La AEAT pone bajo lupa los cambios de residencia 

La pista de Page a Hacienda... miles de españoles se han mudado por la Covid

La pandemia ha provocado un éxodo hacia lugares más pequeños y seguros y en muchos casos ha propiciado un cambio de residencia a efectos fiscales. Si se logra verificar el traslado, puede resultar caro.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 3 de febrero de 2021. Este pleno se produce tras la primera sesión control al Gobierno de 2021 marcada, entre otras cuestiones, por la tercera ola de la pandemia de coronavirus, la llegada al Ejecutivo del nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, que se estrena en la Cámara Baja, y la campaña de las elecciones catalanas que se celebrarán el próximo domingo 14 de febrero. 03 FEBRERO 2021;SESION DE CONTROL;PLENO E. Parra. POOL / Europa Press 3/2/2021
Hacienda buscará indicios de cambios de residencia, incluso si han sido por la pandemia.
Europa Press

"En Castilla-La Mancha se tiene el efecto de la sexta provincia, ya que se han mudado 100.000 personas desde Madrid a la región en una especie de fuga sanitaria... se fugan y trasladan su residencia habitual a nuestra región", aseguraba Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, hace apenas unos días. Sus contundentes declaraciones sirvieron para tensar aún más la cuerda en su enfrentamiento con Madrid, pero sobre todo para hacer visible una realidad: la de miles de españoles que han cambiado su residencia fiscal durante la pandemia.

El efecto de estos traslados se justificó en la búsqueda de tranquilidad y seguridad en un momento excepcional y lleno de incertidumbres. Muchos ciudadanos, que habían elegido un retiro en la costa o a pequeñas localidades, volvieron a su domicilio fiscal cuando acabó el Estado de Alarma, en el mes de junio. Otros optaron por desplazamientos puntuales entre su primera y segunda casa, pero un importante porcentaje decidió mantener su domicilio en su segunda residencia, algo que facilitó el teletrabajo.

Sin embargo, detrás de estas decisiones de trasladarse a otras comunidades y vivir fuera del lugar habitual más de 183 días hay consecuencias fiscales, que en algunos casos no estaban previstas y que en otros fueron totalmente conscientes y se confía en no ser descubiertos por el Fisco, que en ningún caso está dispuesto a alterar la normativa tributaria a efectos fiscales pese a una circunstancia excepcional, como ha dejado claro en varias respuestas.

En una reciente resolución de la Dirección General de Tributos (DGT) a raíz de una consulta realizada en junio, la Agencia Tributaria se mostraba taxativa y alegaba que un matrimonio libanés debería pagar el IRPF español -45% tipo máximo- y no el libanés -25%- por haber superado los 183 días de estancia en España debido a las limitaciones de movimiento causadas por la Covid. 

El punto de partida de Hacienda es justo el contrario que lleva planteando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y países como Reino Unido, Estados Unidos o Irlanda, que son partidarios de que no se tenga en cuenta los periodos de residencia pasados en otro país por causas excepcionales como es la pandemia del coronavirus.

Diferencias autonómicas

Pagar impuestos en una comunidad u otra puede suponer una importante diferencia. Las tablas de la renta en el tramo estatal son comunes a todas, salvo a Navarra y País Vasco. Hay cinco tramos diferentes, el mínimo es 9,5% y el máximo 22,5%. Mientras, cada comunidad autónoma tiene sus propios tipos de gravamen con un 10% de margen para subir o bajar el impuesto a sus habitantes. Así, en la Comunidad de Madrid, en la que el Impuesto de Patrimonio está exento, tiene un 9% para las más bajas y un 21% para las más altas. Para ser gravado con el porcentaje máximo, la cuantía ha de ser superior a los 53.407,20 euros, por debajo de los 60.000 estatales. El total agregado en Madrid para las rentas mencionadas queda en el 18,5% y el 43,5%.

Extremadura cuenta con el tipo mínimo más bajo -18%-, mientras que el de Cataluña está en un 21,5%. Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias y Valencia son las que más gravan a las rentas bajas mientras que Extremadura hace pagar más impuestos a las rentas medias-altas, con nueve tramos del IRPF

Cuántos se han fugado y cómo demostralo

Desde la firma Lener, que agrupa a abogados y economistas dedicados a múltiples materias, apuntan que ante el pronunciamiento de Hacienda, "que resuelve una cuestión transnacional, es previsible que el mismo criterio se siga en el ámbito de la residencia doméstica, es decir, para determinar la residencia de un contribuyente en una u otra comunidad autónoma. La 'nueva normalidad' y el trabajo a distancia han provocado que muchos contribuyentes se hayan desplazado fuera de su vivienda habitual y, no pocas veces, de su Comunidad Autónoma, cuanto menos mientras duren las medidas excepcionales que ha traído la pandemia", aseguran.

Apuntan que es importante tener en cuenta que el traslado a otra comunidad autónoma puede suponer un impacto importante en la carga impositiva, tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre el Patrimonio, "puesto que la tributación en relación con ambos tributos, y más especialmente en relación con el segundo de ellos, difiere notablemente entre unas comunidades y otras, tanto por el tipo aplicable como por el establecimiento de deducciones propias y bonificaciones".

Jesús Pérez Esquide, socio del Departamento Fiscal en Lener, subraya a La Información que en este momento no resulta fácil saber la cantidad de contribuyentes que han cambiado su residencia fiscal voluntaria o involuntariamente, "pero una parte importante saldrá a la luz en la declaración de 2020". Apunta que los departamentos tributarios tienen múltiples herramientas para conocer esos movimientos, desde facturas, uso de tarjeta, inscripciones a cursos o gimnasios o recibos de luz y agua.

Por su parte, José María Salcedo, abogado de Ático Jurídico Salcedo Abogados, asegura que estos cambios de residencia se han producido sobre todo a nivel internacional, "pero entre comunidades autónomas realmente es más difícil porque el confinamiento no fue tan duradero como para motivar un traslado de residencia, y las comunicaciones por coche, tren, avión se reanudaron en un plazo razonable".

Salcedo destaca que "la Ley presume la permanencia, del contribuyente en una Comunidad Autónoma, cuando allí se encuentre su vivienda habitual. Si no es posible determinar la residencia con el criterio de permanencia anterior, se considerará que el contribuyente reside en la Comunidad donde obtenga la mayor parte de la base imponible del IRPF.  Por último, y si no fuera posible determinar la residencia con los criterios anteriores, se atenderá a la última residencia declarada en la última autoliquidación del IRPF presentada".

El responsable de Ático Jurídico, un despacho radicado en Valencia, destaca los efectos del cambio de residencia, que "podría hacer perder la deducción por inversión en vivienda, e incluso, si un día la anterior vivienda se vende, la exención de la ganancia patrimonial por reinversión, (o por ser mayor de 65 años). Y es que el cambio de residencia supone que la anterior vivienda, deja de ser la habitual".

Pese a todo y a la espera de la declaración de la Renta de 2020 y de nuevos avisos de Hacienda hay datos y estadísticas que permiten ver esos movimientos. A los 100.000 desplazados que señalaba García-Page, que también sugirió 35.000 nuevos censados en Extremadura, hay que unir los desplazamientos a la segunda residencia de la costa por parte de teletrabajadores, jubilados e incluso trabajadores en ERTE.

La población en España, según el INE; aumento un 0,9% en 2020, pasando de 47.026.208 en 2019 a los 47.450.795 con los que acabo el año. Sin embargo, hay provincias que crecen muy por encima de la media. Es el caso de Alicante, Las Palmas, Girona, Málaga, Murcia, Baleares o Tenerife, todas con costa y lugares idóneos para tener una segunda residencia, y Toledo y Guadalajara, estas dos limítrofes con Madrid, que también aumenta sus habitantes por encima de la media.

Las farmacias de Castilla-La Mancha dispensaron 2.036.555 recetas electrónicas a vecinos empadronados en la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2020, lo que representa un incremento del 230% con respecto a 2019. Un indicio de que muchos de esos madrileños estaban residiendo en localidades de Castilla-La Mancha, pero mantenían el padrón en Madrid.  Además, según los datos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 67.677 cartillas sanitarias de desplazados desde la Comunidad de Madrid fueron atendidas en la región.

A partir de este momento, la labor investigadora de Hacienda será fundamental para localizar a los que cambiaron de residencia fiscal sin notificarlo. Son muchos los mecanismos y herramientas de las que dispone para evitar este fraude, desde las facturas, los pagos bancarios, llamadas telefónicas e incluso y los post, fotos o tuits subidos a redes sociales, tantos personales como los que hagan referencia a situaciones de los 'investigados'.

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