A espaldas del pacto con Podemos

Hacienda cuela una 'megasubida' fiscal a la vivienda en su plan contra el fraude

Pretende cambiar las leyes de tres impuestos para hacer tributar los inmuebles por el valor real que les otorgue el Catastro y no por el de mercado.

Fotografía de vivienda
El Gobierno quiere hacer tributar los inmuebles por su valor real. / EFE

Meses glosando el mayor o menor impacto de las subidas de impuestos negociadas por Podemos con el Gobierno en el marco del tira y afloja para pactar un acuerdo presupuestario y resulta que una de las medidas de más calado se estaba trabajando al margen de los focos. El Gobierno quiere aprovechar el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal para cambiar el marco legal de tres impuestos -el de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados- y hacer tributar los inmuebles por su valor real, y no por el supuesto 'valor de mercado' que declaren los contribuyentes como sucede a día de hoy.

El Ministerio de Hacienda no oculta en la Memoria de Análisis Normativo del proyecto que se trata de una medida "de gran trascendencia" y que "puede redundar en una modificación de los valores de buena parte de los bienes inmuebles" incluidos en las declaraciones tributarias. Pero, ¿al alza o a la baja? Hacienda asegura no estar en condiciones de estimar de forma rigurosa el impacto de esta medida sobre la recaudación, pero sí aclara que derivaría en un "previsible incremento recaudatorio, que se traduciría en una ganancia de ingresos de las comunidades autónomas".

Los asesores fiscales consultados sobre el particular son menos tibios a la hora de valorar el potencial impacto de esta medida, que entienden se traducirá en una relevante subida de impuestos a los contribuyentes.

La clave de bóveda del proyecto gubernamental es una medida incluida en los últimos Presupuestos diseñados por Cristóbal Montoro: el índice de referencia de valores del mercado inmobiliario de la Dirección General del Catastro. Se trata de un intento del Ministerio de Hacienda por definir a partir de la información del Catastro y de otros indicadores de mercado, como por ejemplo las referencias de precios de los portales inmobiliarios, un indicador objetivo que ofrezca a los agentes que operan en el país una referencia oficial sobre el comportamiento de los precios del mercado inmobiliario doméstico.

Según la Ley de Presupuestos de 2018 la idea es elaborar un "mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignarán módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos", lo que traducido al román paladino significa determinar para cada área delimitada en el mapa el valor de referencia de la vivienda tipo en ese área. Es decir, que si hablamos del Barrio de Salamanca y allí la vivienda tipo es de cuatro dormitorios y 150 metros cuadrados, el Catastro identificará el valor de esa vivienda y a partir de ése estimará el del resto.

La intención de Hacienda es vincular el valor declarado en las bases imponibles del Impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales al "valor de referencia de mercado que figure en la Dirección General del Catastro", de modo que sea éste el que se tome como única referencia legal para determinar la factura fiscal derivada de la tenencia, transmisión, adquisición o herencia de un activo inmobiliario, "siempre que conste publicado en su sede electrónica como tal a la fecha de devengo del impuesto".

Este último matiz es importante porque la Dirección General del Catastro aún trabaja en el desarrollo de este indicador, que supuestamente ya debería dar lugar en 2019 al primer informe oficial sobre los valores de referencia en el mercado inmobiliario español.

También es relevante la singular estructura fiscal doméstica, que hará que esta medida apenas tenga impacto - salvo en Transmisiones Patrimoniales- en la Comunidad de Madrid, donde el Impuesto de Patrimonio está bonificado al 100% y los familiares cercanos tampoco pagan por las herencias y las transmisiones. El impacto de la medida será, por tanto, desigual según la comunidad autónoma.

Más recaudación, pero también más seguridad jurídica

Para Javier Martín, socio director de F&J Martín Abogados, la iniciativa del Gobierno servirá para reducir la litigiosidad, en la medida en que la determinación del valor de mercado de los activos declarados es una de las principales fuentes de conflicto en los impuestos que el Gobierno pretende modificar, ya que en el esquema actual es el contribuyente el que asigna ese 'valor de mercado' y éste siempre está expuesto a que la Administración Tributaria lo considere o no creíble.

De hecho es por ahí por donde el Ministerio de Hacienda justifica la inclusión de esta reforma en el anteproyecto de medidas de lucha contra el fraude. Hacienda argumenta que la medida servirá para disminuir la litigiosidad relativa a la determinación del valor de los bienes transmitidos, donados, poseídos o adquiridos, redundará en menores cargas administrativas y "reducirá el fraude fiscal en este impuesto, lo que ocasionará una mejora recaudatoria a medio y largo plazo".

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