Cuando apenas quedan unas semanas para que España reciba de Bruselas los primeros 9.000 millones de euros de los fondos europeos y se dé el pistoletazo de salida oficial para su aplicación, el Ministerio de Hacienda ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca a su política de eliminación de trabas burocráticas y administrativas para la ejecución de las inversiones y de paso remover uno de los cortafuegos regulatorios que aún podrían dificultar la canalización de inversiones a través de las empresas públicas.
El Gobierno ya se ocupó de facilitar la canalización de inversiones a través de los llamados medios propios de la Administración - los Tragsa, Ineco, Isdefe, etcétera...- en el Real Decreto Ley que adaptó y aligeró la normativa de contratación pública y control sobre el gasto para facilitar la ejecución de los fondos europeos allá por el pasado mes de enero. A la ventaja competitiva de la que ya disponían las empresas públicas por la posibilidad que tienen las Administraciones de adjudicarles los servicios de forma directa sin necesidad de convocar una licitación, con los plazos legales y las demoras que ello puede generar, el Gobierno le añadió la supresión temporal del requisito previo de tener que recibir la autorización del Consejo de Ministros cuando la magnitud de estos contratos supere los 12 millones de euros, lo que agiliza mucho más las posibles encomiendas de servicios que se realicen a las empresas públicas.
Para terminar de configurar un canal de adjudicación exprés a empresas públicas, Hacienda liquidó también la restricción legal que les impide subcontratar con terceros tareas que supongan más de un 50% de la cuantía total del encargo, una restricción exigida en su día por el sector privado para evitar la adjudicación sistemática de encargos a medios propios de la Administración, que posteriormente y ante la falta de personal acababan adjudicando esa tarea a una empresa privada. Con la eliminación de esta cautela, el Gobierno dio vía libre 'de facto' para que cualquier Administración que quiera contratar una obra o servicio financiada con fondos europeos por la vía rápida pueda hacerlo de manera directa con las entidades del sector público que tengan la consideración de medio propio, con independencia de que éstos dispongan de los recursos necesarios para ejecutarla, ya que siempre podrán subcontratarla en todo o en parte.
Con todo, aún coleaba una importante restricción en la normativa vigente a la hora de contratar con las empresas públicas que tienen la consideración de medio propio, y es la que Hacienda ha decidido ahora eliminar. Se trata de la controvertida regla del 80%, que trata de garantizar la dependencia directa de la empresa pública que ejecuta un determinado contrato o servicio con la Administración que se lo adjudica. No es un asunto arbitrario, es en realidad un principio impuesto por Bruselas que solo permite a las Administraciones Públicas contratar de forma directa una obra o servicio a un medio propio cuando la vinculación de éste con la administración adjudicataria es tan directa como para que un 80% de su negocio dependa de esa Administración.
El asunto ha sido una permanente fuente de preocupación para algunas empresas públicas como Ineco, que en algunos ejercicios no han conseguido superar ese umbral de tener el 80% de su negocio vinculado al sector público, lo que ha comprometido su utilización como medio propio de la Administración e incluso ha determinado sus actuaciones hasta el punto de que algunas empresas en problemas para cumplir ese requisito han renunciado a contratos con el sector privado para mantener su condición de medio propio. Para evitar cualquier problema en este sentido, Hacienda ha decidido eliminar vía resolución el control por parte de la Intervención General del Estado (IGAE) de ese requisito del 80% para que una Administración puede encomendar a una empresa pública una determinada obra o servicio al derogar ese aspecto concreto de los requisitos básicos cuyo cumplimiento deberá chequear en el marco del control de legalidad que le corresponde realizar sobre los contratos públicos.
Fuentes conocedoras de la normativa de contratación pública señalan que si bien esta medida puede facilitar la adjudicación exprés de contratos a empresas públicas también puede generar a futuro problemas de legalidad, ya que esa regla del 80% no sólo figura de forma explícita en una Directiva europea sino que ha sido ratificada por sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Aligerando los controles de la Intervención del Estado
No es el único cambio que ha introducido Hacienda. El departamento que dirige María Jesús Montero ha realizado una revisión integral de los 'requisitos básicos' de la función interventora, que vienen a ser los aspectos que la Intervención del Estado debe observar a la hora de realizar el control previo sobre los contratos adjudicados por el sector público, con el objetivo de aligerar ese ejercicio de control.
Si a la hora de fiscalizar un contrato público, la normativa exigía antes a la IGAE que supervisara la competencia del órgano de contratación, del concedente de la subvención, del que celebra el convenio de colaboración y del que resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial, ahora sólo tendrá que supervisar la competencia del órgano que contrate. Asimismo, Hacienda ha eliminado también el requisito de la comprobación material de las inversiones, que hasta esta reforma exigía a los interventores acreditar de forma fehaciente que las inversiones destinadas para, por ejemplo, comprar equipos informáticos se habían traducido en la adquisición de equipos informáticos y no en un simple apunte contable. Esta exigencia de comprobación material no será necesaria a partir de ahora.
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