Es con algo más de 5.000 millones de euros la principal partida de gasto operativo que tendrá bajo su competencia la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Iglesias pero antes de plasmarse en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020 deberá superar el 'doble check' al que la someterán la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, por una parte, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá, en segunda instancia. Hablamos del Imserso, el organismo que gestiona entre otras cosas las prestaciones del sistema de dependencia y el emblemático programa de vacaciones para personas mayores.
La Orden Ministerial que regula las normas a partir de las cuales se elaborará el proyecto presupuestario de 2020, que acaba de hacer pública el Gobierno, deja bien claro que será la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda la que elaborará el anteproyecto de presupuestos del Imserso "a partir de las propuestas remitidas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030" y que una vez elaborado éste se remitirá al Ministerio de Seguridad Social para consolidar el mismo con el del resto de entidades gestores del área de cara a presentar el Presupuesto de la Seguridad Social.
No se trata de un procedimiento novedoso. El área de Presupuestos del Ministerio de Hacienda ha sido tradicionalmente -en ocasiones, Secretaría General, ahora con rango de Dirección General- la encargada de elaborar el anteproyecto de Presupuestos del Estado a partir de las prioridades políticas marcadas por el Gobierno y los planteamientos de gasto presentados por los diferentes departamentos ministeriales. Del mismo modo que el Área de Seguridad Social -antes dentro del Ministerio de Trabajo, ahora con ministerio propio- ha sido la encargada de configurar el Presupuesto de la Seguridad Social.
Sin embargo, había expectación sobre cómo iba a encajarse la nueva 'macroestructura' gubernamental y en concreto la escisión en varios ministerios de las competencias sobre prestaciones del sistema de Seguridad Social (desempleo, dependencia, pensiones...) en el escenario presupuestario. La norma publicada por el Gobierno disipa buena parte de las dudas. En lo que al Imserso hace referencia, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Iglesias trasladará su planteamiento de gasto al Área de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y según la 'hoja de ruta' definida en la Orden Ministerial del Gobierno no volverá a tratar el asunto hasta la reunión del Consejo de Ministros en que se estudiará la eventual aprobación del proyecto presupuestario.
Los nuevos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez tienen un mes, hasta el próximo 20 de febrero, para trasladar sus aspiraciones presupuestarias a Hacienda. El departamento que dirige María Jesús Montero tendrá, a su vez, una semana, hasta el 27 de febrero, para consolidar esas cifras y trasladar al Ministerio de Seguridad Social la información presupuestaria con incidencia sobre sus cuentas que venga de los departamentos ministeriales ajenos al de José Luis Escrivá, al objeto de que éste termine de elaborar el Presupuesto de la Seguridad Social para 2020.
Entre esos dos momentos, y siempre según el procedimiento definido en la Orden Ministerial, el planteamiento de la Vicepresidencia Segunda pasará en primer lugar por el tamiz del Ministerio de Hacienda, que será el que agregue las propuestas de gasto de todos los ministerios y a partir de ahí elabore un anteproyecto de Presupuestos del Estado -del que depende el 99% de la financiación del Imserso- que se aproxime en la medida de lo posible a los objetivos de consolidación fiscal del Gobierno. Y posteriormente pasará el escrutinio del Ministerio de Seguridad Social, que de nuevo deberá encajar el planteamiento que le llegue de Hacienda en su propio esquema presupuestario, condicionado por la subida imparable del gasto en pensiones, la factura del absentismo y la carencia de ingresos entre otras cuestiones de relevancia. La probabilidad de que la propuesta inicial experimente algún tipo de cambio en ese tránsito es, según la experiencia de un alto funcionario con cerca de una veintena de presupuestos a sus espaldas, "total".
El Gobierno apuesta por la 'justicia social'
La norma aprobada por el Ministerio de Hacienda pone por primera vez negro sobre blanco las prioridades de la política presupuestaria de la nueva coalición de Gobierno de las izquierdas. El cambio de tono en las líneas maestras del proyecto de Presupuestos es tangible tras el acuerdo con Podemos. Donde hace poco más de un año se hablaba de "contribuir a la consecución de un modelo de crecimiento sustentado en la mejora de la competitividad a través de la innovación, los avances tecnológicos y la mejora de la cualificación de la mano de obra", ahora se prioriza "alcanzar un sistema de justicia social que luche contra la desigualdad a través de mecanismos de redistribución de la riqueza", garantizar el derecho a una vivienda digna y reforzar la sanidad pública y el sistema de atención a la dependencia.
Más allá de eso, el Gobierno recalca el relato de su propuesta económica: garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones a través del acuerdo político y el diálogo social, corregir las deficiencias estructurales existentes en el mercado laboral, combatir la precariedad en el empleo, sustentan el crecimiento en la revolución tecnológica y digital y en la transición ecológica o avanzar en la introducción de mecanismos de redistribución de la riqueza en el ámbito fiscal.
Todo ello, eso sí, "ratificando el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera" y apostando por la introducción de mecanismos de evaluación que permitan un mejor control del gasto público y una mayor eficiencia en el mismo. Es decir, que entre las prioridades del Presupuesto hay espacio para el discurso de Podemos y también para los principios de política económica defendidos por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
En lo que sí hace especial hincapié el Gobierno es en la utilización de los Presupuestos de 2020 "para el análisis de la realidad en materia de igualdad y la aportación de información relevante para la toma decisiones en este ámbito clave de la agenda política y social". En este sentido, el Ejecutivo avanza que el proyecto presupuestario de 2020 marcará un antes y un después en la incorporación de la perspectiva de género a la política presupuestaria como "un elemento protagonista del cambio cultural que se está impulsando en nuestra sociedad, contribuyendo a incorporar de manera natural la igualdad de género en procedimientos y rutinas de trabajo".
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