Gobierno uruguayo sufre nuevo golpe con procesamiento a dos de sus figuras

Jorge Figueroa

Montevideo, 4 abr.- El Gobierno uruguayo sufrió hoy una nueva sacudida por la liquidación de la aerolínea de bandera Pluna con el procesamiento sin prisión del presidente del principal banco estatal y de un exministro, a poco mas de medio año de las elecciones generales.

La jueza del crimen organizado Adriana de los Santos aceptó el pedido del fiscal Juan Gómez y procesó por abuso de funciones al presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Fernando Calloia, y al exministro Fernando Lorenzo (2010-2013).

Lorenzo renunció el pasado diciembre cuando fueron detenidos el argentino Matías Campiani, exgerente de Pluna, y los empresarios Sebastián Hirsch y Arturo Alvarez Demalde, procesados después con prisión preventiva por la quiebra de Pluna a mediados de 2012.

La dimisión del exministro fue comunicada por el propio presidente José Mujica, que entonces respaldó a Lorenzo y lamentó su salida del Gobierno.

Calloia, aún tocado por la investigación judicial, se mantuvo en el cargo y su procesamiento pone en una posición difícil al gobernante bloque izquierdista Frente Amplio (FA), que deberá decidir si le ratifica la confianza o cede a las presiones de la oposición que desde hace meses pide su destitución.

Apenas se conoció la decisión de la jueza, el senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional o "Blanco", el principal de la oposición, volvió a pedir su renuncia.

"Supongo que ahora Calloia renunciará a la presidencia del BROU. Está muy atornillado y agarrado al cargo", escribió en su cuenta en la red social Twitter.

El también senador y precandidato presidencial por el Partido Colorado, el segundo de la oposición, José Amorín Batlle, afirmó que con el caso Pluna el FA "permite la mayor vergüenza para Uruguay".

Visiblemente conmocionado al conocer la decisión judicial y arropado por varios miembros de la corriente política a la que pertenece dentro el Frente Amplio, como su sustituto en Economía, Mario Bergara, o la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, Lorenzo anunció que no apelará.

"Si bien fui durante toda mi vida un luchador, en este caso me resigno ante el poder de la fiscalía y el Poder Judicial", dijo al salir del juzgado Lorenzo, que es actualmente jefe de campaña de esa corriente.

Calloia, en cambio, se marchó del lugar sin realizar declaraciones.

Al final de la audiencia de este viernes, el portavoz del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, informó que la jueza del caso consideró que no era necesario encarcelarlos mientras son enjuiciados, porque no tienen antecedentes penales y "ya se han recabado todas las pruebas que eran necesarias" para el caso.

Además de Bergara y Kechichián, la presidenta del FA, Mónica Xavier, y senadores y diputados oficialistas llegaron hasta la puerta del juzgado para solidarizarse con los procesados.

Mientras tanto, expertos en derecho constitucional discreparon sobre si Calloia, presidente del principal banco estatal del país, está obligado ahora a renunciar a su cargo.

El BROU fue premiado como el "Banco del Año 2013 en Uruguay" por el Latin Finance y recientemente fue galardonado como el "Mejor Grupo Bancario del Uruguay 2013" por el World Finance.

El Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos señala que en caso de que un funcionario haya sido procesado por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, se dispondrá la "medida cautelar de separación del cargo" con "retención total de sus haberes (salario)".

En opinión del catedrático en derecho penal y exfiscal Miguel Langón "no hay dudas" sobre la interpretación del texto y Calloia "debe ser separado del cargo de forma preventiva e inmediata".

Sin embargo, el también experto en derecho constitucional Rúben Correa Fleitas consideró que en la medida en que el presidente del BROU fue procesado sin prisión "no tiene la ciudadanía suspendida hasta que haya sentencia de condena definitiva".

Calloia, "jurídicamente, puede seguir ejerciendo en su cargo" pero si al final del juicio, que puede demorar un año, hay una sentencia en su contra, debe abandonar su puesto, estimó el experto.

La pregunta que muchos se hacen ahora es cómo puede pesar este caso en las elecciones generales que se celebrarán el 26 de octubre, en las que las encuestas apuntan a que el expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010), del FA, conseguirá un tercer mandato consecutivo para la izquierda en el país.