Un puñado de municipios con parques renovables en su territorio y la Dirección General del Catastro empezarán en las próximas semanas a intercambiar la información de que disponen sobre centenares de estas instalaciones al objeto de chequear que la factura fiscal que pagan las empresas responsables de los mismos se corresponde con sus características reales y no únicamente con las características declaradas. El asunto no es menor. Los ingresos que obtienen por la aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) constituyen uno de los principales incentivos que tienen los municipios españoles para decidirse a alojar este tipo de instalaciones, que en ocasiones causan no pocas distorsiones a los negocios locales por su impacto paisajístico y económico sobre las fuentes de actividad local: agricultura y ganadería.
Anmer, la asociación que aglutina a los más de 160 municipios que van a empezar a colaborar con el Catastro en el marco de un convenio de intercambio de información que se acaba de firmar, asegura que no se trata de un fenómeno generalizado y que en la mayoría de las ocasiones no responde a ninguna intención de eludir impuestos por parte de las empresas gestoras de estos parques, pero sí admite que hay un número importante de municipios con este tipo de instalaciones que ingresan menos de lo que deberían por no aplicar correctamente el marco fiscal aplicable a este tipo de instalaciones o por no actualizar la carga fiscal cuando éstas experimentan cambios tanto en la potencia instalada como en su superficie ocupada.
"Hablamos de ayuntamientos pequeños, con pocos recursos, que tienen dificultades para identificar determinadas situaciones", señalan desde la asociación, que ha conseguido aglutinar a cerca de la mitad de los municipios en los que existen instalaciones eólicas en España con el objetivo de defender sus intereses y prestarles la asistencia técnica muchas veces necesaria para aplicar de forma adecuada esas cargas fiscales.
La normativa tampoco se lo ha puesto fácil. Los parques eólicos - precursores de las instalaciones renovables en España - no recibieron la consideración de Bienes Inmuebles de Categoría Especial (BICES) hasta que el Tribunal Supremo lo estableció en una sentencia del año 2006, hasta entonces a ese tipo de instalaciones se les aplicaba el IBI como a cualquier otro inmueble. El cambio, explican desde Anmer, habilitó a los ayuntamientos para triplicar el tipo impositivo que se les aplicaba y llevarlo hasta el 1,3%. El cambio abrió a los ayuntamientos la posibilidad de obtener hasta 60 millones más el año a las empresas propietarias de este tipos de instalaciones, entre las que se encuentras eléctricas, fondos de inversión e incluso grandes fortunas. "No todos se han aflorado", lamentan.
Las razones son variadas. "En muchas ocasiones la realidad construida del parque no se corresponde con la información disponible en las ponencias de valores que realiza el Catastro", aseguran desde Anmer. La asociación subraya que las modificaciones que se realizan en los parques para aumentar la superficie ocupada o la potencia instalada - los dos elementos que se tienen en cuenta para calcular el IBI- no siempre acaban teniendo la trascendencia fiscal que deberían. En ocasiones porque la información sobre estos cambios no se incorporan de manera automática a los registros del Catastro y los ayuntamientos continúan aplicando el IBI sobre información no actualizada; en otras porque las discrepancias sobre la valoración fiscal de las instalaciones se dirime entre el Catastro y las empresas propietarias de la misma, dejando al ayuntamiento al margen de la disputa.
El convenio firmado el pasado 13 de noviembre entre la Dirección General del Catastro y Anmer aspira a poner fin a estas distorsiones. Por una parte, consolida un canal directo de información entre los ayuntamientos y el Catastro a través del cual las autoridades municipales podrán informar al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y responsable de la valoración fiscal de los bienes inmuebles de las modificaciones en las características físicas y económicas de las instalaciones de energías
renovables ubicadas en sus términos municipales, "a fin de facilitar la función legal encomendada al Catastro para las valoraciones catastrales de estos bienes inmuebles de características especiales y su reparto municipal".
El Catastro, por su parte, proporcionará igualmente a los ayuntamientos los datos fiscales disponibles sobre esas instalaciones para garantizar la adecuada aplicación de los impuestos municipales y, además, "comunicará a los Ayuntamientos (a través de Anmer) la presentación de las reclamaciones económico-administrativas que interpongan los titulares catastrales de instalaciones de energías renovables contra la notificación de valores" al objeto de que los ayuntamientos estén informados de los procesos.
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