Grecia está más que nunca bajo la tutela de los acreedores

El plan supone una forma de tutela que los griegos ya rechazaron en el pasado y que plantea dudas tanto en sus principios como en sus resultados.

Las cerca de 400 páginas del memorándum de acuerdo, que detalla las medidas de ajuste y las reformas impuestas a Atenas a cambio de la ayuda financiera, abarca un amplio campo: reforma de la justicia, normas de los despidos colectivos, política de transportes, etc.

Los controles que llevarán a cabo los acreedores -Unión Europea (UE), Banco Central Europeo (BCE), Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- "son, formalmente, los mismos" de los dos rescates anteriores de 2010 y 2012, explica Frédéric Allemand, especialista de Europa en el Instituto CVCE, con sede en Luxemburgo.

En los rescates anteriores, Grecia recibió préstamos por un total de 240.000 millones de euros (267.360 millones de dólares).

Esta vez, las exigencias de los "acreedores son más precisas respecto a las medidas por tomar y el calendario", asegura.

Grecia deberá, por ejemplo, obligar a las panaderías a vender el pan fijando un precio por kilo y no por unidad, para estimular una diversificación de la oferta, o prolongar la duración legal de conservación de la leche pasteurizada en los supermercados.

Otro elemento nuevo: la creación de un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros --que concierne a puertos, aeropuertos, ferrocarriles--, gestionado por Atenas pero supervisado por los acreedores internacionales.

La tutela será muy estricta, dado que los dos primeros programas de ayuda "están lejos de haber dado resultados satisfactorios", en parte por "una puesta en práctica insuficiente" y por un contexto de "profunda recesión e inestabilidad política", según un estudio publicado a finales de julio por el laboratorio de ideas Bruegel, con sede en Bruselas.

Esos riesgos económicos y políticos no han desaparecido y podrían hacer fracasar el nuevo plan de ayuda.

Las exigencias de los acreedores obligarán a Grecia a "llevar a cabo nuevos y severos recortes presupuestarios. Con una economía que se hunde, esto podría ser contraproducente", consideran los economistas del banco ABN Amro.

Una situación que ya se produjo en los anteriores programas de rescate: los acreedores se basaron en previsiones erróneas, lo que acabaron reconociendo, e impusieron medidas de austeridad que obstaculizaron el crecimiento, recuerda Bruegel.

Otro riesgo es el de la inestabilidad política. El nuevo programa de ayuda ha causado fuertes divisiones en el gobernante Syriza, que fue elegido en enero con la promesa de acabar con la austeridad. Una división del partido podría provocar elecciones anticipadas en otoño.

"Entre la población griega hay una fuerte incertidumbre respecto al futuro y la necesidad o no de aplicar las medidas", asegura Allemand.

Para que el programa de ayuda funcione, tiene que ser aceptado por los griegos, que "lo hagan suyo" y lo apliquen, insisten los acreedores. Porque "el tratado europeo prevé que los Estados miembros conserven sus competencias en política económica", recuerda Allemand.

Para Daniela Schwarzer, del German Marshall Fund, "el problema de la legitimidad democrática no debe subestimarse, ni del lado griego, ni del lado de los acreedores". En algunos países de Europa, sobre todo en Alemania, "es cada vez más difícil convencer a los electores que sigan financiando un país considerado como insolvente".

Para compensar esa "carencia democrática", Allemand considera que el Parlamento debería asociarse al proceso, como reclama Guy Verhofstadt, líder del grupo de eurodiputados liberales, muy crítico con la "falta de transparencia" de los acreedores de Grecia en los dos anteriores rescates.

Por el contrario, para el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, preguntado este viernes por la AFP, el nuevo plan es diferente de los dos anteriores. "No vamos a repetir la puesta bajo tutela del pasado, vamos a evitar los errores", aseguró, calificando el nuevo plan de un "acompañamiento" a Grecia.

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