El tope al alquiler será una realidad en Cataluña. Tras su entrada en vigor el pasado 26 de mayo surgieron dudas sobre qué zonas del país aplicarían esta medida al ser competencia directa de cada Comunidad Autónoma. Con el resultado de las elecciones municipales y autonómicas y el giro hacia el Partido Popular, muchos análisis indicaron que la normativa de Pedro Sánchez quedaría en el aire. Sin embargo, aún existen comunidades que la tendrán en cuenta. Ahora el Govern catalán ha indicado que se encuentra en fase de actuación preparatoria para comenzar a definir las zonas tensionadas para delimitar los precios del alquiler.
Según indicaron desde Cataluña, este trámite previo es "necesario para declarar las zonas de mercado residencial tensionadas en aquellos ámbitos territoriales donde existe un riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible". Así lo ha explicado la Generalitat en un comunicado este martes, tras la reunión del Consell Executiu.
La Generalitat también ha reclamado por carta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) la homologación del índice de referencia de los precios del alquiler catalán, "que está vigente y plenamente operativo y que será el indicador base para aplicar la regulación".
Expertos han explicado a este periódico que tras las elecciones la aplicación de la Ley generará desigualdad entre comunidades. Por ejemplo, la directora general adjunta de España para Masteos, Beatriz Toribio, indicó que con los resultados electorales, la normativa tendría "prácticamente unos días de vida y nace muerta porque el PP ya ha dicho que no va a aplicar en las regiones donde gobierna. Ha sido tal el vuelco electoral, que más allá de Asturias, veremos lo que ocurrirá finalmente en Barcelona o Castilla-La Mancha donde sí se dice que se aplicará".
Lo mismo ocurre con el ámbito de la definición de los grandes tenedores. Porque “el avance de los partidos en los gobiernos autonómicos que se han mostrado contrarios a la aplicación de la ley dibuja un escenario de mayor desequilibrio territorial y evidencia la realidad de una ley aprobada sin consenso”, comentó la presidenta de la Federación Asociaciones Empresas Inmobiliarias (Fadei), Montserrat Junyent. Por esta misma razón, el portavoz y responsable de Asesoría Jurídica de los API en Catalunya, Carles Sala, mostró la misma opinión asegurando que la normativa aprobada por el Gobierno “lo único que va a generar son desigualdades territoriales".
Datos entregados por Fotocasa Research, indican que el 0,3% de los propietarios particulares de vivienda en España tiene cinco o más pisos. En sólo un año creció del 0,1%, lo que indica que los propietarios particulares que poseen más de cinco viviendas en España se ha incrementado un 200% en el último año. El mismo estudio asegura que la comunidad que más propietarios con este número de inmuebles es Cataluña con 0,6% del total. Por lo que la aplicación de zonas tensionadas por parte del Govern dará paso a que la CCAA defina si delimita a estos grandes propietarios.
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