Greenpeace ve "imposible" que garoña alcance los requisitos de seguridad nuclear exigidos por el csn

Greenpeace lamentó este miércoles que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya “abierto la puerta” a la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y afirmó que es “imposible” que esta instalación cumpla con los estándares tecnológicos de última generación necesarios para los nuevos reactores.
El CSN aprobó, con cuatro votos a favor y uno en contra, una Instrucción Técnica Complementaria sobre la documentación y los requisitos adicionales asociados a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de Garoña, paralizada desde el 16 de diciembre de 2012 y en situación administrativa de cese de actividad desde el 6 de julio de 2013.
Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa y entidad titular de la central, deberá presentar esta información adicional antes del próximo 30 de septiembre.
Greenpeace considera igualmente “imposible” que esta central nuclear alcance las normas de vanguardia para este tipo de instalaciones con vistas a la prolongación de su vida útil.
Esta organización asegura que la documentación y los requisitos adicionales que ha acordado exigir el CSN a Garoña “dejan en evidencia todas las deficiencias de la central más antigua de la Unión Europea”.
La responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Raquel Montón, subrayó que “la lista interminable de requerimientos que ha hecho el CSN a Garoña demuestra inequívocamente las grandes lacras de la central nuclear”. "Nunca se ha dado una licencia por más de 10 años y el CSN lo quiere hacer por primera vez con una nuclear obsoleta e irrecuperable", aseveró.
Greenpeace recalcó que, según la normativa del CSN, las revisiones periódicas de seguridad de las centrales nucleares se realizan cada 10 años, en cumplimiento con sus correspondientes permisos o autorizaciones de explotación.
“Con su decisión de hoy, el regulador comienza el trámite para autorizar la explotación de Garoña por un periodo de 17 años, vulnerando el código de buenas prácticas establecidas por el propio regulador”, concluyó.