Acuerdo 'in extremis'

Gobierno y agentes sociales pactan la prórroga de los ERTE hasta septiembre

El Ejecutivo logra el apoyo de la patronal y los sindicatos a su propuesta para extender los expedientes con exoneraciones y la fuerza mayor hasta finales del verano.

AGENTES SOCIALES SMI
Gobierno y agentes sociales pactan la prórroga de los ERTE hasta septiembre

El Gobierno ha logrado alcanzar un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en condiciones favorables para empresas y trabajadores hasta el 30 de septiembre, según confirman a La Información fuentes del diálogo social. El pacto ha llegado tras semanas de intensas negociaciones y al límite de la fecha de caducidad de la fuerza mayor derivada de la pandemia que estaba fijada para el próximo martes, 30 de junio. Está previsto que Pedro Sánchez convoque un Consejo de Ministros extraordinario mañana mismo para dar luz verde al Real Decreto Ley que va a regular las nuevas condiciones para los ERTE y las exoneraciones de cotizaciones sociales correspondientes.

Solo faltaba la patronal. Los sindicatos ya habían dado su visto bueno a la última propuesta del Gobierno pero la CEOE, que celebraba hoy su Asamblea General, no había mostrado su apoyo hasta el filo de las tres de la tarde de este jueves. Finalmente, tras consultar con sus órganos de gobierno, los empresarios se han inclinado por el 'sí' con un "apoyo unánime" al planteamiento del Ejecutivo, según informan desde la confederación empresarial, " en tanto que presenta importantes avances respecto a la propuesta inicial", matizan. "Unanimidad absoluta de sectores y territorios", aclara un miembro de la cúpula de la patronal.

Desde la CEOE, eso sí, insisten en la necesidad de trabajar en negociaciones próximas para que "en el mes de septiembre podamos abordar cómo se afrontará el último trimestre del año, siempre con el deseo compartido por las partes de que para entonces se haya recuperado toda la actividad posible". En este sentido, hay que recordar que la última propuesta del Gobierno, bastante mejorada respecto a la anterior, según consideran los interlocutores sociales, incluye la posibilidad de que las empresas que se vean obligadas a paralizar su actividad ante un rebrote del virus en un territorio concreto puedan acogerse a ERTE por fuerza mayor con exoneraciones de hasta el 80% para las plantillas de menos de 50 trabajadores y del 60% para las compañías más grandes.

Además, el Gobierno ha accedido a mantener la causa de fuerza mayor total durante los meses de verano, de manera que las empresas que sigan sufriendo importantes restricciones a la actividad, con el foco puesto en el sector turístico especialmente, puedan mantenerse en ERTE disfrutando de exenciones en las cotizaciones sociales del 70% en julio, el 60% en agosto y el 35% en septiembre, siempre que tengan menos de 50 trabajadores. Las compañías de mayor tamaño, por su parte, tendrán bonificaciones del 50% en julio y del 40% y 25% en los dos meses siguientes, respectivamente.

En paralelo, el Ejecutivo va a mantener la denominada fuerza mayor parcial para las empresas que vayan reanudando parte de la actividad y reincorporando trabajadores del ERTE progresivamente y también va a facilitar el tránsito a ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los denominados ETOP, que por primera vez también van a disfrutar de rebajas en las cotizaciones. En concreto, para ambos tipos de expedientes se mantienen las mismas exoneraciones durante los meses de julio, agosto y septiembre, y serán del 60% para los empleados que vuelvan a su puesto de trabajo y del 35% para los que sigan en el ERTE en empresas de plantillas inferiores a 50 personas y del 40% y el 25% en las más grandes.

El Gobierno mantiene así su filosofía de otorgar mayor apoyo público a los costes laborales relacionados con los trabajadores que recuperan la actividad y exonerar en menor porcentaje las cotizaciones de aquellos a los que la empresa sigue manteniendo en el ERTE. Se trata de una forma de premiar a los empresarios que se vuelven a poner en marcha y es una fórmula que no comparten los sindicatos, que consideran que se debe proteger más a los empleados que siguen en suspenso, pero defendida desde el área económica del Gobierno, especialmente por la vicepresidenta Nadia Calviño y por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que señalan que este modelo de exoneraciones ha permitido reincorporar ya a más de un millón de trabajadores de los 3,4 millones que llegó a haber en ERTE en el pico de abril.

Hay elementos novedosos respecto a la anterior prórroga de los ERTE (la que los alargó hasta el 30 de junio), como la prohibición a las empresas inmersas en estos procesos de hacer horas extra, realizar nuevas contrataciones o externalizar servicios, pero el planteamiento del Gobierno es el mismo en lo que se refiere a los vetos a determinadas empresas a la hora de acceder a las ayudas. Por ejemplo, no se permite acogerse a los ERTE a las compañías que tengan su domicilio en paraísos fiscales y las que se acojan no podrán repartir dividendos, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social.

Prohibido despedir, con excepciones

Además, el Ministerio de Trabajo mantiene sus restricciones a los recortes de plantilla, caballo de batalla de Yolanda Díaz en estas negociaciones, frente a una patronal que ha presionado al máximo para flexibilizar los compromisos de mantenimiento del empleo impuestos ante unas previsiones poco halagüeñas para los próximos meses. De este modo, se extenderá la prohibición de los despidos por causas objetivas y de la finalización de los contratos temporales hasta el 30 de septiembre. Y también se mantiene la 'cláusula de salvaguarda del empleo' que obliga a las empresas a mantener intactas a las plantillas afectadas por el ERTE durante los seis meses posteriores a la finalización del mismo, salvo en casos en riesgo de concurso de acreedores y algunas excepciones en función de las características de los sectores o, por ejemplo, en despidos disciplinarios.

Por último, Díaz ha recuperado la comisión de seguimiento tripartita que había eliminado en su oferta anterior y que era clave tanto para los empresarios como para los sindicatos para poder fiscalizar la evolución de las medidas de flexibilidad adoptadas y su posible extensión más allá del 30 de septiembre. De este modo, "se abre la puerta a continuar con los expedientes hasta que acabe el año", interpretan desde el diálogo social. También está prevista la constitución de una mesa de diálogo "con el objetivo de alcanzar un pacto que incorpore medidas tendentes a la recuperación del nivel de empleo previo a la crisis".

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