La decisión de la agencia estadística europea, Eurostat, de incluir a la Sareb - la marca comercial del célebre 'banco malo' - dentro del perímetro de las Administraciones Públicas y, como consecuencia de ello, de 'cargar' el balance público con 35.000 millones de euros extra de deuda y algo más de 7.000 millones de euros de déficit ha animado al Gobierno a replantearse la disposición legal que establece la disolución inexorable de la sociedad en el año 2027. Fuentes del Gobierno explican que esta referencia se había incluido expresamente en la regulación de la entidad porque era uno de los requisitos que Eurostat exigía para que sus cuentas no consolidaran dentro del sector público, pero que toda vez que la agencia estadística europea ha obligado a España a meterla igualmente dentro del perímetro público no hay ya razón alguna para no reconsiderar una eventual ampliación de su ciclo vital a efectos de optimizar la gestión de los activos que aún tiene en cartera.
La sociedad creada por indicación de la Comisión Europea para sacar de los castigados balances de la banca española sus activos más tóxicos y de menor valor en el mercado tenía al cierre del ejercicio de 2019 en cartera activos de difícil colocación por valor de más de 32.000 millones de euros, repartidos en 19.400 millones en préstamos (alrededor de la mitad de los que tenía cuando nació en 2012) y 12.800 millones en inmuebles, de la cartera de 50.781 millones de euros que heredó de la banca. El ritmo al que se ha ido drenando esa mochila de activos tóxicos señalaba como imposible el objetivo de sacudirse toda esa carga antes de 2027 y de hecho desde la dirección de la sociedad se han ido deslizando mensajes en los últimos años respecto a la necesidad de ampliar ese plazo para poder cumplir con su mandato si no generando beneficios, sí minimizando las pérdidas que al cierre de 2019 rondaban los 7.000 millones de euros. La decisión de Eurostat ha eliminado el único obstáculo que impedía hacerlo y desde el Gobierno admiten que será una opción que tendrán que reconsiderar.
Entre tanto, la maniobra de Eurostat se va a traducir en un deterioro adicional de los datos de deuda pública y déficit público de España. Las estimaciones realizadas por el Gobierno apuntan a que la digestión de los 35.000 millones de euros deuda senior con aval estatal que la agencia estadística europea ha obligado al Gobierno a meter en su balance de cierre de 2020 dispararán la deuda pública española por encima del 120% del PIB, en un ejercicio en el que el buen hacer del Tesoro había conseguido dejarla por debajo del 118,8% recogido en las previsiones oficiales (117,1%); en tanto que el déficit público sumará en torno a una décima extra por los más de 7.000 millones de deterioro patrimonial que arrastra la sociedad tras nueve ejercicios consecutivos en números rojos.
El Gobierno ha intentado negociar con Eurostat para esquivar o al menos minimizar el impacto de la reclasificación de Sareb como entidad pública. Sin éxito. Perdida esa batalla ahora confía en que los daños no vayan más allá de una dañina e inoportuna penalización estadística, que empujará las ratios de deuda pública y déficit público al alza en un momento en que los ojos de los inversores y los organismos internacionales escrutan con especial interés esos parámetros en España. Para ello las fuentes gubernamentales consultadas depositan sus esperanzas en que la cartera de activos de Sareb sea suficiente para sufragar esos 35.000 millones en títulos de deuda pendientes de devolución con garantía del Estado, lo que significa que de no devolverse tendrían que ser cubiertos por las arcas públicas, y en que esa cartera no experimente una depreciación aún mayor que incremente el deterioro patrimonial de la sociedad y añada más déficit público.
No se prevé cambios en la configuración jurídica de la sociedad
El Estado es propietario, a través del FROB, del 45,9% de las acciones de Sareb, cuya mayoría accionarial está en manos privadas y singularmente en manos de tres grandes bancos: Santander, Caixabank y Sabadell. La decisión de Eurostat de responsabilizar al Estado del devenir de la sociedad ha abierto también el debate sobre la posibilidad de un giro estratégico en la gestión del 'banco malo', en un contexto además de especial presión política, incluso desde dentro del propio Gobierno, para fomentar políticas de vivienda social. El Gobierno descarta por el momento cualquier cambio en la configuración jurídica de la Sareb y en su actual modelo de funcionamiento.
Sin embargo, no oculta que hay elementos en su configuración y en la gestión que se ha realizado que han podido contribuir a agravar el problema con el que ahora tiene que lidiar el Estado. Mencionan por ejemplo que en el momento de su creación de subestimaron las dificultades que tendría gestionar unos 200.000 activos, que el organismo no sólo ha tenido que administrar, sino que en muchos casos se ha visto obligado a ordenar porque no estaban registrados, carecían de determinadas acreditaciones administrativas, estaban duplicados o ni siquiera estaban reconocidos; y como no el debate sobre el valor que se concedió a los activos en el momento de crear el banco malo, que no hay nadie en el sector inmobiliario que considere ajustado al valor de mercado que tenían entonces.
Desde el Gobierno se deslizan críticas también a determinadas decisiones de gestión adoptadas en su día por el equipo directivo de Belén Romana - predecesora del actual consejero delegado Jaime Echegoyen - como la contratación de los servicers Haya Real Estate, Servihabitat y Altamira para gestionar la cartera de activos de la sociedad, que se tradujo en un incremento exponencial de los costes operativos del 'banco malo' y sin un retorno equivalente en ventas, o la contratación del célebre 'swap' firmado en 2013 para protegerse ante eventuales subidas de los tipos de interés...justo antes de que Mario Draghi activara su política del 'whatever it takes' que desplomó los tipos de interés, lo que ha tenido un coste de 2.000 millones de euros para la sociedad.
Un gravoso cambio de criterio
Y todo esto por un supuesto cambio de criterio por parte de Eurostat a la hora de valorar la naturaleza de la sociedad. El Gobierno, que ha negociado hasta el último segundo para mantener el 'statu quo' de la Sareb a ojos de Europa, explica que cuando se creó el banco malo Eurostat aceptó su naturaleza privada a partir de una serie de requisitos: su capacidad para operar o decidir con autonomía respecto del Gobierno, la existencia de una mayoría accionarial privada, la garantía de que se dedicaría de forma exclusiva a la desinversión de activos y no a ninguna otra actividad, el compromiso de que no generaría pérdidas significativas y el imperativo de tener una duración limitada en el tiempo, que se fijó en el año 2027.
El incumplimiento de uno de esos requisitos - en concreto, el de no presentar pérdidas significativas - y un cambio metodológico que ha cambiado la forma en que Eurostat considera a las sociedades de desinversión de activos han terminado con la Sareb dentro del perímetro de lo público: una bomba de relojería con 35.000 millones de deuda pendiente de devolución, pérdidas anuales y una cartera repleta de préstamos impagados y viviendas con poco mercado con la que el Gobierno se verá obligado a lidiar durante los próximos años si quiere reducir ese agujero.
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