La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concretó este jueves en el Senado los parámetros básicos sobre los que se aplicará el nuevo impuesto a las tecnológicas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere empezar a aplicar en 2019. El Ejecutivo se ha decantado por fijar un tipo del 3% -dentro de la horquilla de entre el 1% y el 5% planteada por Bruselas- y por limitar la aplicación del impuesto solo a las grandes compañías tecnológicas, entendidas como aquellas con una facturación global superior a los 750 millones de euros -en línea con lo propuesto por la UE- y un volumen de ingresos en España superior a los tres millones.
Ésta última cifra marca la única discrepancia del proyecto de impuesto a las tecnológicas español con las líneas maestras de la propuesta europea presentada el pasado mes de marzo. Bruselas fijó el suelo de facturación necesario para estimar la existencia de una 'presencia digital relevante' de una compañía en un país en 7 millones de euros, un umbral que el Ejecutivo ha decidido rebajar hasta los 3 millones de euros. ¿Por qué?
Airbnb, Uber... pero también Linkedin o Twitter
El objetivo es lograr que algunas de las grandes plataformas de internet también pasen por caja. Su baja facturación en España haría que éstas pudieran salir indemnes en caso de mantener la barrera recomendada por Europa. Uber facturó 2,8 millones en 2017, por lo que, con toda probabilidad, superará los 3 millones en 2018. Algo muy similar sucede con Airbnb: registró ingresos de 2,9 millones en 2016, según las últimas cuentas presentadas en el Registro. Ambos superaron los 2.000 millones de dólares en todo el mundo, por lo que cumplen el otro requisito.
No son los únicos que también deberían pagar esta tasa tras el endurecimiento de Hacienda. Twitter, con unas ventas de 4,4 millones en 2017 -tras su primer recorte en ventas desde que opera en España-, también se vería afectado. Sucede algo similar a la red social Linkedin, que facturó apenas 6 millones de euros el pasado ejercicio.
Pero habría algunas que se quedarían, al menos por ahora, fuera. ¿Ejemplos? La plataforma de coche compartido Blablacar, cuyo nivel de ventas se sitúa algo por encima del millón de euros, o el servicio de pagos en internet Paypal, que suma 1,4 millones. Todas estas compañías, sin excepción, facturan sus servicios a sus clientes españoles desde sus matrices, quedando las filiales españolas relegadas a un papel de meros comisionistas, que cobran por los trabajos de marketing y promoción.
El enésimo intento de Hacienda contra las tecnológicas
Este es el nuevo enésimo que completa la Agencia Tributaria para atar en corto a las tecnológicas y sus estructuras fiscales con las que reducen su factura tributaria al mínimo. En la mayoría de los casos, utilizan países con fiscalidad favorable como Irlanda, Holanda o Luxemburgo.
La primera vez que las empresas de internet quedaron reflejadas en el Plan de Control Tributario de Hacienda fue en 2014. Ahí se señalaba la necesidad de hacer frente a "nuevas formas de fraude" dado que la deslocalización que permite la red posibilita la existencia de actividades "totalmente sumergidas junto con otras que, bajo apariencia extranjera, son en realidad empresas españolas que usan internet para intentar eludir sus obligaciones fiscales".
Pese a todo, los avances no han sido muy significativos. Es cierto que las inspecciones a las grandes tecnológicas, con llamativas excepciones como la de Facebook, se han ido repitiendo. Pero lo recaudado tras estas investigaciones es reducido. Menos de 200 millones, entre lo exigido a gigantes como Microsoft, Oracle, Google, Amazon, Apple o Intel.
Queda aún mucho camino por recorrer. La ministra de Hacienda avanzó este jueves que el impuesto a la tecnológicas se tramitará como una proposición de ley al tratarse de una figura tributaria de nueva creación, por lo que Hacienda deberá conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas para sacarlo adelante.
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