Tasas de desempleo elevadas, sueldos mileuristas y trabajos precarios, una pirámide demográfica invertida por la escasa tasa de natalidad y una mayor longevidad -la esperanza de vida aumenta 16 meses cada diez años- y pensiones cada vez más importantes, que además crecen a un ritmo mayor que el de cotizantes, conforman un cóctel letal para el actual sistema de pensiones. Durante la legislatura que ahora empieza será necesario replantearse, entre otras cosas, si el método de reparto, con el que garantizan las prestaciones gracias al aporte de los cotizantes, es el idóneo; si existe una fórmula mágica para mantener las prestaciones y su cuantía o si serán necesarios nuevos impuestos para sostenerlas.
El panorama a corto plazo, con la generación del 'baby boom' a punto de jubilarse tras décadas de cotizaciones elevadas, y a medio plazo, con cien personas en edad de trabajar por cada 70 jubilados en 2050, obliga a mirar a modelos diferentes al español, sentenciado por el envejecimiento de la población. Será necesario explorar las vías de los países que ya se anticiparon a los cambios de ciclo -con menos cotizantes que beneficiarios de prestaciones- hace más de una década si se quieren conservar las prestaciones para todos y que sigan siendo, como ahora, unas de las más generosas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El último Melbourne Mercer Global Pension Index, que mide y compara, a través de más de 40 indicadores, la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de pensiones tanto públicos como privados, evidencia que los países del norte de Europa son los que han dado con la fórmula para mantener las prestaciones a medio plazo garantizando al tiempo su cuantía. Mientras, deja patente que España, que se incorporó al ránking el año pasado, tiene un importante camino por recorrer si quiere 'escapar' del puesto 23 que actualmente ocupa de un total de 34 países analizados.
Según el índice, Dinamarca, Holanda y Suecia sacan la mejor nota en tanto en suficiencia como en sostenibilidad, mientras que España, Italia y Austria tienen un notable en suficiencia, pero una calificación deficiente en sostenibilidad, un aspecto en el que deberán incidir las futuras reformas. Una de las asignaturas pendientes de España si se compara con los países de su entorno es la escasa participación de los ciudadanos en los planes de pensiones privados, que en muchos países suponen un complemento importante a las pensiones públicas.
El sistema danés continúa siendo uno de los más sostenible del mundo. Se basa en un primer pilar financiado con fondos públicos procedentes del IRPF, impuestos municipales y cuotas de trabajadores y empresarios que da derecho a una 'pensión social' básica, cuya cuantía no puede exceder el 17% del salario medio. Ésta se complementa con un segundo pilar obligatorio y de carácter privado que se financia en dos terceras partes por el empresario y una tercera parte por el trabajador y que equivale al 1% del salario anual. El tercer pilar, es voluntario y se asienta en las aportaciones que los empleados realizan a planes de pensiones privados. En conjunto el sistema danés sustituye alrededor del 66% del último salario. Dinamarca, igual que España, ha elevado la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.
Holanda también cuenta con uno de los sistemas de jubilación más sólidos de Europa, basado sobre todo en las pensiones públicas pero también en contribuciones de las empresas en nombre de sus empleados y planes privados. La OCDE considera que Holanda tiene un sistema modélico, que apenas tiene un coste del 6% del Producto Interior Bruto (PIB), cuando en España supera el 10%, que además garantiza una tasa de sustitución del 90% sobre el último salario y que blinda a sus jubilados ante el riesgo de pobreza.
La primera pata del sistema holandés es una pensión pública básica cuya cuantía es igual al Salario Mínimo Interprofesional del país -cerca de 1.400 euros mensuales- y que es accesible para todos los trabajadores, pero nunca antes de los 65 años (67 años, a partir del año 2021), y no se puede mejorar trabajando más allá de esa edad. La segunda pata es de carácter voluntario y de naturaleza privada. Las entidades financieras y aseguradoras del país ofrecen una red de 5.000 planes de pensiones a los que las empresas y trabajadores pueden acogerse en función de las características que deseen para el mismo. Más del 90% de los empleados está cubierto por alguno de estos planes.
Una corona de aportación, una corona de pensión
Mientras, Suecia, que reformó totalmente las pensiones hace ya 20 años, ha dado con la clave para mantener el equilibrio en sus cuentas y poder garantizar las prestaciones. Los trabajadores aportan en torno a un 18,5% a dos cuentas diferentes. Una, a la que destinan el 16% del salario, que servirá para garantizar su propia pensión -sistema de reparto-, mientras la otra, a la que aporta en torno al 2,5%, servirá para garantizar las prestaciones de los que vienen detrás -método de capitalización-.
La sostenibilidad está garantizada, pero también prestaciones altas, que de media ronda los 20.000 euros anuales. Los suecos tampoco pierden de vista las aportaciones a planes privados y, además, pueden solicitar su pensión contributiva a partir de los 61 años, aunque pueden alargar la edad de jubilación más allá de los 67.
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