Hacienda ha advertido al Ministerio de Economía de que no le quedará más remedio que recortar la tasa que cobra a las auditoras para financiar la labor de vigilancia del sector que ejerce el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) si los recursos que anualmente se obtienen por esta vía continúan sin destinarse de forma íntegra a la financiación de este organismo y siguen destinándose a alimentar un remanente sin oficio ni beneficio que asciende ya a 38 millones de euros. Le recuerda que las tasas están vinculadas por naturaleza a la financiación de los servicios públicos y que, por tanto, no cabe la posibilidad de que generen excendentes por lo que si éstos existencia habrá que reducir la cuantía de la tasa "para acomodarla al coste real de la actividad que constituye su hecho imponible".
La 'tasa de control y supervisión de la actividad de la auditoría de cuentas' se aplica sobre cada uno de los trabajos declarados por los auditores de cuentas y sociedades de auditoría y tiene como finalidad única financiar las actuaciones de control y supervisión de los trabajos de auditoría que se llevan a cabo desde el ICAC, cuya principal función es garantizar el adecuado ejercicio de esa función de auditoría por parte de las firmas y profesionales y en último caso la sanción de las actuaciones que no se ajusten a la normativa en vigor. Según las cuantías aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, la cuota fija a pagar es de 127,14 euros por cada informe de auditoría emitido y de 254,37 euros si se refieren a una entidad de interés público - principalmente grandes empresas y entidades del sector financiero y asegurador -, cuando los honorarios facturados por estos informes no superen los 30.000 euros; y de 254,38 euros para los informes ordinarios y de 508,77 euros para las entidades de interés público, en caso de que los honorarios recibidos superen ese umbral.
Los principales contribuyentes de esta tasa son las denominadas 'big four', KPMG, EY, Deloitte y PWC, que se reparten las auditorías del Ibex y de los grandes grupos empresariales y que concentran una parte mayoritoria de la cuota de mercado del sector auditor. Estas firmas son también las que más han sufrido el celo fiscalizador del ICAC, que en los últimos años les ha abierto expedientes sancionadores a todas ellas por la endeblez de sus trabajos de auditoría de cuentas en empresas con problemas como Bankia, Popular, Abengoa o Pescanova, pero también en otras firmas con una situación más sólida como ACS o Aena.
El problema es que desde su implantación tras la reforma de la Ley de Auditoría de 2010 los ingresos derivados de las tasas abonadas por las auditoras han superado con holgura los gastos anuales de funcionamiento del ICAC lo que ha ido generando un remanente que según el último dato disponible estaba en 38 millones.
La 'hucha' acumulada ha pasado más o menos desapercibida hasta el año de la pandemia. Hacienda decidió entonces que todos los remanentes de tesorería que hubiera disponibles en las entidades del Estado debían ponerse al servicio de la lucha contra la pandemia y el ICAC tuvo que transferir esos 38 millones de euros al Ministerio de Hacienda para ese fin superior. Cuando llegó la hora de auditar las cuentas del supervisor de los auditores, el interventor del Estado destinado en el Ministerio de Economía reparó en esa transferencia y algo le chirrió. La transferencia, a su juicio, planteaba un problema sobre su viabilidad legal y otro sobre el modo en que se contabilizó, según explica en el capítulo de 'cuestiones clave de auditoría' de su informe sobre las cuentas de 2020 del ICAC.
Economía descarta que tenga que devolver los 38 millones
El interventor concluye que pese a las dudas legales que genera destinar los recursos de una tasa a un fin diferente al que están afectos se puede justificar por lo extraordinario de la situación, pero que esa transferencia puntual no debe ser un obstáculo para que esos recursos "sigan estando afectados a la realización de las actividades que constituyen el hecho imponible de la tasa - la supervisión del adecuado cumplimiento de la función de auditoría por parte de las firmas y profesionales que operan en este mercado-, debiendo ser devuelto a los sujetos pasivos en caso de no poder realizarse estas actividades". En otras palabras, que el hecho de haber tomado ese dinero en unas circunstancias determinadas no debe impedir que el mismo "se destine a las actividades del ICAC que constituyen el hecho imponible de esa tasa".
El interventor va más allá e interpela al Ministerio de Hacienda para hacer cumplir lo que dispone la legislación tributaria e incrementar las partidas de gasto del ICAC hasta el nivel de ingresos que produce la tasa o bien reducir la tarifa de la misma "para acomodarla al coste real de la actividad que constituye su hecho imponible". La Intervención interpela a Hacienda, pero el mensaje en realidad va dirigido al Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño al que corresponde la dotación del presupuesto del ICAC.
Fuentes del Ministerio de Economía consideran que no existe un riesgo real de que el ICAC tenga que reintegrar esos 38 millones de euros de remanente a las auditoras ante la presunta ilegalidad de su acumulación en las cuentas del organismo público. Apelan a la ley de tasas y concretamente a su artículo 12 que regula que "sólo procederá la devolución de la tasa que se hubiera exigido cuando no se realice el hecho imponible" y dato que el 'hecho imponible' es la realización de trabajos de auditoría es acreditable que éste se habría producido. Más parco se muestra a la hora de valorar la posibilidad de que Hacienda acabe recortando la tasa que se cobra a las auditoras ante la evidencia de que no se utiliza en su totalidad y el hecho de que la Intervención General del Estado haya puesto ahora sí de manifiesto la irregularidad de esa situación.
Un problema de desinterés
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que la acumulación de ese remanente ha coincidido en el tiempo con una reivindicación endémica de más recursos por parte del ICAC. El organismo ha deslizado año tras año en los planes de control de auditoría, en los que vuelca su expectativa de actuaciones para el año en curso, que su dotación de personal continúa siendo similar a la que existía en el año 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero formuló una Ley de Auditoría que aspiraba a reforzar el ejercicio de control que ejerce el ICAC, y que el cumplimiento del número mínimo de actuaciones de inspección e investigación que le exigen los estándares europeos depende de la dotación de personal de apoyo que se autorice a lo largo del año.
Desde el Ministerio de Economía se insinúa que este problema de falta de recursos responde a las restricciones impuestas desde la crisis financiera por el Ministerio de Hacienda para incrementar la dotación de personal de los organismos públicos. Fuentes conocedoras de la actividad interna del ICAC, sin embargo, señalan que esa carencia de recursos ha respondido más al desinterés político por impulsar el control de las auditoras que a los obstáculos regulatorios o administrativos cuya existencia reconocen.
El organismo elaboró a nivel interno un plan estratégico hace unos años en el que se estimaban en una veintena los profesionales externos que se necesitaban para equipara la capacidad operativa del ICAC a la de los supervisores de la función auditora de los principales países desarrolladas. Las fuentes consultadas señalan que en los ejercicios más favorables la contratación de externas apenas cubrió una quinta parte de esas necesidades reales y que en todo ese tiempo el Ministerio de Hacienda nunca puso un problema a los procesos solicitados...
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