Los equipos de lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria han examinado históricamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas desde la sospecha de que las normas contables les ofrecían vericuetos más que de sobra para sortearlas.
No es extraño desde esta óptica que fuera precisamente un inspector de Hacienda, el diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, el que impulsara un cambio legal para que la Agencia Tributaria pudiera comprobar, al menos, la justificación contable que sostiene la conversión por parte de los bancos de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración, subrayando en el texto que se incluyó en la Ley de Presupuestos del Estado de 2018 "en particular las pérdidas contables".
El asunto es un exotismo legal y establece la única excepción en la que la Inspección de Hacienda puede revisar de oficio las cuentas anuales de una empresa. En el resto de los casos si un inspector detecta o intuye una irregularidad debe ponerla en conocimiento del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) - dependiente del Ministerio de Economía - para que sea éste el que abra una investigación y determine la existencia o no de irregularidades en la presentación de las cuentas por parte de la empresa.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, parece ser consciente de la problemática porque ha sido su Ministerio el que ha decidido que en el futuro Hacienda audite las reformas que se impulsen en el modo en que las empresas presentan sus cuentas anuales y se eviten así impactos indeseados sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La disposición, escondida en el Decreto que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía, establece que el ICAC "solicitará informe al Ministerio de Hacienda en relación con las propuestas de Plan General de Contabilidad, las adaptaciones de dicho plan, así como las propuestas de modificaciones legislativas o reglamentarias en relación con el perfeccionamiento y actualización permanente de la planificación contable".
Según un ex alto cargo del ICAC, el principal cambio es que antes el Instituto solicitaba esos informes de manera puntual en función del procedimiento administrativo que debería seguir y ahora "deberá dirigirse específicamente al Ministerio de Hacienda, lo que hace que el informe sea preceptivo".
El principal cambio es para el Ministerio de Hacienda que podrá examinar antes de su aplicación cualquier cambio en la normativa contable que se impulse desde el Ministerio de Economía o desde el ICAC y podrá garantizar que éstos no abran 'puntos muertos' que puedan tener una trascendencia perjudicial sobre la recaudación de impuestos.
"El asunto no va a incidir sobre el día a día del ICAC", aseguran estas mismas fuentes, ya que no modifica la relación de atribuciones. El ICAC continuará manteniendo las atribuciones respecto a la definición de la norma marco que regula la presentación de las cuentas anuales por parte de las empresas y sobre la supervisión de la adecuada o no auditoría de las mismas por parte de las empresas que ejercen esa función.
El ICAC, en el punto de mira
La decisión de Calviño de implicar de forma sistemática al Ministerio de Hacienda en la definición de las normas contables se produce en plena ofensiva por parte de las grandes consultoras para reducir el poder del ICAC y 'forzar' su independencia del Gobierno y una eventual vinculación a la CNMC, como ya ocurre en otros países.
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