Los asesores fiscales no dejan de quejarse del asunto. La Dirección General de Tributos acumula retrasos de hasta dos años para dar contestación a las consultas planteadas por las empresas o sus asesores legales sobre el modo adecuado de enfocar desde el punto de vista fiscal operaciones especialmente complejas o cuya tributación en el Impuesto de Sociedades no termina de estar clara en la ley. La situación ha llegado a tal punto que, según fuentes del ámbito fiscal, Tributos ha llegado en reconocer en reuniones privadas que el volumen de consultas sin contestar embalsadas en la Dirección General ronda ya las 3.000.
La rotación en la Subdirección General que se encarga de lo referente al Impuesto de Sociedades tras la salida de Begoña García Rozada, que ha impedido dar cauce de forma normalizada al flujo de consultas sobre el impuesto, y el incremento de éstas como consecuencia del endurecimiento de las actuaciones de la Inspección y el repunte de la litigiosidad, (antes se contaban a razón de menos de 2.000 anuales y ahora superan ampliamente las 3.000) se ha unido ahora al incremento de las obligaciones formales a las que tiene que atender el ya de por sí escaso personal de la Dirección General de Tributos por las últimas directivas europeas para configurar un escenario que desde el Ministerio de Hacienda se entiende ya como insostenible, según confirman las fuentes consultadas.
De hecho, Hacienda ya ha comenzado a advertir en reuniones con el sector su intención de dar una vuelta al actual sistema de contestación de consultas tributarias para derivar el grueso de las mismas a la Agencia Tributaria y descargar de atribuciones a los saturados servicios de la Dirección General de Tributos (DGT). Fuentes presentes en estas reuniones avanzan que aunque Hacienda insiste en que no hay una decisión tomada al respecto su plan es que la Agencia Tributaria realice un filtrado previo de las consultas a efectos de determinar si éstas pueden ser resueltas a partir de un criterio ya asentado por la DGT y sólo derive a los servicios de Tributos aquellas consultas sobre las que no exista ya un criterio claro.
"Es un sistema que podría agilizar bastante", concede una fuente de una de las principales organizaciones de asesores fiscales. Argumenta que a la Dirección General de Tributos llegan muchas consultas que pueden resultar repetitivas y que en el esquema actual se tienen que responder una a una. La realización de un filtrado previo por parte de la Agencia Tributaria evitaría esa acumulación de consultas similares y facilitaría que sólo llegaran a Tributos aquellas sobre las que realmente es necesario asentar un criterio.
"Lo que nos han transmitido es que quieren romper con el sistema de responder una a una las consultas tributarias que les presenten los contribuyentes", asegura otra fuente conocedor de esos encuentros. "La idea es agrupar las consultas y que la Agencia Tributaria se encargue de resolver las de carácter técnico, que tengan que ver sobre cómo se debe aplicar el impuesto en un caso determinado". Cuando se trate de un asunto controvertido, que no quede claro en la norma y que exija de una interpretación será entonces Tributos la que establezca un criterio, pero sólo en los casos que sean especialmente significativos bien por la relevancia de la operación o por el volumen de contribuyentes afectados, para evitar así nuevos colapsos en los canales de respuesta a consultas.
Tributos ha ido incluso más allá y ha pedido a las principales organizaciones de asesores fiscales que pidan a sus socios que limiten al mínimo necesario el envío de nuevas consultas a la Dirección General en tanto se monta esta nueva estructura, a fin de evitar que ese embalsamiento de más de 3.000 consultas vaya a más.
El nuevo modelo ya se apunta de alguna forma en el Código de Buenas Prácticas para asesores fiscales lanzado por la Agencia Tributaria hace unas semanas. En el documento, se abre la puerta a la creación de un canal de consulta rápida con la Agencia Tributaria para dar respuesta a las dudas que tengan los asesores fiscales respecto a la aplicación del sistema tributario en una determinada operación de un cliente, siempre que el profesional esté adherido al código.
Las empresas, obligadas a tributar 'a ciegas'
El bloqueo del sistema de consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, que admite el propio Ministerio de Hacienda, está teniendo consecuencias sobre el normal funcionamiento del sistema fiscal. "La principal consecuencia es que los contribuyentes, ante tanta demora, se plantean dejar de hacer consultas a la DGT porque no pueden esperar tanto tiempo para ejecutar y planificar la fiscalidad de sus clientes. No les sale a cuenta", aseguran desde el Registro de Asesores Fiscales.
Embarcada en una cruzada para impulsar la cooperación con los contribuyentes en el cumplimiento tributario, la recepción de las competencias de resolución de dudas por parte de la Agencia Tributaria sería un paso más en ese camino y además estimularía la adhesión de los profesionales de la asesoría a un Código de Buenas Prácticas que ha despertado muchos recelos de partida en la profesión por su intención de 'comprometer' a los profesionales en la delación de casos de fraudes fiscales de sus potenciales clientes.
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