En Estados Unidos llaman la 'gran renuncia' al retiro masivo y voluntario de cientos de miles de trabajadores durante la pandemia del coronavirus, muchos por miedo, bastantes por hartazgo, y otros con el objetivo de blindarse económicamente con prestaciones de desempleo cada más cuantiosas y con nuevos y generosos subsidios en un mercado laboral cada vez más precario y con menores sueldos. La tasa de paro se ha triplicado durante la pandemia y llegó a situarse en un histórico 15%. Mientras, casi 12 millones de estadounidenses han estado recibiendo una ayuda de 300 dólares, que desapareció el pasado 6 de septiembre, y las empresas ofrecen diez millones de puestos vacantes.
La paradoja de un mercado que no encuentra trabajadores en determinados sectores, en un contexto de aumento masivo del número de parados, se replica, aunque en menor intensidad que en EEUU y por razones diversas, en la mayor parte de los países desarrollados, desde España, pasando por Canadá y el Reino Unido del Brexit, a Chile, con problemas similares a los de nuestro país. La mitad de los estadounidenses quiere retirarse a los 62 años, la edad legal mínima, pese a que recibirán prestaciones prácticamente de subsistencia, que deberían haber complementado, aunque no todos pueden hacerlo, con planes privados. En España, los funcionarios, sobre todo sanitarios y profesores, han adelantado sus planes de jubilación tras sus duras experiencias durante la pandemia.
La Covid ha anticipado cambios necesarios y positivos en el mercado laboral, como el teletrabajo, que ha venido para quedarse en determinadas áreas; y la reducción de jornadas, que se han demostrado eficaces en pequeña escala para incrementar la productividad. Sin embargo, en España, con una tasa de de desempleo de alrededor del 15%, a pesar de que ya se han recuperado casi nueve de cada diez puestos perdidos durante la pandemia, la agricultura, la construcción e incluso la industria y la hostelería siguen ofertando cientos de miles de empleos que no son posible cubrir.
Los flujos migratorios, fundamentales para garantizar las pensiones, se han frenado. Faltan albañiles, peones, encofradores y, también, temporeros
Las restricciones fronterizas y el frenazo de los flujos migratorios, que son imprescindibles para garantizar las pensiones futuras en un país envejecido como España, han dejado tocado el empleo, sobre todo en sectores con sueldos bajos. No hay albañiles, peones, encofradores y temporeros. La patronal de la construcción, que también habla de perfiles técnicos, que no encuentra por los desajustes formativos-laborales que el Gobierno tratará de solucionar en parte con el impulso de la Formación Profesional, necesita trabajadores en la parte salarial baja para llevar adelante al 'boom' inmobiliario y de la construcción, que se generará con los millonarios fondos europeos y por la creciente demanda de vivienda postCovid.
La patronal Asaja Albacete advierte de que en muchas provincias la impotencia y preocupación laboral no está causada por la falta de empleo y sí por la escasez de mano de obra temporal para hacer frente a las campañas agrícolas anuales. Detrás de esta ausencia de trabajadores señalan que están los planes de empleo de ayuntamientos, que ocupan a desempleados que llegan a recibir sueldos brutos de 1.500 euros, aunque sea de forma puntual. También responsabilizan a las políticas de subsidios, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que fomentan que "sea preferible quedarse en casa a tener que ir a trabajar al campo".
"La Administración debería quitar las prestaciones a los que rechacen un empleo. Mucho trabajadores intentan sin éxito para seguir cobrando las prestaciones que el agricultor no los dé de alta", denuncian. A esta situación hay que añadir la falta de migrantes, que hasta ahora tenían un peso muy importante en el sector. Además apuntan la fuga de la mano de obra habitual en la agricultura a otros sectores como la hostelería o la construcción mejor pagados y con exigencias laborales menores que el campo.
España ha creado casi 500.000 empleos a mitad de año y se han recuperado un millón de empleo con respecto al mismo periodo de 2020. Pese a todo, aún hay un cuarto de millón de trabajadores acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y el número de subsidiados por el Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) ronda los 1,2 millones, fundamentalmente mayores de 52 años y con pocas opciones de volver a trabajar.
Los subsidios, el IMV y los planes de empleo público están detrás de la falta de trabajadores en el campo, según la patronal agraria Asaja
Por su parte, la construcción, un sector que crecerá en los próximos meses entre un 8% y un 10% por la obra nueva y la rehabilitación y que ocupa a cerca de 1,4 millones, ha perdido la mitad del empleo que tenía antes de comenzar la crisis de 2008. Con sueldos de 1.900 euros brutos, muchos de los actuales camareros, peor pagados y con salarios menores, cambiarán de empleo, pero no se cubrirán todas las vacantes actuales, que los empresarios sitúan en torno a 700.000. Durante el 'boom' inmobiliario, la construcción se nutrió fundamentalmente de mano de obra extranjera. Los fondos europeos para la recuperación recaerán en un elevado porcentaje en el sector y más de 40.000 millones deberán utilizarse hasta 2023, lo que provocará una reactivación a la que se tendrá que hacer frente con masivas contrataciones.
La incertidumbre ante la reforma del sistema de pensiones en marcha ha propiciado un incremento de las jubilaciones anticipadas, pese a las penalizaciones, pero sobre todo los retiros en el sector público, donde los funcionarios de Clases Pasivas pueden jubilarse con 60 años. Pero no solo los cambios previstos por el Gobierno han desencadenado esta situación, ya que buena parte de estas altas tienen que ver con la angustia laboral generada por la Covid, sobre todo entre docentes y sanitarios y también efectivos que atienden al público. El 'cansancio' y las dudas ante la reforma han forzado un aumento de las altas de jubilación en el primer semestre del año superior al 41%.
Los funcionarios, a diferencia de los empleados sometidos al Régimen General y el de Autónomos, pueden acceder al retiro anticipado voluntario a partir de los 60 años, acreditando 30 años trabajados en la Administración y no es necesario que estén en activo, por lo que pueden incluso coger una excedencia en su última etapa de vida laboral y llegar de esa forma a la jubilación. La excepción son los profesores universitarios, magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales y registradores de la propiedad, cuyo retiro forzoso es a los 70 años, aunque pueden hacerlo cinco años antes justificando 15 años en el sector público.
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