Cerco a las bases fiscales en el extranjero

Hacienda logra datos de los bienes en el exterior de 2 millones de contribuyentes

Ultima un rastreo masivo de los registros conseguidos de los mecanismos multilaterales de intercambio de información fiscal para identificar comportamientos de riesgo en materia de fraude fiscal.

Maria Jesus montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
EFE

La Agencia Tributaria ha conseguido información con relevancia fiscal de alrededor de dos millones de contribuyentes con intereses en el extranjero gracias a las herramientas multilaterales de intercambio de información puestas en marcha en los últimos años, según han confirmado a La Información fuentes oficiales de la Administración Tributaria. Los datos se han incorporado ya a los registros de la Agencia, que no ha tardado en embarcarse en un ambicioso plan de comprobaciones masivas cuyo objetivo es contrastar la información obtenida por ese cauce con la ya disponible al objeto de, en primer lugar, detectar posibles discrepancias y, en segundo lugar, identificar prácticas de riesgo entre este tipo de contribuyentes para afinar sus herramientas de identificación de 'sospechosos' de fraude fiscal.

El plan forma parte de los compromisos del Gobierno de España con Bruselas en este caso para optimizar el aprovechamiento de las herramientas de intercambio de información desarrolladas a nivel internacional, que la Comisión Europea también tiene mucho interés en promover para reducir la insoportable carga de más de 825.000 millones de euros que los países de la UE pierden cada año como consecuencia de la evasión fiscal. España se ha comprometido a contrastar al menos el 85% de los registros de información recibidos - la operativa de estos mecanismos de intercambio se realiza con registros de información, no por contribuyentes, aunque existe una correlación elevada entre registros y contribuyentes, según fuentes de la Agencia Tributaria - por estos canales antes del 31 de diciembre, como muestra de su compromiso con la lucha contra el fraude fiscal internacional.

Ése es el compromiso concreto que se ha rubricado con Bruselas, pero la Agencia Tributaria lleva desde el mes de mayo de 2018 realizando comprobaciones - aunque de forma menos masiva - a partir de la información obtenida de los diferentes mecanismos multilaterales de intercambio de información e incluso ya ha empezado a obtener resultados tangibles de esta forma de actuar. Según el último balance oficial proporcionado por la Agencia Tributaria, la explotación de esta información ha permitido liquidar entre cuotas fiscales no declaradas y las correspondientes sanciones 630 millones de euros a 1.898 contribuyentes. Sólo en 2020 esa cifra fue de 195 millones de euros, liquidados a 698 contribuyentes con intereses en el extranjero.

La Agencia Tributaria va a dar ahora un paso más allá, en el sentido de que va a sistematizar la explotación de esta información. Lo acordado con Bruselas por el Gobierno de España es que la Administración Tributaria nacional va a configurar un registro de contribuyentes con intereses en el extranjero, en el que se aglutinará la información de los 1.954.860 registros proporcionados por los dispositivos de intercambio de información, y que va a comprobar la información de al menos el 85% de esos registros "en orden a su utilización en los sistemas de análisis de riesgo" de la Agencia.

Desde hace unos años, y al compás de la obtención de cada vez mayores volúmenes de información y de la mayor utilización de herramientas tecnológicas por parte del organismo encargado de la lucha contra el fraude, la configuración de perfiles de contribuyentes o de ámbitos de especial riesgo fiscal se ha convertido en una de las principales estrategias de actuación de la Agencia para incrementar la eficiencia en la utilización de sus recursos. Si detectar el fraude fiscal es como buscar una aguja en un pajar, la Agencia ha conseguido de este modo acotar los pajares en los que buscar. 

La mina de los mecanismos de intercambio de información

Si había un ámbito especialmente complejo para el combate del fraude fiscal ése es el fraude fiscal internacional. Hasta hace menos de una década la detección de fraudes en el extranjero dependía de golpes de suerte o de filtraciones interesadas de información de relevancia fiscal, ya que los mecanismos de intercambio de información entre países o no existían o funcionaban mal. La controvertida Declaración de Bienes en el Extranjero ideada por Cristóbal Montoro, como reverso de la no menos controvertida (y luego declarada inconstitucional) amnistía fiscal, que 'invitaba' a los contribuyentes con bienes no declarados en el extranjero a informar de ellos a la Agencia so pena de sanciones elevadísimas sobre los activos que no se declararan y con la amenaza de que las irregularidades cometidas jamás prescribirían, proporcionó a la Administración Tributaria la primera entrada masiva de datos sobre bases fiscales en el extranjero.

En los últimos años ese canal de información se ha multiplicado. El impulso inicial proporcionado por el sistema Fatca, impulsado por la Administración Obama para obligar a las entidades financieras de todo el mundo a informar sobre los clientes con cuentas en sus entidades para aflorar posibles fraudes fiscales, se ha agudizado después con los CRS - norma común de intercambio de información de la OCDE -  y las directivas DAC de la Comisión Europea, que han ido más allá de la información financiera y comprometen a los países de la Unión a intercambiar de forma automática con el resto de socios información de relevancia fiscal sobre rendimientos de trabajo, seguros de vida y compromisos de pensiones, propiedad de activos inmobiliarios, cobro de dividendos y todo tipo de intereses mantenidos por contribuyentes de un país en otro país de la Unión.

Es de esos mecanismos de dónde ha salido la información fiscal sobre cerca de dos millones de contribuyentes que ha acumulado la Agencia Tributaria en los últimos años y lo que ha permitido a ésta enriquecer la fotografía disponible sobre los bienes en el exterior de los contribuyentes residentes en España. Bruselas pide ahora a España que le proporcione información sobre el listado de fuentes de información internacionales que maneja, sobre el tipo de información de relevancia fiscal que recibe, sobre el registro de datos de contribuyentes recibido y, en última instancia, sobre los resultados de la explotación de esta información, tanto en términos de ingresos como de mejora de las herramientas de análisis de riesgos.

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