A falta de un día para que terminara el 'fatídico' año 2020, el Consejo de Ministros publicaba un real decreto que incluía un nuevo organismo dentro de la Administración General del Estado (AGE), la 'Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia'. Unas semanas después, uno de los hombres de confianza del presidente Pedro Sánchez y actual director del departamento de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, aseguró en un entrevista a Toni Roldán, director de EsadeEcPol (un think tank de políticas económicas), que esta nueva institución iba a tener una "dotación muy importante de funcionarios expertos en fondos europeos y licitaciones y que se encargará solo de los nuevos fondos Next Generation". Una afirmación que parece estar lejos de la realidad.
La Secretaría General de Fondos Europeos -que depende de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos- es el organismo encargado de canalizar los 140.000 millones de euros que la Unión Europea ha destinado a España en los fondos Next Generation. Esta 'colosal' cantidad no se ha materializado en una única transferencia, sino que se llevará a cabo durante los siguientes años. Así, en los próximos tres ejercicios (2021-2023), España podrá recibir transferencias de este programa por un importe máximo de 71.604 millones a través dos grandes instrumentos de inversión a fondo perdido: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que aglutinará 59.168 millones de euros, y el React-EU, que sumará hasta 12.436 millones.
La primera cantidad desembolsada por parte de Europa -una prefinanciación de 9.000 millones- llegó a finales de verano. Dentro de esta secretaría hay dos direcciones, la dirección general de Fondos Europeos -encargada de gestionar los fondos estructurales, que se transfieren cada seis años, y que van destinados a partidas relacionadas con la pesca, el desarrollo regional y rural o proyectos sociales- y la dirección general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (antes mencionada), que se encarga de dirigir los miles de millones aprobados por la UE a raíz de la pandemia de la Covid.
En esta última dirección "trabajan actualmente 40 funcionarios", confirman fuentes del Ministerio de Hacienda a La Información. Sin embargo, del total, solo hay 18 que son altos funcionarios (A1), es decir, que se encuentran entre los niveles 20 y 30. Para más inri, puede que de ese número haya algún A2, que haya escalado puestos con el paso de los años. El resto pertenece a niveles muy inferiores, como pueden ser B1, B2 o C1.
Aún así, la plantilla resulta escueta y alarma si lo comparamos con la cantidad de funcionarios que hay en la otra dirección general, que tiene un presupuesto menor (con 35.000 millones), y que cuenta, según fuentes del ministerio, con hasta 154 funcionarios. Un dato que se vuelve incluso más sorprendente si lo comparamos con el anuncio que lanzó el Govern catalán el pasado 28 de septiembre sobre el "refuerzo" de su estructura "con 125 nuevas plazas de funcionarios para gestionar los fondos Next Generation".
Además, en la dirección del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia hay, según indica el portal de transparencia del Gobierno, hasta 42 vacantes para diversos puestos: que van desde jefes de área o de servicio hasta subdirectores adjuntos o directores de programa. Lo que incita a pensar que esas plazas están hoy cubiertas por personal laboral o interinos. Un panorama que choca con otros organismos del Ministerio de Hacienda, que tienen prácticamente todos sus puestos sin vacantes, como el Tribunal Económico Administrativo Central, la Dirección General del Catastro, la Dirección General de Tributos, la Oficina Nacional de Auditoria e, incluso, la otra dirección adjunta a la Secretaria General de Fondos Europeos.
La directora general de este 'polémico' organismo es Rocío Frutos Ibor, que pertenece al cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y que fue jefa de la unidad de apoyo del director general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional cuando el popular Luis de Guindos estaba al cargo del Ministerio. El organigrama se completa con cuatro subdirecciones -con un subdirector en cada una de ellas- y una Unidad de Apoyo, donde está María Raquel González Peña, que el 13 de julio de este año fue cesada por el ministro Escrivá como subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Según Hacienda, esta nueva dirección general tiene hasta 25 funciones. Entre ellas destacan las siguientes: ofrecer soporte técnico a los ministerios, organismos, comunidades autónomas, entidades locales y resto de entidades implicadas en el diseño del Plan, la propuesta de hitos y objetivos con su posterior supervisión, todas las actuaciones necesarias para la finalización y cierre del Mecanismo de Recuperación Resiliencia, la coordinación con la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) o el seguimiento de la ejecución del plan en términos presupuestarios.
Durante aquella entrevista, De la Rocha se mostró incómodo al responder a las preguntas relacionadas con la 'ingente' cantidad de capital humano que sería necesario para movilizar los miles de millones procedentes de Europa, y durante la misma, no solo el entrevistador, sino que también los usuarios que estaban conectados, incidieron con preguntas en ese sentido. De la Rocha sentenció explicando que La Moncloa y aquellos ministerios con más gasto también iban a reforzar sus unidades en relación al seguimiento de los fondos y, por último, animó a las comunidades autónomas a que siguieran su ejemplo para evitar "cuellos de botella". Sin embargo, según los datos hoy disponibles, quien parece que ha comenzado a estrechar esa botella es el propio Gobierno.
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