El Ministerio de Hacienda ha resuelto retirar al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, la gestión de más de 120 millones de euros inicialmente asignados para desarrollar programas orientados a reducir las emisiones de carbono (CO2) de la economía española, en el marco de un programa operativo cofinanciado con la Unión Europea, y reasignar esos fondos a otros programas gestionados de forma más eficiente ante el riesgo cierto de perder esos recursos.
El departamento que dirige María Jesús Montero ha tomado esta decisión tras examinar la marcha del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) para el periodo 2014-2020 y detectar incumplimientos graves de los objetivos previstos en tres programas específicos gestionados por el IDAE y enmarcados en el eje de actuación de medidas específicas para avanzar hacia una economía baja en carbono.
En concreto, la evaluación de Hacienda ha detectado debilidades a la hora de asignar los fondos disponibles en los planes de actuación orientados a aumentar el peso de las energías renovables en el mix energético, a impulsar la mejora de la eficiencia energética en las empresas y a mejorar el rendimiento energético del parque de viviendas doméstico, y de la red de infraestructuras y servicios públicos.
Ante este panorama, Hacienda ha decidido reasignar las reservas de recursos no utilizados en estos programas, que ascienden a 121.033.153 euros, hacia otros "buscando una mayor eficiencia en la absorción de los fondos, detrayendo de los organismos intermedios con más dificultades y reasignando a los organismos intermedios que presentan sobreejecución" con el objetivo declarado de ejecutar en plazo -antes del 31 de diciembre de 2023- la totalidad de los fondos, "que de otro modo se perderían" por la aplicación automática de las reglas europeas para el control de este tipo de cofinanciación.
La regulación europea a este respecto no podría ser más clara: "A fin de garantizar que el presupuesto de la UE no se despilfarre ni se utilice de manera ineficiente, cuando existan pruebas de que una prioridad ha fracasado notablemente (...) sin que el Estado miembro haya adoptado las medidas correctivas adecuadas, la Comisión podrán suspender el programa". Para evitar ese escenario, el Ministerio de Hacienda ha decidido retirar al de Transición Ecológica la gestión de los fondos asociados a esos programas -y también a otros igualmente ineficientes, pero con menores cuantías- para reorientarlos a otros programas más eficientes entre los que destaca el impulso a la I+D+i que recibirá 145 millones de euros extra como consecuencia de esta reasignación.
Una oportunidad de recuperar hasta 170.000 empleos
La maniobra de Hacienda impedirá que la factura de este fiasco se mida en millones de euros de ayudas europeas perdidas, pero no podrá borrar la percepción de oportunidad desaprovechada. Cuando se planteó este Programa Operativo, el Gobierno de Mariano Rajoy señaló el eje prioritario 'Economía baja en Carbono', en el que se enmarcaban los tres programas que Hacienda se ha visto ahora obligada a reasignar, como "crucial para España" y estimó que la línea de actuación orientada a mejorar la eficiencia energética en viviendas, infraestructuras y servicios públicos tenía potencial suficiente como para "crear entre 130.000 y 170.000 empleos a través del impulso de esta actividad".
En aquel entonces se anunció que ese eje se llevaría el 21% de los fondos Feder asignados al Programa Operativo, lo que sumaba un total de 2.101 millones de euros, de los que el 75% se aplicarían a programas de eficiencia energética gestionados por un lado por el IDAE y, por otro, por ADIF, en lo que hace referencia a las infraestructuras ferroviarias. El examen de Hacienda atribuye al IDAE la responsabilidad en el incorrecto funcionamiento de la gestión de estos fondos.
No obstante, no es ése el único eje en el que Hacienda ha decidido reasignar fondos. El departamento que dirige María Jesús Montero ha resuelto también quitar 8,6 millones del programa de ayudas a la competitividad de las pyme en regiones en transición -Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y Melilla; y más de 30 millones de euros para acciones en materia de calidad de agua.
Esos recursos irán ahora a alimentar fundamentalmente planes de impulso de la I+D+i, pero también el desarrollo de tecnologías de la información, de competitividad de pymes en las regiones menos desarrolladas y subvenciones al transporte sostenible. .
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