Greenpeace denuncia al gobierno español ante bruselas por autorizar las prospecciones petrolíferas en canarias

Greenpeace ha denunciado este lunes al Gobierno español ante Bruselas por incumplir la legislación europea al autorizar la búsqueda de petróleo en Canarias y considerar que ha retrasado la declaración de Lanzarote y Fuerteventura como espacio protegido.
La organización señaló que el Estado retrasó dicha declaración con el objetivo de favorecer los intereses de la multinacional Repsol, lo que podría haber provocado “graves errores procedimentales” en la tramitación del permiso concedido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Según Greenpeace, el Gobierno redujo intencionadamente el área del Lugar de Interés Comunitario (LIC) para permitir que Repsol pueda perforar a escasos kilómetros del área protegida. “Este valioso espacio protegido se encuentra apenas a 11 km de uno de los puntos donde Repsol pretende buscar petróleo y alberga más de un tercio de los tipos de cetáceos que existen en el planeta y otras especies en peligro”, señaló la entidad en un comunicado.
Asimismo, la ONG denunció la “campaña de desinformación” que la empresa petrolífera estaría llevando a cabo con la ayuda del Gobierno, como el falseamiento de las cifras sobre la creación de empleo, los antecedentes contaminantes de la empresa, el aumento de sus cifras de inversión o el desprecio a los riesgos de las prospecciones.
“Repsol solo representa sus propios intereses, que chocan frontalmente con los de Canarias. Su empeño en perforar los fondos marinos y su intensa campaña mediática solo genera más rechazo y más indignación social. La petrolera no puede estar por encima de la sociedad canaria, debe retirarse de inmediato”, afirmó el responsable de la Oficina de Acción Global de la ONG, Ezequiel Navío.
Asimismo, un pescador de Fuerteventura, Juan Ramón Roger, destacó las consecuencias sociales, económicas y medioambientales del proyecto: “Si hubiera un vertido de petróleo al mar todo el sector pesquero de las islas estaría afectado y miles de familias verían peligrar su modo de vida, aunque el daño no quedaría ahí. Tanto Fuerteventura como Lanzarote quedarían sin suministro de agua potable”.
A tal respecto, Greenpeace afirmó que es posible abandonar las prospecciones y desarrollar un modelo basado en energías renovables con beneficios económicos para el país, como la creación de 3 millones de empleos, el ahorro del 34% en la factura energética de los hogares españoles y la reducción de las emisiones de CO2 en un 75%, tal y como recogieron en su informe ‘La recuperación económica con renovables’.
“El Gobierno ya no tiene excusas para seguir apoyando la búsqueda de petróleo. Greenpeace ha demostrado con datos puramente económicos, que son los únicos que parecen importarles, que apostar por las energías renovables es la única solución posible para lograr un futuro ambiental y económicamente sostenible para el país”, concluyó el responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea.