunos detalles, como que la transferencia de fondos hacia las comunidades autónomas se realizará a través de convenios-marco - en los que se fijarán unos determinados objetivos de cumplimiento- y que éstos estarán sujetos a evaluación hasta el punto de que habrá planes de inversión que puedan dejar de dotarse si no cumplen los objetivos previstos.
Casi todos los análisis de expertos sobre el asunto coinciden en que la coordinación entre los tres niveles de la Administración será clave para una buena aplicación de los fondos. En opinión de Nuria Arenas, socia de Broseta Abogados y responsable de asesoramiento a grandes proyectos, “los fondos a gestionar van a ser de tal cuantía que será necesaria la participación activa de todas las administraciones públicas, nacional, regional y local, para poder emplearlos adecuadamente y a tiempo. Aunque no estén participando de manera directa en la definición de los planes ante la Comisión Europea es esperable que en la gestión puedan tener un papel relevante, incluso en los grandes proyectos estratégicos, cuando éstos tengan una fuerte implantación regional”.
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