Atenas, 19 nov.- El Gobierno griego es optimista sobre la concesión de un nuevo tramo del rescate, a pesar de las diferencias entre Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la estrategia que garantice la sostenibilidad de la deuda helena.
"Somos optimistas y estamos luchando por ello. Esperamos que el Eurogrupo tome una decisión mañana", explicó a EFE una fuente del Ministerio de Finanzas.
El titular económico del Gobierno griego, Yannis Sturnaras, viajará esta tarde a Bruselas para participar en la reunión de mañana.
Aunque ayer no se quiso pronunciar sobre la concesión del nuevo tramo, de 31.500 millones de euros, Sturnaras dijo que Grecia está "preparada" para la reunión en la que espera luz verde de los socios comunitarios.
En este sentido, el Ejecutivo culminó hoy algunas de las exigencias de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) para el desembolso de la nueva financiación, esperada en Atenas desde el verano y necesaria para la recapitalización de los bancos.
Una de las últimas medidas aprobadas garantiza al Ministerio de Finanzas poderes extraordinarios para supervisar al resto de los ministerios, en los que se instalará un inspector encargado de vigilar sus cuentas si no consiguen cuadrar los objetivos de déficit durante dos trimestres seguidos.
Por otro lado, hoy es la fecha tope para que los Ayuntamientos envíen la lista de empleados públicos candidatos al despido dentro del programa del gobierno de reducir en 2.000 plazas el funcionariado hasta final de año.
Sin embargo, varios municipios se han negado a suministrar los datos, por lo que está siendo el Ministerio de Reforma Administrativa el que, de forma centralizada, elabora las listas de despidos.
El Gobierno griego, por el momento, no ha tomado parte públicamente en el tema de la división surgida entre sus acreedores respecto a la deuda.
El FMI apuesta por una reestructuración de los bonos en manos de las instituciones oficiales y mantener el objetivo de reducir la deuda griega hasta el 120 % en 2020 desde el 190 % que alcanzará el próximo año.
En cambio, la UE y, especialmente el BCE, se oponen a ver recortados los títulos helenos en su posesión y prefieren ampliar en dos años, hasta 2022, el plazo concedido a Grecia para reducir su deuda.
El domingo, Sturnaras se negó a revelar la posición del gobierno griego y se limitó a indicar que Atenas "está contribuyendo al debate".
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