La Agencia Tributaria está dispuesta a liberar del siempre incómodo control de la Inspección de Hacienda a aquellos contribuyentes - en este caso, empresas - que acrediten un historial de buenas prácticas en materia tributaria, sean transparentes con su información fiscal y dispongan un esquema de control interno ('compliance') suficiente como para inhibir cualquier actividad de riesgo en materia tributaria por parte de sus empleados. El asunto no se va a hacer de hoy para mañana, pero por primera vez un director general de la Agencia Tributaria, en este caso Jesús Gascón, ha expresado su disposición a estudiar la superación del tradicional sistema de control de los mayores contribuyentes del país y sustituir el actual modelo inquisitivo por otro más colaborativo y basado en la prevención.
Gascón se expresó en esta línea en el Foro de Grandes Empresas ante un auditorio conformado por los asesores fiscales de muchas de las principales empresas del país - medio Ibex incluido -, que desde hace meses vienen reclamando que los avances en materia de transparencia y cumplimiento de obligaciones formales realizados por las empresas tengan algún tipo de correlato desde la Administración Tributaria, algo que, entienden, ahora no ocurre.
Según el acta de la reunión publicada en la web de la Agencia Tributaria, Gascón señaló que el control tributario es imprescindible, pero que no necesariamente tiene que pasar por las comprobaciones a posteriori tradicionales, sino que la prevención será un punto clave en los próximos años y espera poder contribuir a establecer mecanismos que faciliten el cumplimiento tributario.
El asunto no solo tiene un interés operativo, también económico. La Agencia Tributaria constata año tras año como decenas de miles de millones de euros quedan embalsados en litigios interminables con grandes empresas en los tribunales económico administrativos y en los tribunales de Justicia, sin que pueda hacer gran cosa al respecto más allá de esperar con paciencia.
El nuevo director general de la Agencia Tributaria daba respuesta de este modo a las reivindicaciones de las grandes empresas que desde 2015 se han adherido de forma masiva al Código de Buenas Prácticas Tributario acordado con la Agencia y que desde entonces claman por una mayor apuesta de la Administración Tributaria por una relación cooperativa, dentro de la que entienden que cabría desde un esquema de resolución urgente de dudas tributarias - más rápido que la contestaciones de la Dirección General de Tributos que pueden demorarse durante meses - o una sustitución de las inspecciones 'in situ' por un esquema más preventivo en el que las empresas puedan consultar a la Administración las operaciones más complejas a priori.
Estimar el riesgo para enfocar mejor los recursos
Las 140 empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas, que establece una serie de obligaciones en materia de transparencia, buena fe y cooperación con la Administración Tributaria para las empresas, a cambio de una mayor seguridad jurídica por parte de la Agencia Tributaria, consideran en general que hasta ahora la relación ha sido desequilibrada. Básicamente, que las empresas han cumplido su parte, pero la Administración Tributaria, no, pese a la existencia de experiencias piloto para avanzar en este camino.
Así lo expresaba en un acto reciente sobre 'compliance fiscal' el director del Departamento Fiscal Corporativo de BBVA, José María Vallejo Chamorro: "Las grandes empresas y grandes operadores hemos venido aceptando requisitos de mayor transparencia y mayores obligaciones formales, por una cuestión moral, no jurídica. El sistema fiscal descansa hoy en unas obligaciones de colaboración muy intensas por parte de los contribuyentes, pero esta intensa colaboración no ha tenido su correlato por parte de la Administración Tributaria".
En este sentido, las empresas demandan la inclusión del riesgo tributario como un componente esencial para la aplicación del sistema fiscal, del mismo modo que ya lo constituye para la administración de las empresas tras la última reforma de la Ley de Sociedades de Capital que incrementa la responsabilidad del Consejo de Administración sobre la política tributaria de la empresa. Y que la labor de control de la Agencia Tributaria se centre en aquellos contribuyentes con menores ratios de cumplimiento y no en la persecución de los pequeños errores de aquellos que cumplen de forma regular con sus obligaciones fiscales.
También que las empresas que hayan acreditado el cumplimiento de sus obligaciones y que, por tanto, tengan un bajo riesgo fiscal tengan preferencia a la hora de resolver sus dudas ante la Dirección General de Tributos o a la hora de realizar según qué trámites ante la Agencia.
En las próximas semanas un nuevo elemento se incorporará a esta ecuación. Este lunes se ha sometido a consulta pública la futura norma de gestión de compliance tributario, que estandarizará la evaluación de los sistemas de control interno de las empresas y que asesores fiscales y grandes empresas confían en que marque el primer paso en el avance hacia una relación realmente cooperativa entre contribuyentes y Agencia Tributaria.
Para Javier Martín, socio director de F&J Martín Abogados, autor de la obra Manual de Buenas Prácticas Tributarias y uno de los expertos que ha colaborado en la elaboración de este nuevo estándar de cumplimiento tributario, la consecución de este distintivo debería acreditar a los contribuyentes que lo tengan como de bajo riesgo fiscal, con dos consecuencias inmediatas.
En primer lugar, "las inspecciones a posteriori podrían sustituirse por una monitorización de los distintos sujetos atendiendo a su perfil de riesgo", lo que permitiría a los cumplidores una relación más cooperativa con la Administración Tributaria más enfocada en la discusión jurídica previa sobre el tratamiento fiscal de la operaciones a realizar que en la penalización de los posibles errores.
En segundo lugar, fomentando mecanismos de resolución de conflictos distintos a las actas de inspección y los litigios posteriores, con la posibilidad de recurrir al arbitraje de un tercero.
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