Martes, 18.06.2019 - 15:45 h
Acuerdo 'in extremis'

Gobierno y Podemos pactan en vivienda... pero aplazan el índice de precios a otoño

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto de medidas urgentes que limita las subidas del alquiler según la inflación.

Irene Montero y José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados.
Gobierno y Podemos pactan en vivienda... pero aplazan el índice de precios a otoño. / EFE

Han apurado las negociaciones hasta el último minuto, pero finalmente el Gobierno y Podemos han llegado a un acuerdo sobre vivienda. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, en el que se da un plazo de ocho meses para elaborar un sistema de índice de precios, aunque se renuncia a limitar las subidas de rentas de alquiler -una medida que en un principio era condición 'sine qua non' para la formación morada, pero en la que finalmente han cedido-. 

Varios días de negociaciones, con idas y venidas, pero "por el buen camino", tal y como señalaban fuentes de la formación de Pablo Iglesias a La Información el pasado miércoles, han llegado a buen puerto. Un nuevo Real Decreto que tratará de mitigar, según sus creadores, el alza de los precios de la vivienda, sobre todo, en el mercado del alquiler. 

Entre las mejoras más destacadas que se incluyen en este documento y que no aparecían en el anterior destacan las bonificaciones de hasta el 80% en el IBI para inmuebles en alquiler de vivienda habitual cuya renta sea inferior al índice de precios de los contratos de vivienda en alquiler. 

En cuanto a los precios, el documento señala que cuando no haya pacto entre las partes para la actualización anual de la renta, el Real Decreto recoge que el incremento producido como consecuencia de la actualización no podrá exceder la variación del último IPC publicado en la fecha de revisión. 

Un índice que lleva sobre la mesa desde el primer día de negociaciones pero que, salvo en este aspecto, no será vinculante. Es decir, los precios no se podrán topar como exigían los morados, un balón que pasa ahora a manos de comunidades autónomas y ayuntamientos que deberán, de acuerdo con la legislación, trabajar en este área. Para ello, se establece la posibilidad de creación de sistemas de índices de referencia autonómicos a los efectos de diseñar las políticas y programas públicos en materia de vivienda en cada ámbito territorial.

Para crear este instrumento, se establece un plazo de ocho meses. La Administración deberá, "a través de un procedimiento sujeto a los principios de transparencia y publicidad", poner en marcha la creación del índice, eso sí, a partir de noviembre, lo que supone pasar el balón al Ejecutivo que salga de las próximas elecciones del 28-A. 

Otra de las novedades tiene que ver con los desahucios. A partir de ahora los juzgados tendrán la obligación de evaluar la vulnerabilidad de los afectados y poner, ellos mismos, en conocimiento de los servicios sociales los procesos de desahucio si detectan que existe tal problema. En el anterior texto, era el desahuciado el que podía informar a estos servicios para que comenzase todo el proceso. Un procedimiento desconocido para muchos y que no era útil. En este mismo sentido, se ha aumentado el tiempo de aplazamiento del desalojo en caso de que el propietario de la vivienda sea una persona jurídica, pasando de dos a tres meses. 

Y la novedad más importante para Podemos, la aprobación del nuevo Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda terminará con los desahucios abiertos, es decir, los que se producen sin fecha ni hora fijada y de forma imprevista para el arrendatario. 

Mantiene medidas del texto anterior

Pero no todo son novedades. El nuevo texto del Real Decreto también mantiene otras medidas que ya estaban incluídas en el que se aprobó a finales de diciembre y se tumbó en su convalidación en el Congreso de los Diputados por la propia formación morada. Entre ellas, la duración de los contratos y las prórrogas, la posibilidad de que los ayuntamientos puedan bonificar mediante ordenanza fiscal hasta el 95% del IBI para inmuebles con renta limitada y la limitación a dos mensualidades de la renta de alquiler la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza. 

Por otro lado, vuelve a establecer que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato serán a cargo del arrendador cuando este sea persona jurídica y exceptuando los casos en los que el servicio haya sido contratado por iniciativa directa del arrendatario. 

También mantiene, al igual que en el anterior Real Decreto, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos -que ya anunciase hace meses la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto- para que se requiera el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación a la hora de realizar cambios en las normas de la comunidad de propietarios sobre las viviendas turísticas. Esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda turística, "siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%". "Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos", apunta el nuevo texto.

Las quejas de Podemos

Pese a no estar 100% conformes, la formación de Pablo Iglesias ha decidido que apoyará este documento. En concreto no les convence que la propuesta no incluya una disposición transitoria para los contratos en vigor, por lo que los ya existentes no podrían acogerse a las nuevas normas. Del mismo modo, tampoco han sido atendidas por Fomento las reclamaciones que indicaban la necesidad de contemplar una solución habitacional para los desahucios, por lo que la formación morada considera la nueva propuesta insuficiente en estos puntos.

Pese a la aprobación por parte de la formación morada, los de Pablo Iglesias recalcaron que "son insuficientes" y que la norma "no pincha la burbuja". Unas declaraciones en la línea de la opinión del conjunto morado que, durante las negociaciones, no estaba del todo conforme con lo que les ofrecía el Gobierno por ejemplo en materia de desahucios o de los contratos a los que afectarían los cambios. 

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