Las grandes empresas ven cada vez más próximo el cumplimiento de una de sus grandes aspiraciones en materia fiscal: disponer de un canal de relación directo con la Agencia Tributaria que les permita resolver sus discrepancias de criterio con la Administración sin necesidad de dirimirlas en los tribunales de justicia. Según fuentes empresariales del Foro de Grandes Empresas, el espacio de encuentro entre la Agencia Tributaria y los principales corporaciones empresariales del país (Inditex, Santander, Mercadona, El Corte Inglés...), el departamento que dirige Santiago Menéndez se comprometió en la última reunión del foro a activar la disposición del Código de Buenas Prácticas Tributarias según la cual la Dirección de la Agencia supervisará el criterio utilizado por sus inspectores en aquellas "controversias significativas con los contribuyentes" antes de dar trámite a una sanción.
El asunto era largamente esperado por las empresas y los despachos de abogados que las representan ante la Administración Tributaria, que demandaban un criterio más asentado por parte de la Agencia ya no solo sobre lo que pueden o no pueden hacer, sino sobre cómo deben hacerlo. Su denuncia es que en muchas ocasiones la regularidad o no de un esquema de tributación queda al criterio del inspector de turno y su reclamación es que haya un sistema de decisión más firme. Lo que, siempre según el relato de estas fuentes, la Agencia Tributaria ha ofrecido a las mayores empresas del país es un protocolo de seguridad, en virtud del cual las discrepancias de criterio entre el inspector y la empresa que sean más significativas y sobre las que no exista un criterio asentado a nivel de la Dirección General de Tributos, los tribunales económico-administrativos o los tribunales de justicia no se resolverán con una sanción, sin que previamente el criterio utilizado por la Inspección haya sido elevado al director del departamento en cuestión e incluso al Comité de Dirección de la Agencia.
Algo, por cierto, que según fuentes de la Agencia Tributaria no supone ninguna novedad y que ya se venía haciendo ahora "con mayor o menor regularidad". Las empresas, por su parte, aseguran no haber tenido esta herramienta a su disposición hasta ahora y por ello consideran el anuncio una buena noticia que aumentará la certidumbre de las empresas en su relación con la Administración Tributaria y, previsiblemente, reducirá el volumen de litigios que se producen en el curso de la relación habitual entre la Agencia y las empresas.
El esquema BEPS impulsado desde la OCDE tiene como uno de sus ejes fundamentales, además del más conocido de la lucha contra la erosión de las bases fiscales que se deriva de las cuestionables prácticas tributarias de las grandes multinacionales, el fomento de una relación más cooperativa entre las administraciones tributarias de los países avanzados y los contribuyentes, una línea en la que la Agencia Tributaria española también está implicada, según aseguró este lunes su director Santiago Menéndez en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección y la consultora PwC.
El Foro de Grandes Empresas se ha convertido en la punta de lanza de ese planteamiento cooperativo y el Código de Buenas Prácticas Tributarias en su principal ejemplo. Agencia Tributaria y grandes empresas también han avanzado en el sentido de desarrollar un sistema que consiga que éstas puedan resolver sus principales dudas a la hora de cumplir sus obligaciones fiscales con la Administración Tributaria, antes de realizar sus declaraciones fiscales y antes, por tanto, de que el asunto sea poco reversible. La Agencia Tributaria se ha comprometido a estudiar las controversias que le planteen las empresas en los grupos de trabajo del Foro de Grandes Contribuyentes y a fijar criterios generales en los asuntos en que sea posible hacerlo para contribuir al buen funcionamiento de la actividad empresarial.
Para el responsable fiscal de una de las principales empresas del país, "es inaceptable para España mantener un sistema fiscal con un tan elevado nivel de conflictividad", en el que las diferencias de criterio entre Administración y empresas acaban casi siempre judicializadas. El director de la Agencia Tributaria subraya, por su parte, que esto ya ha comenzado a hacerse, que la política del organismo es "litigar solo cuando haya que litigar", y que la prueba es que frente al 56 % de los contenciosos que fueron favorables a la Administración en 2015, en 2017 lo fueron el 67 %.
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