El Ministerio de Hacienda ha dado luz verde, este viernes, a tres comunidades autónomas a lanzar emisiones de deuda valoradas, en conjunto, en más de 4.677 millones de euros. En concreto, el Consejo de Ministros ha autorizados las emisiones previstas por Andalucía, Asturias y la Comunidad Valenciana.
La mayor emisión, según recoge la referencia del Consejo de Ministros, la realizará la Comunidad Autónoma de Andalucía, que suma más de 3.000 millones de euros. Por un lado, podrá formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un importe máximo de 1.725 millones de euros. Por otro, da el visto bueno a la realización de préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 1.321,1 millones.
En cuanto a las otras dos operaciones, el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez autoriza al Principado de Asturias a formalizar operaciones de "endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 1.046,7 millones". Y, a la Comunitat Valenciana a realizar el mismo movimiento pero, en ese caso, por 585 millones.
Necesidades de tesorería
En el caso de las emisiones andaluzas, la principal suma, un máximo de 1.725 millones de euros, tiene como fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería, tanto de la Administración andaluza como de sus organismos y entes públicos. Los restantes 1.321 millones, a amortizar vencimientos del ejercicio 2019, que no se financiarán con cargo al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
Se trata del procedimiento que se acordó por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), en su reunión de 5 de julio de 2018 para combinar la financiación con cargo al Fondo de Financiación a comunidades autónomas con la captación de recursos a través de los mercados y de préstamos bancarios.
Préstamos desde 2012
En el caso de Valencia, su emisión de 585 millones tiene se destinará a reestructurar préstamos formalizados entre 2012 y 2017 con cargo a los diversos mecanismos establecidos por el Estado para la financiación de los pagos a proveedores y de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas; y otros formalizados en 2010 y 2011 con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para mejorar sus condiciones financieras, adaptándolas a la situación actual de mercado, y para reducir la carga financiera de su cartera de deuda, según detalla la referencia del Consejo de Ministros.
Mientras, a Asturias se le autoriza a formalizar operaciones de deuda por un máximo de 1.046,7 millones de euros, con la finalidad de refinanciar operaciones de endeudamiento del Fondo de Financiación a comunidades autónomas para reducir costes financieros. Las autorizaciones a las tres comunidades sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2019.
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