Martes, 15.10.2019 - 13:26 h
Líneas rojas en la concertación social

Hacienda avisa a las empresas públicas: no habrá ni un euro para prejubilaciones

El Ministerio exige validar todos los acuerdos con los sindicatos y advierte de que no admitirá ningún plan de ajuste que tenga coste para el Estado.

Fotografía empleado mayor de Correos / EFE
Hacienda exige que las prejubilaciones se sufraguen con ahorros en la masa salarial. / EFE

La excusa más utilizada es la necesidad de rejuvenecer unas plantillas cuya edad media se ha situado por lo general por encima de los 50 años y no suele haber problemas para que empresas y sindicatos acaben alcanzando un acuerdo. Pero el Ministerio de Hacienda ha decidido decir basta. El equipo de María Jesús Montero no está dispuesto a que el erario público se deje un solo euro más en financiar los planes de rejuvenecimiento de plantilla de las empresas propiedad del Estado y así se lo ha hecho saber a la SEPI y a los responsables de las empresas públicas, según han revelado a La Información fuentes sindicales y del ámbito de las empresas públicas. Hacienda ha dejado claro que no pondrá ninguna objeción a que empresas y sindicatos pacten salidas de trabajadores antes de los 65 años, pero también que no aceptará ningún plan que suponga un coste a medio plazo.

El criterio aplica desde hace meses y de hecho ya ha obligado a modular algún acuerdo. El Ministerio de Hacienda se ha puesto duro con este aspecto. En primer lugar, exige validar cualquier acuerdo laboral que se alcance en el ámbito de las empresas públicas "para no llevarse sorpresas", aseguran fuentes del área económica del Gobierno. Pero además ha impuesto como obligatorio el requisito de presentar un Plan Estratégico, con la previsible evolución futura del negocio, a todas las empresas que quieran abordar planes de ajuste de plantilla, al objeto de chequear la consistencia de los planes aprobados con la situación financiera de la empresa. En otras palabras, para acreditar que el coste de esos planes de ajuste se compensa con los ahorros esperados bien por la reducción de las plantillas o por la moderación de la masa salarial.

"Hacienda ha dejado claro a las empresas que no quiere gastar un euro en prejubilaciones y que si alguna quiere negociar un plan de jubilaciones anticipadas para rejuvenecer su plantilla deberá sufragarlo con otras medidas de ahorro dentro del acuerdo", asegura un negociador del sindicato CSIF. El rigor del Ministerio se ha convertido en un problema para la negociación colectiva en las empresas públicas, dónde después de años de apreturas había una expectativa clara por parte de los sindicatos de ofrecer una salida confortable a sus empleados de más edad.

En Navantia, por ejemplo, las exigencias de Hacienda obligaron a los sindicatos a aceptar un menor número de nuevas incorporaciones para el periodo 2019-2022. La negociación se resolvió finalmente acordando la salida anticipada de 2.200 trabajadores y la incorporación de sólo 1.658, por debajo de las exigencias iniciales de los sindicatos y con una reducción neta de plantilla de 550 trabajadores. En Correos, finalmente, el acuerdo laboral de diciembre se cerró sin precisar ni el número de prejubilaciones ni las condiciones de acceso y únicamente se incluyó la referencia genérica a un plan de prejubilaciones con contrato de relevo para el personal laboral y de excedencias voluntarias para los funcionarios. Los sindicatos entienden que el personal de reparto, por sus singulares condiciones de trabajo, debería poder tener acceso a la jubilación anticipada a los 61 años, pero éste es un extremo que todavía no se ha cerrado y cuya resolución ha quedado también paralizada por el ciclo político. Correos pretende ahora abrir con los sindicatos la negociación de un Plan Estratégico, del que aún no dispone, para tratar de conseguir el 'ok' de Hacienda al asunto.

El cauce que las empresas públicas han encontrado para encarrilar las salidas anticipadas de sus empleados de mayor edad ha sido el contrato de relevo. Renfe, Adif o Paradores han conseguido el visto bueno del Ministerio de Trabajo para utilizar esta figura bonificada por la ley para garantizar una salida antes de tiempo a sus trabajadores mayores de 61 años sin comprometer su cuenta de gastos de personal.

La Dirección de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda ha consentido estas maniobras, que, en efecto, no se traducen en un mayor coste directo en el balance de las empresas, ya que no tienen que indemnizar ni adelantar el salario de sus empleados, pero sí impacta sobre las arcas públicas vía Seguridad Social: según las estimaciones de sindicatos y consultoras especializadas el uso del contrato de relevo pasa una factura anual de entre 2.500 y 3.000 millones a las arcas de la Seguridad Social en forma de menores ingresos por cotizaciones.

Un punto clave de la negociación en las empresas públicas

Tras cerrar en una primera fase los convenios colectivos de Renfe, Adif o Paradores, el Gobierno en funciones abrió hace unas semanas una nueva ronda de negociaciones para tratar de blindar la paz social en las empresas públicas ante un futurible nuevo mandato. La negociación se ha abierto en empresas de menor tamaño como la ingeniera Isdefe y los sindicatos han puesto sobre la mesa la necesidad de implantar planes de prejubilación para rejuvenecer sus plantillas después de diez años sin prácticamente nuevas incorporaciones.

"No es ningún capricho. Es una necesidad. O se rejuvenecen las plantillas o en pocos años nos vamos a encontrar con un problema importante en las empresas públicas", aseguran desde el sindicato CSIF, cuya intención es plantear planes de esta naturaleza en todas las negociaciones.

Al otro lado de la mesa de negociación se sopesan otros argumentos, igualmente razonables. Las cuentas anuales de la SEPI recuerdan año tras año la millonaria factura de atender los planes de prejubilación acordados en su día en empresas como Hunosa o Izar (antigua Navantia), cuya operativa no alcanza para enjugar esos costes. Y los informes de la Intervención General del Estado también recuerdan que los números rojos de las empresas públicas le cuestan cada año en torno a 2.000 millones de euros a las arcas del Estado. En ese contexto, Hacienda ha entendido que no se pueden añadir sobrecostes laborales a las ya castigadas cuentas de las empresas públicas.

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