Los gobiernos autonómicos están exprimiendo la ventana de oportunidad que se les ha abierto con el abaratamiento de la financiación bancaria para quitarse de encima los préstamos firmados con la Administración del Estado allá por 2015, 2016 o 2017, que entonces ofrecían unas condiciones significativamente mejores a las del mercado pero que ahora se han convertido en un lastre financiero. El movimiento, que básicamente está sustituyendo las deudas con el Estado por endeudamiento bancario en unas mejores condiciones financieras, se inició en 2019 pero se aceleró el año pasado, que según la información oficial publicada por el Ministerio de Hacienda se convirtió en el primer ejercicio desde que se iniciara el rescate financiero del Estado a las comunidades autónomas en que las deudas pendientes por este rescate han experimentado una reducción.
El saldo vivo de la deuda autonómica con el Estado no había dejado de crecer desde que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy habilitara el Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para impedir que el desplome de los ingresos fiscales autonómicos y el cierre de los mercados de deuda para los emisores españoles arrastraran a la quiebra a un buen puñado de comunidades autónomas. En 2019 ese saldo alcanzó un máximo de 180.170 millones de euros. En 2020, por el contrario, bajó por primera vez en casi una década hasta los 178.865 millones, según la información recogida en las cuentas de 2020 del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas que se acaba de hacer pública.
Lo hizo al compás de una oleada de amortizaciones anticipadas de préstamos del Estado por parte de las comunidades autónomas, como reconoce el propio Ministerio de Hacienda en el informe sobre las cuentas del fondo en 2020. En 2019 nueve comunidades autónomas ya iniciaron ese camino y se desembarazaron antes de tiempo de 5.273 millones de euros de préstamos del Estado aprovechando el favorable contexto financiero y su mayor margen de maniobra para obtener financiación en los mercados de capitales. El año pasado ese movimiento se disparó.
El Gobierno se resiste a proporcionar la cifra concreta del volumen de deuda que los gobiernos autonómicos han cancelado a lo largo de 2020, pero la información pública disponible aporta indicios de que la magnitud del movimiento ha superado holgadamente la cifra amortizada en 2019. Uno de esos indicios es la partida de 'devolución de aportaciones' del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, que consolida entre otras cosas "las cantidades procedentes de las amortizaciones anticipadas ingresadas por las comunidades autónomas" y que el año pasado experimentó un crecimiento cercano al 2.000% hasta superar los 18.000 millones de euros, principalmente, explica Hacienda, por los pagos anticipados realizados por los gobiernos autonómicos.
Fuentes del Ministerio de Hacienda aclaran no obstante que esta partida incluye también otros conceptos y que esos 18.000 millones de euros no reflejan el volumen de amortizaciones anticipadas realizadas por las CCAA. Otro indicio viene de la información que proporciona el Banco de España y que desde hace unos 30 meses muestra un crecimiento constante de los préstamos de la banca al sector público a un ritmo que no se había visto desde la crisis y que ha hecho crecer el saldo vivo de las deudas bancarias del sector público desde los 153.000 millones hasta los 196.000 millones.
Un buen negocio para las CCAA y también para el Estado
No hablamos de un asunto menor. De hecho, hablamos de una de las cifras que más preocupan a agencias de rating, analistas e inversores extranjeros en relación a la salud financiera de España. Fuentes próximas al Ministerio de Hacienda confirman el carácter extremadamente sensible de esta información, ya que de alguna forma permite distinguir entre comunidades autónomas 'sanas' y comunidades autónomas 'enfermas' desde el punto de vista financiero. Aquellas que consiguen amortizar deuda de forma anticipada lo hacen porque pueden conseguir recursos en los mercados de capitales o porque tienen abiertas las puertas de la financiación bancaria, mientras que las que no consiguen ese acceso podrían quedar señaladas.
La información pública que proporciona el Ministerio de Hacienda deja poco lugar a la duda. El año pasado la Comunidad de Madrid se convirtió en la primera comunidad autónoma que quedó totalmente liberada de la asistencia financiera del Estado tras cancelar los dos préstamos por valor de 1.153 millones de euros que suscribió con el Fondo de Facilidad Financiera - el escalón inmediatamente anterior al fondo de rescate del FLA - en los años 2013 y 2015. A esa misma altura, la deuda viva de Cataluña con el Estado se incrementó hasta los 63.615 millones de euros, un nuevo récord.
En 2020, siete comunidades autónomas consiguieron reducir su mochila de deudas pendientes con el Estado: la propia Comunidad de Madrid, Canarias, Galicia, La Rioja, Baleares, Andalucía y Extremadura. Se aprovecharon del entorno de tipos al 0% en el que vive Europa, pero también de la sobrefinanciación recibida a través del Fondo Covid habilitado por el Estado para hacer frente a los gastos asociados a la pandemia y que impulsó el año pasado hasta el superávit las cuentas de nueve comunidades autónomas, proporcionándoles margen para este tipo de operaciones.
Fuentes del área económica del Gobierno admiten las ventajas de este tipo de operaciones, que por un lado reducen las necesidades de endeudamiento del Estado - al reducir la deuda autonómica que tienen que financiar - y por otro permiten a las comunidades autónomas no sólo reducir sus gastos financieros, al refinanciarse esas cargas con financiación bancaria más económica, sino también mejorar su reputación ante los inversores.
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