Según el borrador de Orden Ministerial

Hacienda desoye a las 'tech' y exigirá el primer pago de la 'tasa Google' en abril

Las grandes tecnológicas quieren retrasar hasta finales de 2021 la primera liquidación del impuesto para adaptarse a las obligaciones formales e informativas que Hacienda pretende imponerles.

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Hacienda insiste en empezar a cobrar el impuesto a las grandes tecnológicas en abril
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El Ministerio de Hacienda se mantiene firme en su idea de que las grandes tecnológicas empiecen a pagar el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la célebre 'Tasa Google', ya desde el primer trimestre de 2021 y ha decidido fijar la fecha del 30 de abril como límite máximo para abonar la primera liquidación trimestral del nuevo gravamen que entrará en vigor el próximo 16 de enero. Así figura en el borrador de la Orden Ministerial que regulará la autoliquidación del impuesto, que el Ministerio de Hacienda acaba de sacar a audiencia pública para que los actores concernidos por el mismo formulen alegaciones.

El departamento que dirige María Jesús Montero ha optado por no atender, al menos de momento, las peticiones de los grandes plataformas digitales, los futuros contribuyentes de la 'Tasa Google', para retrasar la aplicación efectiva del impuesto hasta finales de 2021 o al menos hasta el segundo trimestre del año para disponer de lo que consideran un periodo razonable de adaptación. Argumentan que dos o tres meses no suponen un plazo de tiempo suficiente para las profundas adaptaciones que tienen que realizar a nivel interno no sólo para pagar el impuesto sino simplemente para determinar si les corresponde o no abonarlo y que precipitar el cobro del impuesto puede generar un buen número de problemas operativos.

Es cierto que las grandes tecnológicas pretendían formalizar estas inquietudes a través de las alegaciones que sus organizaciones representativas, Ametic o Adigital, han planteado al reglamento del impuesto y que Hacienda ha publicado el borrador de la Orden Ministerial antes incluso del cierre de ese periodo de alegaciones en su carrera por tener el impuesto perfectamente definitivo para la fecha de su entrada en vigor -16 de enero-, lo que ha podido plantear algún problema de 'timing'. 

Pero también lo es que Hacienda ya conocía las reservas de las grandes tecnológicas respecto al plazo previsto por el Gobierno para pasarles la primera liquidación del impuesto y aún así ha volcado negro sobre blanco el calendario previsto desde un inicio.

La orden sometida a audiencia pública por el Ministerio de Hacienda, que plantea el nuevo modelo tributario que permitirá la liquidación del impuesto (Modelo 420) y la declaración censal que la deberá acompañar, establece el esquema de tributación trimestral ya anunciado previamente y los plazos establecidos para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales: el 30 de abril ya mencionado para el pago del primer trimestre, el 31 de julio para el segundo trimestre, el 31 de octubre para el pago del tercer trimestre y el 31 de enero para el abono del último pago trimestral.

Las tecnológicas confían en arrancar al Gobierno una  moratoria que retrase la liquidación del impuesto hasta finales de 2021 o en el peor de los casos al menos hasta la fecha prevista para el pago de la segunda liquidación trimestral: 31 de julio. Hay que recordar que Hacienda aspira a que sean las propias empresas las que determinen la cuota que les corresponde pagar a partir de la definición de los servicios que el nuevo impuesto considera gravables, sobre los que la Administración Tributaria española no dispone a día de hoy de apenas información, y del tipo del 3% fijado en la norma.

Sentadas esas dos premisas, a las empresas les corresponderá valorar la sujeción o no de las diferentes actividades que prestan al impuesto en cuestión, 'localizar' la prestación del servicio en el territorio que corresponda e imputar los ingresos obtenidos a una u otra jurisdicción sobre el principio de asignación al territorio donde esté el dispositivo en cuestión. En definitiva, como dice el reglamento, "calcular los ingresos correspondientes a cada prestación de servicio sujeta al impuesto".

El problema que encuentran los expertos es que las compañías no tienen organizada su contabilidad según la lógica del impuesto y una vez que se defina éste - algo que no ocurrirá hasta mediados de enero- tendrán que reconfigurar los sistemas informáticos y el modo en que procesan la información para determinar de manera más o menos precisa la cuota a pagar. Una adaptación compleja que, dicen, requiere de un cierto margen de maniobra para amoldar sus sistemas a esta nueva obligación fiscal y que todavía no han podido iniciar porque ni el reglamento del impuesto ni la orden ministerial están aprobadas de forma definitiva y podrían experimentar algún cambio.

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