Cuando solo queda un puñado de días para que venza el plazo que el Ministerio de Hacienda se dio a sí mismo (el próximo 21 de abril) para repartir entre las comunidades autónomas los 7.000 millones de euros en fondos no reembolsables para apuntalar la solvencia de las empresas de los sectores más castigados por la crisis, el pulso entre el Gobierno y las comunidades autónomas respecto a cómo aplicar esos fondos sigue sin resolverse. Los gobiernos autonómicos exigen más flexibilidad en la aplicación de las ayudas bajo el argumento de que la lista de 95 sectores definida en su momento por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, a partir del doble criterio del número de trabajadores inmersos en ERTE y el porcentaje de reactivación de los mismos, no soluciona la situación de sectores de importancia estratégica para sus territorios y cuyo rescate entienden como urgente.
En los contactos multilaterales que las comunidades autónomas están manteniendo entre ellas y con los responsables del Ministerio de Hacienda para tratar de encontrar una solución a esta situación dos alternativas se han empezado a perfilar como las más plausibles, al menos desde el punto de vista de las comunidades autónomas. La primera de ellas, cuya concreción es la que se ve como más probable tanto por las comunidades autónomas como por el Gobierno, es retocar el Real Decreto que regula la distribución de las ayudas directas a empresas para o bien ampliar la lista de 95 sectores definida en su momento por el ministerio de Nadia Calviño o bien habilitar la posibilidad legal de que un porcentaje de esos 7.000 millones en fondos no reembolsables pueda orientarse hacia empresas de sectores no incluidos en los CNAE incluidos en el Real Decreto, pero que sean considerados como estratégicos por los diferentes territorios.
La propuesta concreta que se ha planteado por varios gobiernos autonómicos es la posibilidad de reservar entre un 10% y un 15% de los fondos asignados a cada comunidad autónoma para que éstas puedan atender las necesidades de sectores de especial relevancia económico o social en sus territorios sin tener que sujetarse al corsé sectorial impuesto por el Real Decreto. Autonomías como La Rioja, cuyo sector bodeguero quedó fuera del listado, o la Comunidad Valenciana, a la que le ocurrió lo mismo con su estratégico sector del calzado, están apretando al Gobierno para abrir la mano en este asunto, en el que también se han implicado Baleares, Canarias, Castilla La Mancha y la práctica totalidad de las comunidades autónomas, que entienden que la lista de sectores elaborada desde el Gobierno Central no ha atendido a las necesidades específicas de su tejido productivo.
El principal obstáculo que presenta esta opción es de procedimiento. Modificar las condiciones de reparto de los fondos entre las empresas exige cambiar el Real Decreto 5/2021, que ya ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados y que afronta ahora su preceptiva tramitación parlamentaria. Podría hacerse mediante la modificación del texto en otro Real Decreto de igual rango legal, pero ese apaño abriría un foco de inseguridad jurídica, ya que haría que prácticamente en paralelo dos normas diferentes que regulan lo mismo estuvieran tramitándose a la vez en el Congreso. Pese al embrollo legal que esto podría desencadenar, fuentes del Gobierno admiten que se está estudiando esta posibilidad y que incluso se ve con buenos ojos para satisfacer las reivindicaciones de las autonomías y garantizar la rápida distribución de esos fondos, que es el gran objetivo del Gobierno una vez ya se ha aprobado el tan esperado mecanismo de ayuda directa a la solvencia empresarial.
La otra posibilidad que los gobiernos autonómicos han puesto encima de la mesa es la utilización de los convenios que el Ministerio de Hacienda tiene que firmar con todas y cada una de las comunidades autónomas para adaptar en ese documento las ayudas a las necesidades específicas de cada territorio. Fuentes del Ministerio de Hacienda subrayan que esta opción está descartada por ser inviable jurídicamente. Recuerdan que los precedentes, que los hay, de casos en que el Gobierno ha corregido o reorientado las disposiciones establecidas en un Real Decreto Ley a través de un vehículo de menor rango jurídico el asunto ha acabado mal, con la anulación de la medida por parte del orden administrativo o judicial. Otra cosa, matizan desde el ministerio de María Jesus Montero, es que se module la redacción d esos convenios de forma lo suficientemente laxa como para garantizar el encaje de los posibles cambios legales que se pudieran aprobar a posteriori.
Un problema pendiente de resolver
La situación a día de hoy es de incertidumbre. Las fuentes gubernamentales consultadas coinciden en la necesidad de ampliar el radio de acción del fondo de apoyo a la solvencia empresarial para desbloquear el conflicto con los gobiernos autonómicos, que a día de hoy aseguran no estar en disposición de distribuir los fondos que van a recibir de la Hacienda del Estado por la indefinición de los criterios de reparto y su oposición al perímetro sectorial definido desde Madrid. Sin embargo, no coinciden en la forma de dar respuesta a este problema.
La Vicepresidencia de Asuntos Económicos se inclina por dejar cualquier modificación del Real Decreto en cuestión al cauce ordinario, es decir, a la tramitación parlamentaria del texto como proyecto de ley. Su posición tiene el problema para las comunidades autónomas de que retrasaría varios meses cualquier cambio en la configuración actual del fondo, ya que no entraría en vigor hasta su aprobación definitiva como proyecto de ley. La vicepresidenta Calviño ha dejado clara desde el principio su posición de que se trata de un fondo de carácter nacional y que debe ser distribuido con unos criterios uniformes en todo el territorio, y tampoco ha tenido reparos en instar a las comunidades autónomas a configurar sus propios fondos de ayudas directas para atender a las necesidades específicas de cada territorio.
En otros departamentos del área económica del Gobierno se aboga por ser más proactivo y por abordar lo antes posible las modificaciones que sean necesarias para garantizar el mejor uso de los fondos...y también su aplicación más inmediata. Fuentes de ese ámbito trasladan su convicción de que el Gobierno acabará modificando por la vía rápida el texto del Real Decreto para ampliar los sectores susceptibles de percibir las ayudas directas y que esto se ejecutará más pronto que tarde.
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