La cartera que dirige María Jesús Montero ha anunciado este jueves que las comunidades autónomas podrán imputar un total de 3.200 millones de los fondos Feder, aún no asignados ni ejecutados, a gasto sanitario para combatir la pandemia del coronavirus.Esta medida ha sido posible tras las negociaciones entre el Gobierno de España y la Comisión Europea con el objetivo de dotar de mayores recursos a las comunidades para reforzar su sistema sanitario, señala Hacienda en un comunicado.
Con el visto bueno de Bruselas, el ministerio solicitará a las autonomías que le remitan una propuesta de reprogramación del Programa Operativo Feder, tal y como la propia ministra trasladó a los consejeros en la reunión que mantuvieron el pasado jueves.
La ayuda aún no asignada a operaciones seleccionadas en los Programas Operativos Regionales podrá reprogramarse para cofinanciar gastos sanitarios ligados a la lucha contra la COVID-19.
Se trata, por ejemplo, de gastos en equipamiento sanitario, material de pruebas, equipos de protección personal, instalaciones de refuerzo, personal adicional contratado, actuaciones de I+D+i o aplicaciones telemáticas para monitorización, seguimiento y análisis de datos.
La ministra de Hacienda explicó a los consejeros que estos fondos no asignados susceptibles de destinarse a gasto sanitario serán financiados al cien por cien por las autoridades comunitarias. Además de los 3.200 millones, las comunidades autónomas también tienen la posibilidad de modificar el destino de las operaciones que, estando asignadas, no se ha hayan ejecutado.
Esta medida se une a una batería de iniciativas adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas para garantizar a las comunidades la liquidez necesaria para abordar la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado domingo una de ellas, la creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones para las comunidades, de los que 10.000 millones son para gasto sanitario; 5.000 millones para compensar la caída de los ingresos autonómicos por la menor actividad; y 1.000 millones para gasto social.
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