Hacienda agota el plazo para presentar un primer análisis de beneficios fiscales

Tras la presentación del Libro Blanco para la reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda encargó a un grupo de expertos, el departamento que dirige María Jesús Montero tiene otra tarea pendiente para la cual el tiempo apremia. Se trata de la presentación del primer análisis de beneficios fiscales realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Dirección General de Tributos (DGT). El objetivo es continuar con el trabajo realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en las revisiones de spending review. 

Este informe, comprometido en el Plan de Recuperación, debe hacerse público durante el primer trimestre de este año, por lo que el plazo es inferior a un mes. Según consta en el componente 28 del Plan, durante el segundo trimestre de 2021 “se ha constituido un grupo de trabajo en el ámbito de la Secretaría de Estado de Hacienda”. Fuentes de la Agencia Tributaria confirman a este medio, que los trabajos se coordinan desde el Ministerio de Hacienda y, en concreto, desde la Secretaría de Estado. 

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En el mismo documento, se establece que en los tres primeros meses de 2022, 2023 y 2024 se presentarán los informes y conclusiones del análisis de los beneficios fiscales. Sin embargo, no se precisan cuáles se están estudiando y fuentes del Ministerio de Hacienda han rechazado responder a a las preguntas de este medio al respecto. El Ejecutivo se compromete a publicar el informe de evaluación en la página web del Ministerio de Hacienda. Además, se indica que durante el primer trimestre de 2023 se publicarían las reformas que “traigan causa de las decisiones adoptadas a partir del primero de los análisis”. Es decir, que el próximo año se deberían consensuar cambios en el sistema tributario como consecuencia del análisis que se publique este mes.

Sin embargo, este calendario fijado en el Plan de Recuperación choca con las declaraciones de la ministra al recibir el Libro Blanco de mano de los expertos. Entonces, Montero ya descartó plantear “subidas fiscales” ante el contexto de inestabilidad internacional derivado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La reforma fiscal planeada para 2023 siempre ha estado sujeta a la situación económica, tal como ha indicado la ministra en varias ocasiones. Además, los datos de IPC y las expectativas de que la inflación se mantenga elevada en los próximos meses, junto con el calendario electoral, reduce el margen para aplicar cambios.

Aun así, aunque las conclusiones del análisis no se apliquen en el medio plazo, los catedráticos de la reforma fiscal y también la AIReF consideran oportuno que se realice esta evaluación de los beneficios fiscales. De hecho, el Gobierno estima que a través de estos incentivos se dejan de ingresar 60.000 millones de euros al año, una cantidad equivalente a cinco puntos del producto interior bruto (PIB). Moncloa subraya en el Plan de Recuperación que el trabajo de la institución que dirige Cristina Herrero en este ámbito “ha resultado muy interesante y útil” y llama a la realización “de este tipo de análisis de forma continuada en el tiempo para optimizar el gasto”.

La revisión de los beneficios fiscales es una de las fórmulas para aumentar la recaudación sin crear nuevos tributos. De hecho, durante esta legislatura ya se han modificado algunos de estos incentivos, como por ejemplo los vinculados a los planes de pensiones individuales. También se han eliminado el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) reducido para las bebidas azucaradas, tal como recoge el Plan remitido a Bruselas. No obstante, el Gobierno se escuda en la situación económica actual para no haber modificado el resto de beneficios fiscales estudiados por la AIReF. De hecho, esta era una de las peticiones de la institución, que hubiera una transposición mayor del trabajo que se realiza desde la autoridad a las políticas públicas.

Libro Blanco

Los expertos de la reforma fiscal también avalan el trabajo de la AIReF, así como el compromiso del Gobierno de seguir la evaluación de los beneficios fiscales. Sin embargo, consideran que hasta la fecha no se ha realizado este tipo de análisis para validar que pese a provocar una menor recaudación, los incentivos fiscales cumplen con el objetivo para el que fueron diseñados. Además, sugieren que en el análisis que deben llevar a cabo el IEF, la AEAT y la DGT, se tenga en cuenta la perspectiva de género para evitar que a través de un incentivo fiscal se estén produciendo situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.

En cuanto a la aplicación de nuevos beneficios fiscales, los catedráticos proponen que estos se condicionen a establecer un periodo transitorio de vigencia de cada norma para obligar, al final del mismo, a someterlos a una evaluación. “Sólo una valoración positiva conllevaría el mantenimiento del beneficio fiscal en el impuesto”, subrayan. En definitiva, instan al Gobierno a una evaluación continua de estas herramientas por el perjuicio que suponen en materia de recaudación.