Anuncios de rebajas fiscales

La 'guerra' entre CCAA urge al Gobierno a plantear una reforma fiscal global

Esa contienda no solo bloquea un posible pacto sobre la reforma de la financiación, además genera inseguridad en un contexto de incertidumbre y pone a nuestro país en una situación incómoda ante la UE

María Jesús Montero
María Jesús Montero
EFE

La batalla fiscal que las autonomías han iniciado a solo unos meses de las elecciones de mayo, con promesas de rebajas tributarias de todo tipo, urge al Gobierno Central a tomar las riendas de la situación y a plantear una reforma global de la fiscalidad. Cuando queda poco más de un año de legislatura, esa contienda y los anuncios casi constantes por parte de los distintos ejecutivos no solo bloquean la posibilidad de alcanzar un pacto acerca de la reforma del actual modelo de financiación. Además, generan inseguridad en un momento en que la incertidumbre es la tónica dominante en el contexto económico y ponen a nuestro país en una situación incómoda ante Bruselas, al ser el segundo mayor receptor del programa 'Next Generation', con 140.000 millones entre ayudas a fondo perdido (la gran mayoría) y créditos.

España ha venido incurriendo en déficit y elevando la deuda para poder financiar su gasto casi de forma sistemática desde 2011. A lo largo de esta última década solo logramos situar ese endeudamiento por debajo de 100% del PIB en 2019 (en el 98,3%). Los últimos datos publicados por el Banco de España constatan que en julio el pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas superó los 1,487 billones de euros, un nivel que no se había alcanzado nunca en toda la serie histórica. La deuda se ha incrementado en 70.805 millones de euros en relación al mismo mes de hace un año.

A esta realidad se suma la denuncia por parte de varias autonomías de que el actual modelo de financiación las maltrata. Si en algo parece haber consenso es en el hecho de que el sistema actual -aprobado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que caducó en 2014- no convence a ninguna autonomía. Ni en la forma ni en el fondo. La reforma para modificarlo, que estuvo a punto de salir adelante con Mariano Rajoy en el Ejecutivo, parece quedar aparcada otra legislatura más, pese a que el propio Pedro Sánchez se comprometió a abordarla en el debate de investidura. 

Con la ratio de deuda sobre el PIB en España en el 117,7% en julio (por encima del objetivo fijado en el Plan de Estabilidad del 115,2% para el conjunto del año) y con algunas autonomías denunciando que no reciben los fondos que necesitan del sistema de financiación vigente, los anuncios de rebajas de impuestos que van conociéndose solo pueden considerarse un "mercadeo" en opinión de José María Peláez, Inspector de Hacienda. "Si nos sobrase el dinero podría entenderse", apunta a este diario. 

Considera que en la situación de incertidumbre económica en la que estamos, las bonificaciones anunciadas en el Impuesto de Patrimonio (con las que Andalucía o Murcia pretenden sumarse a Madrid) solo pueden obedecer al deseo de favorecer a las grandes fortunas por motivos ideológicos. "Al ver la eliminación de Patrimonio cuando hay listas de espera de 40.000 operaciones, una ratio de alumnos por aula elevada y otras deficiencias graves en la prestación de servicios básicos y esenciales, ahí chirría el sistema", sostiene. 

Añade, además, que defender esta rebaja por el efecto dinamizador que podría tener sobre la economía (hay quienes sostienen que generaría sí o sí más riqueza) no deja de ser un brindis al sol. Si una fortuna se traslada de una región a otra por las ventajas fiscales que le ofrece, no va a incrementar el gasto necesariamente y lo único que está consiguiendo la autonomía de destino es competir de forma desleal para detraerle recursos a la otra. 

"El sistema fiscal debe ofrecer estabilidad a la ciudadanía. Este mercadeo que beneficia solo a unos pocos no tiene sentido", apunta Peláez. Tampoco que las autonomías no especifiquen cómo van a compensar esos menores ingresos o dónde van a recortar, sobre todo si luego reclaman más dinero al Estado. "Los políticos se tienen que aclarar y sentarse para reformar en conjunto el sistema tributario", zanja el Inspector.

Recaudación e inversiones públicas

Rubén Gimeno, director de Estudios del REAF del Consejo General de Economistas, recuerda que muchos de los beneficios fiscales que se están anunciando a nivel territorial son más nominativos (se aprueban más de cara a la galería) que efectivos y en algunos casos no suponen un perjuicio para la región que se compromete a aplicarlos. "Habrá comunidades autónomas que puedan bajar impuestos por cómo marcha la actividad, las inversiones... pero en un Estado del Bienestar como el nuestro menos recaudación supone menos inversiones públicas", sentencia. 

Coincide Gimeno en que, si bien el ciudadano puede contar con algo más de dinero en su bolsillo al ponerse en marcha algunas de estas medidas fiscales, el déficit y la deuda deben seguir financiándose. Al mismo tiempo incide en que puede que una parte de la rebaja retorne al territorio que la aplica en forma de una mejora de la actividad, si bien casi nunca éste será capaz de recuperar por esta vía el cien por cien de lo que ha dejado de ingresar.

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